Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera, instó hoy a los presidentes centroamericanos a adoptar posiciones y estrategias conjuntas para proteger a los migrantes ante la adopción de medidas migratorias del presidente de EEUU, Donald Trump.
En un comunicado del organismo, Herrera indicó que los estados están obligados, según el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, a «adoptar posiciones y estrategias conjuntas para la defensa legítima de sus respectivos connacionales en el exterior» frente a medidas tendientes a su repatriación o expulsión.
Enfatizó que los estados centroamericanos también tienen compromisos aplicables a la atención de las causas de la migración forzada y a la obligación de propiciar un cambio progresivo en la calidad de vida de sus pueblos.
Anunció además que el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos se reunirá en marzo próximo en Panamá para abordar la problemática de las personas migrantes y los desplazados en Centroamérica.
El defensor del pueblo hondureño advirtió que las acciones de los gobiernos centroamericanos requieren de «mayor celeridad para apoyar oportunamente con acciones concretas a sus connacionales inmigrantes» que viven en EE.UU.
Enfatizó que es necesario «avanzar» en la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica para contrarrestar los factores que causan el desplazamientos forzado y la migración irregular.
«En la medida que el fenómeno migratorio tiene cada vez un mayor impacto en la vida de millares de personas, se evidencia igualmente una mayor necesidad de que las diferentes instancias que velan y fomentan el pleno respeto de los derechos humanos centralicen su atención en la población migrante y sus familiares», subrayó.
Destacó la «urgencia» de implementar el plan de acción de la Agenda 2030 impulsada por la ONU para el Desarrollo Sostenible.
El ombudsman hondureño dijo que reconoce y respeta la facultad soberana de los Estados «en la formulación de políticas que tienen como fin controlar el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de sus países».
Señaló que los procedimientos de control de fronteras deben ser conforme al derecho internacional general y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Indicó además que la migración «no debe ser criminalizada» por los países de tránsito y de destino, pues con ello «violentan los derechos humanos» de los migrantes, quienes tienen derecho al reconocimiento y respeto de su personalidad jurídica.
El desplazamiento forzado y la migración irregular representa una «gran desafío» para los Estados, en cuanto a su responsabilidad de lograr una «adecuada protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales» de los desplazados o migrantes, agregó.
«Necesitamos unir nuestros esfuerzos con una estrategia que potencie voluntades, capacidades y recursos para la defensa de derechos y protección de personas migrantes centroamericanas en los Estados Unidos de América», subrayó Herrera.
En Estados Unidos residen poco más de un millón de hondureños de manera legal o ilegal, tres millones de guatemaltecos, 2,8 millones de salvadoreños y medio millón de nicaragüenses, según cifras oficiales.
El nuevo presidente estadounidense dijo en 2016, antes de jurar el cargo, que deportará a los inmigrantes que tienen «antecedentes penales» y ha reiterado su intención de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos con el fin de detener la inmigración irregular.
