Managua – El Gobierno de Nicaragua pidió este viernes cambiar a los interlocutores de la oposición en las negociaciones con las que se busca superar la crisis, tras reclamar que estos se han negado a pedir a la comunidad internacional la suspensión de las sanciones impuestas a familiares y allegados del presidente Daniel Ortega.
«Necesitamos interlocutores adultos, creíbles, sensatos, cuerdos y valientes. Porque la paz no es bobería, ni charlatanería, la paz exige valentía y decisión», indicó la Cancillería nicaragüense en un comunicado.
El Gobierno expresó esta posición después de que los representantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se han negado a la reiterada petición del Ejecutivo de Ortega de que ambas partes pidan conjuntamente a la comunidad internacional la suspensión de una serie de sanciones económicas impuestas a personas allegadas y familiares del presidente.
Hacer ese llamado es uno de los compromisos adquiridos por las partes y que está sujeto al cumplimiento de otros pactos alcanzados, como liberación de los «presos políticos», y respeto a la Constitución en lo referente a las libertades públicas, que la oposición reclama no han sido honrados por el Gobierno.
El Ejecutivo de Ortega señaló este viernes a los miembros de la Alianza de exhibir «insensibilidad, precariedad, miseria y mezquindad, mental y espiritual».
«Que vuelva la cordura y cese de una vez por todas, la infeliz locura de una contraparte que sólo sabe de terrorismo golpista, y que no tiene la estatura o la calidad necesarias para propiciar entendimiento», insistió el Gobierno en el comunicado.
Hasta ahora y desde que estalló la actual crisis que vive el país el 18 de abril de 2018, EE.UU. ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, a uno de los hijos de la pareja presidencial, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario.
También al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial, y al Banco Corporativo (BanCorp), una entidad financiera vinculada a los sandinistas.
El jefe negociador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann, recalcó el pasado martes que «todavía no hay ninguna sanción de carácter general que esté afectando a Nicaragua», y que las impuestas hasta ahora por la comunidad internacional son «sanciones individuales».
El jueves, en otro comunicado la Cancillería de Nicaragua tildó de «torpe, infantil y miserable» a la oposición del país.
Los miembros de la Alianza informaron a inicios de la semana que no es su estilo responder «con epítetos» al Gobierno, e invitaron al Ejecutivo a leer los acuerdos firmados en marzo.
Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica que, desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 568 y el Gobierno reconoce 199.
