Ángel Gutiérrez, presidente de la Coalición de Patronatos de Occidente, señaló que los principales dirigentes de la movilización y centenares de docentes se trasladarán hasta Santa Bárbara para participar en el sepelio del profesor Wilfredo Lara Lara y ahí mismo se hará una marcha de protesta.
Indicó que esta vez las marchas no irán acompañadas de tomas de carreteras como se hizo el día anterior, pero mantendrán las mismas exigencias ante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
Dijo que la dirigencia de la Coordinadora de Resistencia Popular aún está la espera del llamado que les haga el presidente Manuel Zelaya para iniciar las negociaciones de los diez punto que plantean y reiteró que no están dispuestos a dialogar con los ministros designados por el gobernante.
El dirigente magisterial Edwin Oliva, por su parte, dijo que cientos de maestros se desplazarán hasta Santa Bárbara para participar en el sepelio de su compañero asesinado durante las protestas del lunes.
Oliva instó al gobierno a «aplicar la ley porque hay sectores económicos que presionan al gobierno para dejar libre al asesino de Lara».
A pesar que en la capital y en otras ciudades del país, las protestas fueron suspendidas, este martes no habrá clases en el sector público, lo que dejará nuevamente sin clases a más de dos millones de alumnos de primaria y secundaria.
Lara fue muerto de un balazo en el tórax por un automovilista que disparó contra una manifestación, «enojado» porque le impedía el paso, en la colonia «6 de mayo», sector de Macuelizo, Santa Bárbara (oeste).
La Policía capturó minutos después al sospechoso de la muerte del maestro, que resultó ser Andrés Chinchilla, propietario de un hotel en la ciudad de La Entrada (Copán).
El ministro de Educación, Marlon Brevé, expresó a la prensa su pesar por la muerte del docente.
La CNRP aseguró que el lunes se movilizaron unas 60.000 personas, unas 15.000 de ellas en Tegucigalpa, pero según la Policía fueron menos de 6.000 en todo el país.
Entre otras demandas, la CNRP exige la derogación de leyes de aguas, minería, forestal, modernización agrícola y telecomunicaciones, y la emisión de nuevas legislaciones consensuadas que garanticen un beneficio para las mayorías.
También rechaza la construcción de centrales hidroeléctricas y demanda tierra para los campesinos, la depuración de la Policía, el castigo a funcionarios corruptos, el control de precios de los productos básicos y el fortalecimiento de las empresas estatales.
La Coordinadora rechazó dialogar con una comisión gubernamental que nombró el presidente Manuel Zelaya, encabezada por el canciller Milton Jiménez, y exigió que sea con el propio gobernante.
El gobierno desmintió una denuncia de la Confederación Hondureña de Trabajadores (CTH), que aseguró que las protestas fueron financiadas por el propio Gobierno para provocar condiciones que justificaran el «continuismo» de Zelaya.
