Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – Cuando en 2015 se creó el Mecanismo de Protección estatal, muchos lo celebraron como un paso adelante, 10 años después las amenazas a periodistas, comunicadores y otros, no solo bajaron, sino que se incrementaron, está vez con la amenaza proviniendo del ala más dura del Estado, el estamento militar.
– El Mecanismo tiene registrados 315 expedientes activos actualmente.
– Si el Ministerio Público no investiga, la amenaza sigue latente, subraya director del Mecanismo de Protección.
– Para 2025 el ente cuenta con 20 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad más 10 millones gestionados a través de Finanzas, confirman autoridades.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, fue visto como un paso esperanzador en un país con una larga tradición de violencia e impunidad.
Ahora los comunicadores y periodistas se suman a las amenazas tradicionales a las Fuerzas Armadas, altos funcionarios gubernamentales e instituciones oficiales virtualmente dedicadas a atacar a la prensa no estatal y los periodistas por el trabajo independiente que realizan de informar sobre los hechos que ocurren en el país.
Y los nuevos actores y sus ataques, como los líderes militares y sus medios de prensa oficiales, gozan que sus acciones están fuera de la jurisdicción del referido Mecanismo, por lo que su impunidad está garantizada.
Las publicaciones del diario digital de las Fuerzas Armadas han dedicado buena parte de sus espacios a atacar a periodistas y medios de prensa por no gustarles el abordaje de notas de prensa y en lugar de exponer claramente sus datos, optar por atacar y descalificar a los mismos.
Erosión en 10 años
Diez años después, ese optimismo se ha erosionado. Lo que alguna vez se concibió como una herramienta innovadora para salvaguardar vidas, hoy es calificado por diversos sectores como una estructura debilitada, lenta, politizada y, en algunos casos, incapaz de evitar tragedias.
Una realidad marcada por la violencia
Ejercer el periodismo o defender derechos humanos en Honduras se ha convertido en un oficio de alto riesgo. De acuerdo con datos de algunos organismos nacionales e internacionales, más de 100 periodistas han sido asesinados desde 2001, y la impunidad supera el 90%. A eso se suman amenazas, desplazamientos forzados y campañas de desprestigio. La situación no es muy distinta para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, quienes también son blanco de amenazas constantes.
“El crimen organizado, el narcotráfico y la política se han fusionado en ciertas zonas del país, y eso hace que hablar o denunciar sea prácticamente una sentencia de muerte”, afirmó la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Dina Meza.
El caso más reciente que ilustra esta fragilidad es el asesinato del periodista Javier Hércules, ocurrido el recientemente Copán. Hércules había denunciado amenazas previamente, pero no recibió una respuesta efectiva del Estado. “Si se hubiera investigado a tiempo, Javier estaría vivo”, dice Meza con tono firme.
En abril del 2024 Proceso Digital contactó a Javier Hércules, y en aquel momento confirmó que tenía temor por las constantes amenazas que recibía “Si aquí estamos con está difícil situación estamos siempre en el Sistema de Protección, también tengo una cita en los derechos humanos”.
El Observatorio del Conadeh, creado en 2023, documentó un alarmante aumento de ataques a defensores. En 2020 se registraron 11 asesinatos; en 2021, diez; en 2022 subieron a 15; en 2023, alcanzaron el pico más alto con 16 casos. Y en 2024 se reportaron ocho asesinatos. Esto demuestra una tendencia sostenida de violencia.
Un mecanismo en decadencia
El Mecanismo Nacional de Protección fue diseñado para dar respuesta rápida y eficaz a personas en situación de riesgo. Sin embargo, defensores y periodistas aseguran que ha perdido su rumbo. Entre las críticas más recurrentes están: La politización del mecanismo tras el cambio de autoridades en 2022.
El despido de personal técnico calificado, sustituido por personas sin experiencia, pero con vínculos partidarios.
La asignación de recursos a personas que no están en riesgo real, mientras se desatiende a quienes sí lo están. Como el uso de vehículos blindados a funcionarios afines al gobierno.
Medidas ineficaces, como botones de pánico o patrullajes ocasionales, que no impiden atentados ni ofrecen garantías reales.
Que se ha convertido en un elefante blanco que sigue consumiendo presupuesto, pero no protege; donde se han dado ya varios casos emblemáticos de personas asesinadas mientras estaban bajo protección oficial.
Además, el Consejo Nacional de Protección, instancia que debe coordinar las acciones interinstitucionales, ha perdido protagonismo. Sus reuniones son esporádicas y, según fuentes internas, están marcadas por la discordia entre instituciones. “Ya no es un órgano de toma de decisiones, sino una formalidad”, lamentan algunos miembros del consejo.
Versión oficial: Estamos en proceso de reestructuración
Consultado por Proceso Digital, el director del Mecanismo Nacional de Protección, Arnold Bonilla, ofreció un balance sobre el funcionamiento actual de la entidad. A pesar de los esfuerzos, Bonilla reconoció que el mecanismo enfrenta importantes retos presupuestarios, de personal y de coordinación interinstitucional.
