San Salvador – El modelo de agricultura salvadoreño «basado en el uso intensivo de agrotóxicos» viola los derechos humanos y ha causado la «pérdida» de la seguridad alimentaria, concluyó un informe del ombudsman, David Morales, dado a conocer hoy.
De acuerdo con el estudio «Sobre el Uso de Agrotóxicos en El Salvador y el Impacto en los Derechos Humanos», el modelo de agricultura actual «ha generado trasgresiones a los derechos humanos y la pérdida de seguridad y soberanía alimentaria».
«Las políticas agropecuarias no han tenido un enfoque prioritario en la sustentabilidad, la preservación de la biodiversidad, la dignificación de la persona humana, ni en el derecho a la autodeterminación», informó la Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos (PDHH), que dirige Morales.
El ente destacó que el estudio «otorga una atención especial a la alarmante alza de casos de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales (ERCnT) que ha producido un elevado número de fallecimientos», sin detallar cifras.
Sostuvo que «comunidades enteras están sometidas a la contaminación de sus fuentes de agua, de los alimentos y la tierra por el uso indiscriminado de agrotóxicos».
Por esto «se vuelve imperioso transformar la lógica de la agricultura salvadoreña, tanto a nivel familiar y de subsistencia, como a gran escala».
A inicios de junio, los titulares de los ministerios de Medio Ambiente, Salud y Agricultura solicitaron al Congreso votar nuevamente por un decreto que prohíbe el uso de 53 pesticidas y cuya entrada en vigencia fue frenada en 2013 por el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014).
En esa época se intentó prohibir el uso y comercialización de los pesticidas porque podrían ser una de las causas principales de una extraña enfermedad renal que ha causado al menos 5.808 muertos desde 2002.
Un estudio presentado por la sanidad pública a la Asamblea Legislativa que versa sobre las «intoxicaciones agudas producidas por plaguicidas» señala que solo en 2015 el país registró 104 muertes por la manipulación de agrotóxicos.
El mismo detalla que entre 2011 y 2015 fueron atendidas en los centros de salud 8.012 personas intoxicadas con plaguicidas.
Asimismo, la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, reveló en junio que dicha cartera de Estado presentaría al Congreso, en fecha no rebelada, un proyecto ley para prohibir los 53 pesticidas.
