La Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de enero de 2014 bajo del número 33, 336. A falta de objetivos, tiene como primero de tres considerandos: “CONSIDERANDO: Que la administración centralizada y descentralizada requiere de mecanismos más ágiles para responder a los requerimientos de los administrados a efecto de prestar los servicios públicos de la mejor manera posible en el marco de la ley.”
Hace algunos años, en asuntos de trabajo, argumentando el concepto de una ley en la que participaba, le transmití a un abogado asesor sudamericano lo que había aprendido de oídas: ´el espíritu de la ley´. Su respuesta fue demoledora: “los abogados no somos espiritistas”. Suficiente para borrar de mi léxico la aludida expresión. Y como lector de leyes, me apego a la letra de ella, para dejar a los espíritus en paz.
Más allá de asuntos paranormales, es difícil entender como la letra y los propósitos de las leyes se desbaratan para ejecutar precisamente todo lo contrario. Y regulaciones que se esperaba repercutieran en la eficiencia y eficacia del gobierno para la facilitación de trámites de los ´administrados´ que una congresista ha denominado ´súbditos´ del reino de timbucos y calandracas que una vez imaginó German Allan Padgett, resultaron vacías.
Sí se compara el escenario gubernamental de 2013 con el 2020 se encuentran numerosas muestras de contraposición a la mencionada ley de ´optimización´. Nuevas entidades; numerosas comisiones que hacen el trabajo correspondiente a una persona; novedosos requisitos para los ´obligados´; mayores trabas y dificultades para hacer negocios de manera competitiva en un mundo globalizado.
Hoy prevalece en el sector público la optimización de empleomanía, burocracia y la complicación de la vida de los ciudadanos, en general. Prima la duplicidad de funciones; la atomización de servicios en numerosas agencias, compitiendo entre sí y despilfarrando los escasos recursos. En fin, una administración gubernamental totalmente desquiciada. Sin objetivos; ausente de prioridades; costosa. Una pesada carga para los contribuyentes, dicho de otra forma: los mandantes, mal mandados.
Basta un dato para revelar parte de lo expresado. Los sueldos y salarios del sector público no financiero pasaron de L.52.6 mil millones en 2014 a L.64.6 mil millones en 2018.
