Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente las muertes violentas del campesino Ramón Rivas Baquedano y su hijo Carlos Antonio Rivas Canales, ocurridas el pasado 17 de julio en la comunidad de La Confianza, municipio de Tocoa, departamento de Colón.
Ambas víctimas eran socios de las empresas campesinas Gregorio Chávez y La Aurora, respectivamente, y según se conoció ambos fueron emboscados por hombres armados mientras se dirigían a sus labores en el contexto de la lucha agraria que persiste en el Bajo Aguán.
OACNUDH, en su escrito expresó su profunda preocupación al señalar que Ramón y Carlos Rivas eran familiares de Santos Hipólito Rivas y Javier Rivas, también defensores de la tierra asesinados en circunstancias similares el 12 de febrero de 2023, crímenes que aún permanecen en la impunidad.
Desde enero de este año, la oficina de Naciones Unidas ha registrado al menos nueve muertes violentas de miembros de cooperativas campesinas y sus familiares en esa conflictiva región del Caribe hondureño. Según el comunicado, estas personas continúan siendo blanco de campañas de desprestigio, amenazas y hostigamiento constante, sin una respuesta efectiva por parte del Estado.
“A más de tres años de haberse firmado el Acuerdo entre representantes del Estado y las cooperativas y empresas asociativas campesinas del Bajo Aguán, la violencia sigue sumando víctimas, debido a la falta de un abordaje estructural del conflicto”, subraya OACNUDH.
En ese sentido, la Oficina urgió al Estado hondureño a cumplir con los compromisos asumidos en dicho acuerdo, en particular la instalación de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán, como mecanismo clave para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Además, en el comunicado se hizo un llamado urgente a garantizar la vida e integridad de las personas defensoras y campesinas, y adoptar medidas preventivas ante nuevos hechos de violencia.
Finalmente, OACNUDH instó a las autoridades a realizar una investigación diligente, pronta y exhaustiva, enfocada en la desarticulación de los grupos armados que operan en la zona, considerados uno de los principales factores de riesgo para los ambientalistas y defensores de derechos humanos.
Las instancias de la ONU, reiteró su disposición de continuar acompañando al Estado hondureño en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en contextos de alta conflictividad social como el que persiste en el Bajo Aguán. LB
