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ONU pide a Honduras garantizar justicia y reparación a víctimas de tortura

Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) instó este jueves a Honduras a garantizar el derecho a la justicia que tienen las víctimas de la tortura e investigar este tipo de agresiones.

La representante de la Oacnudh en Honduras, Isabel Albaladejo, pidió al Gobierno de Honduras «prevenir e investigar los hechos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las personas privadas de libertad».

El Gobierno de Honduras, que preside Juan Orlando Hernández, debe además «garantizar la justicia y reparación a las víctimas (de la tortura) y a sus familias», subrayó Albaladejo.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó hoy en Tegucigalpa en un foro, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, organizado por el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev), con apoyo de la Unión Europea.

El Conaprev destacó la importancia de «darles voz a las víctimas» de la tortura y mostrar los desafíos que enfrentan las organizaciones que trabajan en la prevención y protección contra esas agresiones.

OBSTÁCULOS PARA PROTEGER A VÍCTIMAS

Denunció además que las organizaciones de sociedad civil que trabajan con víctimas de la tortura, principalmente presos, sufren «acciones de discriminación, de violencias y de incumplimiento de las obligaciones por parte de los responsables de la tutela y garantía de derechos de aquellas autoridades que les tienen bajo su custodia».

El organismo hondureño señaló que más de medio centenar de reclusos murieron de manera violenta en 2020 en diferentes cárceles de Honduras, y ese mismo año se interpusieron más de 260 denuncias por violación de derechos a privados de libertad.

El Conaprev anunció en marzo pasado la creación de la junta local de prevención contra la tortura en materia de la mujer privada de libertad, ente encargado de vigilar los casos de violación de derechos a las reclusas.

Las normas de la ONU para el tratamiento de las mujeres presas, conocidas como las Reglas de Bangkok, pretenden proteger a las reclusas y a los menores dentro de las penitenciarías, según ese organismo.

El país centroamericano registra 1.182 mujeres en las cárceles, la mayoría de ellas hacinadas, de acuerdo con cifras del Conaprev, cuyo mandato es examinar los centros de detención, custodia o internamiento, para fortalecer la prevención y protección de las personas privadas de libertad contra actos de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. 

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