Según datos recientes, el Mecanismo tiene registrados 315 expedientes activos, entre los cuales se contabilizan 36 casos de comunicadores sociales (tres colectivos y 33 individuales), 119 casos individuales y 110 colectivos de defensores de derechos humanos, 21 casos de operadores de justicia (cuatro colectivos y 17 individuales), y 29 casos de periodistas, de los cuales seis son colectivos y 23 individuales.
Bonilla destacó que varios expedientes se mantienen activos desde 2015 y que algunos beneficiarios cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Tenemos una deuda pendiente con la ejecución de ciertas medidas, pero estamos trabajando para saldarla”, afirmó.
Actualmente, el Mecanismo cuenta con 25 empleados y está en proceso de contratación para alcanzar el personal ideal recomendado por un diagnóstico del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que sugiere un equipo de 54 personas.
En materia presupuestaria, explicó que se cuenta anualmente con 20 millones de lempiras provenientes de la Tasa de Seguridad, a los que se sumaron este 2025, 10 millones de lempiras adicionales asignados en abril, tras gestiones ante la Secretaría de Finanzas. Estos fondos se están utilizando para cubrir medidas atrasadas desde años anteriores.
Respecto a los señalamientos sobre el uso de recursos en el arrendamiento de vehículos, Bonilla admitió que se han gastado aproximadamente 19 millones de lempiras, pero defendió que dichos vehículos están asignados a personas protegidas. “No podemos revelar quiénes son por razones de seguridad, pero todas, salvo una, tienen medidas cautelares. Las decisiones se toman con base en análisis de riesgo, y lo establecido en ley no a discreción”, recalcó.
El funcionario subrayó que el Mecanismo no depende exclusivamente de la Secretaría de Derechos Humanos, sino que forma parte de un Sistema Nacional de Protección compuesto por 15 instituciones, incluyendo el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República y gremios profesionales.
En ese contexto, hizo un llamado al Ministerio Público para agilizar las investigaciones, ya que, según dijo, “sin identificar la fuente de riesgo, es muy difícil garantizar una protección efectiva”. “El mecanismo necesita más que presupuesto: requiere compromiso institucional. Si el Ministerio Público no investiga, la amenaza sigue latente. Y si no hay respuesta pronta, proteger se vuelve una tarea incompleta”, concluyó.
El costo de la omisión
A pesar de los esfuerzos declarativos, la realidad sigue siendo alarmante. Más de ocho periodistas han denunciado amenazas en lo que va del año, según reportes de la sociedad civil. Muchos no confían en el Mecanismo y prefieren callar antes que denunciar. En zonas rurales, incluso se reportan casos de fiscales que amenazan a periodistas para que no informen sobre homicidios, como parte de una aparente estrategia para maquillar las estadísticas de violencia.
“El silencio no es casual, es forzado”, dice Dina Meza. “Y cuando se silencia a la prensa o se castiga a los defensores, se erosiona la democracia”.
La situación es crítica: el caso más reciente del comunicador social Javier Hércules, asesinado en Copán tras haber denunciado reiteradas amenazas sin recibir la protección adecuada, se suma a otros casos emblemáticos como el del defensor Juan López, quien también fue asesinado mientras estaba bajo medidas.
Estos hechos confirman que las medidas que otorga el mecanismo no garantizan efectividad real y que, en muchos casos, se limitan a un protocolo formal que no logra neutralizar los riesgos.
Politización y abandono institucional
Diversas voces del ámbito de derechos humanos y libertad de prensa en Honduras coincidieron en que el Mecanismo de Protección para defensores, periodistas y operadores de justicia atraviesa un colapso estructural y funcional.
Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), calificó al mecanismo como una “ventanilla inútil”, consultado por este medio el porqué de dicha aseveración señaló que, por su politización, la destitución de personal capacitado y el uso indebido de recursos por parte de funcionarios ajenos al perfil de riesgo.
El director del Observatorio del Conadeh, Daniel Cáceres, advirtió que el mecanismo no resolverá por sí solo la crisis, debido a reformas ineficaces, ausencia de una política pública vigente y en caso de la incorporación como se pretende de otra institución gubernamental en el Consejo habría una estructura desequilibrada a favor del Estado.
Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Codeh, lamentó que el sistema haya pasado de ser una conquista social a una instancia degradada y politizada, que discrimina a quienes no son afines al gobierno. Todos coincidieron en que, mientras el Estado aparenta protección, las amenazas y asesinatos continúan impunes.
La SIP también exhortó al Estado hondureño a evaluar a fondo el funcionamiento del mecanismo de protección y a adoptar reformas que lo hagan más eficaz y confiable.
La existencia de un mecanismo de protección no es suficiente; su eficacia depende de su independencia, transparencia, capacidad técnica y voluntad institucional. Honduras aún está a tiempo de rescatar esta herramienta clave. De lo contrario, seguirá sumando nombres a la dolorosa lista de periodistas y defensores asesinados bajo la sombra de un Estado que promete proteger, pero que muchas veces llega tarde o simplemente no llega. LB
