Tegucigalpa – A criterio del excanciller hondureño, Carlos López Contreras existe una contradicción y falta de autoridad moral al invocar la injerencia externa en asuntos domésticos cuando por otro lado el gobierno utiliza el mismo recurso en su relación con los demás poderes del Estado.
– Del abuso del poder a la corrupción y la impunidad sólo hay un pasito. “Pongamos nuestra fe en que el gobierno de Honduras no se aventurará por el camino del abuso del poder y que pudiera atraer sanciones sobre nuestro país”, subraya.
La reflexión de López Contreras se publicó este sábado en su columna habitual en el diario La Tribuna y que se titula “Injerencia”.
Explicó que cualquier diccionario clásico define la palabra injerencia como “Intromisión, actuación sin habilitación ni título en un negocio o competencia ajenos”.
Citó que la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, párrafo 5 dispone que Los Miembros de la Organización,… se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
Colige que “es claro que dicho principio excluye la injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción doméstica de otro Estado”.
López Contreras arguye que las relaciones entre gobiernos no suelen ser de silencio. Al contrario, con frecuencia expresan elogios de ciertas conductas internas de un país, así como críticas a comportamientos que no se concilian con el respeto de las buenas prácticas democráticas, o constituyen abierta y no disimulada injerencia en las actividades fundamentales de otro poder del Estado, dentro de la clásica separación de poderes independientes, pero complementarios.
En nuestro régimen jurídico, presidencialista por tradición, se procura que el Poder Ejecutivo no tenga injerencia en los poderes Legislativo y Judicial, ni en el Ministerio Público, todo ello en beneficio de los gobernados.
Sin embargo -explica el excanciller- el Poder Ejecutivo con demasiada frecuencia no resiste la tentación de ejercer injerencia sobre los otros poderes, en distintas etapa; así por ejemplo, cuando se eligen los magistrados a la Corte Suprema de Justicia; y, una vez establecida, el Ejecutivo suele procurar una supervisión sobre el Poder Judicial para que decida los casos de su interés, a su conveniencia. Vale decir, que aspira a contar con una Corte y un Poder Judicial complacientes.
De la misma manera, el Poder Ejecutivo desea controlar y a veces imponer sus criterios en el Poder Legislativo, aunque no tenga mayoría en el Congreso, agregó.
Analizó que en el comportamiento histórico se ha observado que, a veces, el Ejecutivo procura intimidar a los diputados con la amenaza de disolver el Congreso, incluso implicando el uso de las Fuerzas Armadas; otras, sitiando el Congreso, al privarlo de su presupuesto y de los salarios de los diputados.
“Más recientemente se recurre al empleo de grupos de choque que asaltan el palacio del Congreso Nacional, intimidan o abiertamente agrediendo físicamente a los diputados de oposición, sin que las autoridades de orden intervengan para salvaguardar la vida y la integridad física de los diputados que no son complacientes con el gobierno”, manifestó.
Desglosó que así como en la elección de los magistrados a la Corte Suprema, también el Poder Ejecutivo se subleva cuando en el juego democrático se elige una junta directiva escogida por la mayoría parlamentaria de aquel poder, aunque los miembros electos fueran diputados pertenecientes al partido de gobierno. En esa hipótesis, envía sus tropas de asalto, sitia el palacio del Congreso e impone la junta directiva que le es obediente.
Acentuó que “el problema de invocar la injerencia externa en asuntos domésticos consiste en que el gobierno pueda no tener autoridad moral, si utiliza el mismo recurso, la injerencia, en su relación con los otros poderes del Estado”.
El exvicecanciller López Contreras afirma que la injerencia como crítica puede tener el peso de un pensamiento muy bien diseñado y que corresponde a la verdad jurídica. Ese tipo de injerencia no pasa de producir un disgusto en el gobierno que la recibe, sin perjuicio de que denuncie la injerencia y ponga en marcha medidas de autodefensa para neutralizar las críticas.
Prosiguió que otra cosa son las sanciones y, una modalidad de ellas, puede ser la privación del derecho de ingresar a un país o a varios países, como a veces ocurre con sanciones de este tipo por Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y otros estados democráticos.
Pero la privación del ingreso a ciertos países es quizás la más suave o débil de las sanciones posibles. En el caso de Estados Unidos, además de la lista Engel, puede comprender sanciones económicas, en el marco de los organismos financieros internacionales, así como en el congelamiento de fondos en instituciones bancarias de ese país. Así lo han experimentado Irán y la Federación rusa, entre otros casos recientes, describió.
Puntualizó que los gobiernos al sentirse sancionados, procuran defenderse recurriendo al mecanismo del “lobby” en Estados Unidos, con resultados variables. En definitiva, la mejor manera de mantener las sanciones alejadas, es evitando dar lugar a la sospecha o a la certeza de que un gobierno está actuando internamente de modo prepotente, casi imperial, ignorando la constitución y las leyes.
Concluye su escrito asegurando que el signo más característico del gobierno caprichoso y arbitrario es el abuso del poder. Del abuso del poder a la corrupción y la impunidad solo hay un pasito. “Pongamos nuestra fe en que el gobierno de Honduras no se aventurará por el camino del abuso del poder y que pudiera atraer sanciones sobre nuestro país”. JS
