Tegucigalpa – La ONU reiteró hoy a Honduras «la urgencia de profundizar» en la investigación sobre la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016, para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) destacó «la responsabilidad» del Estado de Honduras de investigar este caso con la «debida diligencia» a través de una investigación «expedita, independiente, pronta y exhaustiva».
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— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 3 de marzo de 2018
Esa investigación, añadió, debe agotar «la extensión de las diferentes autorías y grados de participación, permitiendo conocer la verdad de los hechos y la reparación de las víctimas y sus familiares» al cumplirse dos años del asesinato.
Señaló que el Estado también debe «garantizar el derecho de las víctimas a participar en el proceso, lo cual implica que tengan acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos judiciales a través de la figura de acusación privada».
La OACNUDH considera importante que la Fiscalía hondureña pueda «dar respuesta en un plazo razonable a las solicitudes presentadas por la acusación privada», incluyendo el requerimiento presentado en octubre de 2017 sobre «posibles autorías intelectuales a la luz de hallazgos encontrados en documentación compartida, mediante orden judicial».
Asimismo, reconoció el «incremento gradual del acceso a la información en relación a las diligencias investigativas», pero indicó que «se siguen observando fuertes desafíos en materia de transparencia en cuanto a la falta de claridad sobre los criterios seguidos para determinar de la secretividad de la información».
El Estado de Honduras debe adoptar «las medidas que permitan superar las debilidades institucionales y normativas que persisten en el país para que los pueblos indígenas puedan tener un acceso efectivo a la justicia y obtener una protección judicial de sus derechos, incluyendo la protección de sus territorios y recursos naturales», añadió la OACNUDH.
Además, establecer un marco normativo e institucional que garantice el goce de los derechos de los pueblos indígenas, siendo la consulta previa «un pilar fundamental para tal fin».
Enfatizó que la importancia de «investigar los posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que hayan posibilitado la adjudicación de recursos naturales en detrimento del derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado».
Expresó su apoyo a la familia de Berta Cáceres y su acompañamiento en los «esfuerzos por la búsqueda de la verdad», y reiteró a la Fiscalía hondureña su «ofrecimiento de colaboración para avanzar en el esclarecimiento del crimen e identificar las responsabilidades tanto materiales como intelectuales».
Al igual, reconoció «el rol fundamental» de los defensores de derechos humanos en «una sociedad democrática, recordando al Estado la obligación de tomar medidas que garanticen un entorno seguro y propicio para la no-repetición de ataques y crímenes de esta naturaleza», señala el comunicado.
Las autoridades hondureñas capturaron este viernes al presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista, Roberto David Castillo, quien era el presidente ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que ejecutaba un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, al que Cáceres se oponía porque consideraba que representaba un daño ambiental.
