San José – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua ratificó un acuerdo suscrito entre Managua y Moscú que busca garantizar la protección recíproca de sus ciudadanos contra los «abusos» de la justicia internacional.
El decreto de aprobación del «Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la protección recíproca de sus ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional» fue aprobado de manera unánime por los diputados nicaragüenses, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
A través de ese acuerdo, suscrito el 20 de junio de 2025 en San Petersburgo, ambos países se comprometen a abstenerse a intervenir en los asuntos soberanos de la otra parte mediante el uso de la justicia penal internacional, nacional o ayudando a una tercera parte en el uso de la justicia penal internacional o nacional.
En su exposición de motivos, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, argumentaron que la justicia penal internacional plantea la necesidad de responsabilizar a individuos por crímenes como el genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, pero que al revisar su accionar «nos damos cuenta que la justicia internacional tiene grandes vacíos y contradicciones».
«Esto es evidente en las agresiones de Israel a Palestina desde sus inicios en 1948, hasta la actualidad», sostuvieron Ortega y Murillo.
Asimismo, denunciaron el «doble rasero» de la justicia internacional, «que cada día es objeto de manipulación y utilización, como un instrumento de injerencia e intervención política, en contra de países que luchan por el respeto a su soberanía y autodeterminación».
«La actual Organización de Justicia Penal Internacional, entre ellas el mecanismo del Estatuto de Roma, carecen de relevancia real en la resolución pacífica de los conflictos internacionales, sus principios están totalmente desviados y sesgados», alegaron.
Según Ortega y Murillo, el papel de la justicia internacional «se ha reducido a complacer a los países hegemónicos y esconder sus crímenes.
Grupo de la ONU quiere demandar a Ortega ante la CIJ
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, ha dicho que están buscando que uno o más Estados demanden al Gobierno de Ortega y Murillo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los delitos de tortura y apatridia, considerados como crímenes de lesa humanidad.
El 3 de abril pasado, el grupo de expertos publicó una lista de 54 responsables de violaciones y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por el matrimonio formado por Ortega y Murillo, copresidentes desde la reforma constitucional de febrero.
La lista incluye autoridades como el jefe del Ejército, Julio César Avilés, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el director general de la Policía, Francisco Díaz, o el mismo titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Las 54 personas citadas, según el grupo de expertos, habrían desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y de medios de comunicación, así como otros delitos que en algunos casos podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
La lista se publicó semanas después de que el grupo de expertos presentara ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 28 de febrero, otro informe en el que denunciaba múltiples abusos del régimen nicaragüense.
Nicaragua incluso se retiró del Consejo de Derechos Humanos el 27 de febrero, mes en el que también anunció su abandono de agencias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria». EFE
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