ONU critica el «mensaje intimidatorio» de destitución de jueces en Honduras

Ginebra – Tres relatores especiales de Naciones Unidas han criticado que la reciente destitución de tres jueces y una magistrada en Honduras pueda tener «el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados».
 

La decisión puede amedrentar a los jueces «para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades actuales», han considerado los expertos de la ONU.

Este grupo de expertos lo componen la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul; el relator especial sobre la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, y la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya.

Han estimado que la intimidación «representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños, así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y contra las asociaciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras».

Los expertos que, según el comunicado, «siguen con atención el desarrollo de la situación judicial en Honduras», se refieren a la destitución de la carrera judicial el pasado 18 de junio de los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores.

La Suprema Corte de Justicia del país atribuyó entonces su decisión al «incumplimiento o violaciones graves de los deberes de estos jueces».

Sin embargo, los citados relatores han recalcado que «ninguna de las resoluciones que motivaron las destituciones contiene los fundamentos jurídicos que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves».

«Las destituciones parecen estar relacionadas a la expresión pública del rechazo de estos profesionales de la judicatura a los acontecimientos ocurridos durante la crisis política de junio de 2009, así como a su participación en algunos actos de protesta contra los mismos», han opinado.

Y han precisado que «a los jueces sólo se les puede destituir por razones graves de mala conducta o incompetencia, conformes a procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad».

«Aceptar una invitación a dictar una conferencia, escribir un artículo, presentar un recurso de hábeas corpus en favor del Presidente destituido o participar en manifestaciones públicas no parece responder a estos criterios», han apostillado estos expertos.

Al mismo tiempo, los tres relatores especiales han apuntado que también «se habría también violado el derecho de los jueces destituidos al debido proceso, pues se les ha sancionado sin haber sido escuchados y se le ha impedido participar en las sesiones plenarias en las cuales se acordó o ratificó su destitución».

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