Mientras los republicanos insisten en que no aprobarán la petición de Obama de 3.700 millones de dólares más para la frontera si no se cambia una ley que alarga sustancialmente el proceso de deportación de los niños, los demócratas hispanos del Congreso se mantuvieron hoy firmes en su rechazo de esa posibilidad.
«Dejamos claro que no vamos a cambiar la ley para quitar ningún derecho a los niños» centroamericanos, dijo a los periodistas el congresista demócrata Joe García después de reunirse con Obama junto al resto del Caucus Hispano del Congreso, un grupo de 26 legisladores demócratas de origen latino.
«Le dijimos: señor presidente, no cambie la ley. Queremos darle todos los recursos que usted necesita para acelerar las audiencias judiciales para que los niños puedan tener debido proceso, pero no la cambie», señaló por su parte el legislador Luis Gutiérrez.
También la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó hoy por primera vez su oposición a cualquier cambio a la ley que no «asegure el debido proceso para los niños», lo que augura una difícil batalla para lograr cualquier tipo de acción en el Congreso en las próximas semanas.
En el centro de la disputa está una ley aprobada en 2008 que impide deportar de inmediato a los niños centroamericanos que sean interceptados en la frontera por la Patrulla Fronteriza, que debe dejarlos en custodia del Gobierno estadounidense para dar inicio a un largo proceso de deportación, que puede durar meses o años.
Sobrepasado por la llegada de 57.000 niños centroamericanos en los últimos diez meses, Obama ha pedido al Congreso que dé más autoridad al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, con el fin de deportar más rápidamente a los niños que no cumplan las condiciones para permanecer en EE.UU..
La Casa Blanca ha indicado que está abierta a cambiar la ley o aprobar una nueva con el fin de conceder esa flexibilidad a Johnson, pero por el momento no ha expresado su apoyo a ningún proyecto legislativo en particular.
Hoy, Obama aseguró a los miembros del caucus hispano que, aunque su Administración busque acelerar el proceso de deportación, «los derechos al debido proceso de los menores no se verán comprometidos», según explicó el legislador Joaquín Castro.
«El presidente nos dijo que hacer que el proceso (judicial de deportación) avance más rápido no significa que tengamos que ignorar el debido proceso», señaló por su parte Joe García.
Dos legisladores, el republicano John Cornyn y el representante demócrata Henry Cuéllar, presentaron este martes una propuesta de ley que modificaría las leyes actuales para dar el mismo trato a los menores provenientes de Centroamérica que a los llegados desde México, que pueden ser deportados casi de inmediato tras su llegada.
Aunque Cuéllar pertenece al caucus hispano, buena parte de los integrantes de ese grupo han expresado rotundamente su rechazo a ese proyecto de ley, entre ellos Castro y Gutiérrez.
«Mi lectura de ese proyecto de ley es que compromete el derecho al debido proceso» de los menores, aseguró hoy Castro, mientras que Gutiérrez señaló que los diez días que establece la legislación de plazo para deportar a los inmigrantes «no son suficientes» para asegurar que se les concede el derecho a un juicio justo.
Cuéllar estuvo presente en la reunión de hoy con Obama, pero no habló personalmente con el mandatario y su propuesta de ley no se debatió en absoluto durante la reunión, según Gutiérrez.
Los congresistas hispanos aseguraron a Obama que apoyarán su petición de 3.700 millones de dólares más «siempre que se respete el derecho al debido proceso de los niños», en palabras de Castro.
La Casa Blanca defendió hoy que esa solicitud de fondos «es una forma equilibrada de aumentar la capacidad de seguridad, asegurar que tenemos los recursos para ofrecer debido proceso a los inmigrantes como requiere la ley, y ayudar a nuestros aliados de Centroamérica a lidiar con algunos de los retos que enfrentan».
La propuesta incluye 300 millones de dólares para ayudar a Honduras, Guatemala y El Salvador a afrontar la pobreza y la inseguridad, que llevan a las familias a huir a Estados Unidos.
Mientras, varios altos funcionarios de la Administración, entre ellos Johnson, se reunieron a puerta cerrada con los 100 miembros del Senado para hablar sobre la crisis, que la Casa Blanca quiere resolver antes de que el Congreso entre en receso en agosto.
