San Salvador – La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, pidió hoy al Congreso ratificar dos convenios internacionales contra las desapariciones forzadas para saldar parte de la «deuda histórica» del Estado con las víctimas de la guerra civil (1980-1992) y sus familiares.
Se trata de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
De igual forma, Caballero instó a los diputados a declarar cada 30 de agosto como el «Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada», fecha en la que se conmemora a estas personas a nivel internacional.
La defensora señaló que «el derecho a la verdad y reconocimiento» sobre las 8.000 personas desaparecidas durante la guerra civil salvadoreña, principalmente a manos del Ejército, «debe cobrar vigencia en favor de los familiares».
«Hechos como estos no deben repetirse, pera ello es necesario recordarle al Estado salvadoreño la deuda histórica y el compromiso de investigar estos delitos como deber actual», sostuvo Caballero y también pidió a la Fiscalía una investigación «efectiva» para los 87 casos que mantiene activos.
El fenómeno de las desapariciones se ha mantenido en El Salvador, pese al fin de la guerra, por la violencia generada por las pandillas en las últimas décadas; datos de la Policía entregados a Efe dan cuenta de que al menos entre 2010 y 2016 desaparecieron unas 10.800 personas, una media de 4 al día.
No obstante, las denuncias de estos casos en la Fiscalía son superiores, dado que para el año 2016 este ente reportó más de 3.300 desapariciones frente a los 1.700 casos registrados por la Policía de este país centroamericano.
