Ombudsman de CA apoyan diálogo para evitar violencia y represión en Honduras

Tegucigalpa – El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), expresó su apoyo al diálogo democrático y pacífico en Honduras, en aras del interés superior de la población y del impulso de la cohesión social.

– El Ombudsman hondureño y miembro del CCPDH, Roberto Herrera Cáceres, declaró que están conscientes de la importancia de un diálogo nacional, que es el instrumento fundamental para progresar en una democracia representativa y participativa.

A través de un pronunciamiento, el ente regional de derechos humanos reconoció la importancia del diálogo para progresar como un pueblo unido que rechaza la violencia y la represión desproporcionada o injustificada.

Además, exhortó a las autoridades hondureñas a reafirmar el Estado Democrático de Derecho mediante actuaciones apegadas a su obligación de proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de toda la población.

Los ombudsman de la región destacaron el papel independiente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), durante la crisis post electoral, por su labor encaminada a prevenir las violaciones a los derechos humanos de los habitantes.

Diálogo es urgente y necesario

El ombudsman hondureño y miembro del CCPDH, Roberto Herrera Cáceres, declaró que están conscientes de la importancia de un diálogo nacional, que es el instrumento fundamental para progresar en una democracia representativa y participativa

Puntualizó que el diálogo previsto en el Convenio, entre Honduras y la Secretaría General de la OEA, y los canales de trabajo acordados mediante el referido intercambio de notas, son de ejecución inmediata.

Agregó que es racional esperar que sus avances y resultados puedan ser impulsados y potenciados al realizarse el pendiente diálogo nacional que, con un facilitador designado por la Secretaria General de la ONU, debería abordar medidas para solucionar progresivamente la problemática nacional que obstaculiza la profundización del proceso democrático en paz, desarrollo y libertad.

Destacó la anuencia demostrada por los diferentes sectores políticos, económicos y sociales, que al unísono han reconocido la importancia del diálogo.

“El diálogo es urgente y necesario para poner fin, de manera definitiva, la inestabilidad política y conflictividad social que están impactando negativamente en la dignidad de las personas y agravando las ya injustas condiciones de vida de la mayoría de la población que vive en situación de pobreza”, expresó.

Herrera Cáceres considera que el diálogo debe conducir a resultados que, entre otros aspectos esenciales, promuevan la justicia social, desarraiguen las causas o condiciones que atan, a la mayoría de la población, a la pobreza y el desempleo, fomenten el desarrollo sostenible y la seguridad humana nacional y local.

Reiteró que la participación representativa de todos los sectores políticos y sociales en el diálogo, es importante, por la gobernabilidad del Estado democrático de derecho, para lograr que todas las estructuras del Poder Público aseguren, en su funcionamiento, la mayor efectividad y eficacia en la protección y respeto de la dignidad humana y en el proceso de democratización real de Honduras.

Recordó que, en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1988, se destaca la necesidad de “organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Creado en 1994, el CCPDH es una instancia regional que impulsa el fortalecimiento de los derechos humanos y la elaboración de estrategias regionales para el tratamiento de problemas que son comunes a los países centroamericanos.

Actualmente integran el CCPDH, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, el Ombudsman de Belice, la Defensoría del Pueblo de Panamá, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y los procuradores de derechos humanos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

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