Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El gobierno de Daniel Ortega sumó un paso más en su campaña de control absoluto del poder y sin tener que pagar sus consecuencias, cuando introdujo un paquete de ley que obligará a las instituciones financieras y comerciales a ofrecer servicios a entes estatales y personas sancionadas por gobiernos extranjeros e instituciones internacionales, colocándolos con ello en una encrucijada.
Lo anterior, junto con la reforma constitucional que le dan el poder absoluto al régimen Ortega-Murillo, consolida una dictadura absoluta en una región donde las débiles democracias a luchas por la sobrevivencia ante el surgimiento de corrientes políticas absolutistas y que hacen tambalear la institucionalidad de cada país en una multicrisis acentuada por el narcotráfico, la corrupción, la creciente pobreza y una corriente imparable de migración, así como altos niveles de desempleo y violencia.
La referida Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, enviada a la Asamblea Nacional, declara la “inaplicabilidad de las sanciones” y por lo tanto en Nicaragua se declararían “nulas y sin efecto jurídico alguno, las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros” y según el proyecto de ley “carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional”.
El proyecto establece que ninguna entidad o persona bajo el argumento de las sanciones “podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado”.
El referido documento destaca también que tampoco serán aplicables a las “adquisiciones necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad y defensa nacional”.
Estados Unidos y la Unión Europea han ordenado sanciones contra instituciones gubernamentales como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, dirigentes de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, fiscales, jueces, funcionarios electorales, así como a las máximas figuras del Poder Ejecutivo, afirmando que han cometido violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho.
Dentro de las sanciones, además de retirarles las visas a los altos funcionarios y familiares, también incluyen el no operar en el sistema financiero, así como entes estatales como la Policía y el Ejército.
De hecho el ejército debió desprenderse de acciones que mantenía en un banco a causa justamente de las sanciones estadounidenses, que penaliza al resto de los bancos e instituciones financieras a que mantengan vínculos con los sancionados, de lo contrario son objeto de represalias.
Justamente está es la acción que busca evadir el régimen Ortega-Murillo con el proyecto de ley remitido hace unos pocos días a la Asamblea Nacional,ya que obligaría a las instituciones financieras a prestarles los servicios a entes o personas sancionadas por Washington.
De manera que obligaría a las instituciones financieras (bancos, aseguradoras y otras) a no seguir las disposiciones de Washington a fin de no recibir castigos por parte del gobierno de Nicaragua.
El artículo 5 del proyecto de ley estipula que los entes reguladores de Nicaragua deberán garantizar que las instituciones bajo su regulación (bancos, aseguradoras y otros) “cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado”, pudiendo ponerles sanciones y multas a las entidades que “violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un Estado o grupos de Estado, Gobiernos u Organismos Extranjeros”.
De hecho el régimen Ortega-Murillo amenaza con más a las empresas y señala en el referido proyecto de ley que las instituciones reguladoras pueden aplicar medidas adicionales a los que denominan infractores que puedan llegar a la “suspensión temporal o definitiva de sus operaciones”.
Además de las sanciones económicas, el proyecto de ley establece que se pueden agregar “responsabilidades penales que correspondan por el delito de Traición a la Patria”.
Asimismo, deja abierta la puerta para que los entes estatales, autoridades, funcionarios y ciudadanos puedan pedir la restitución del servicio prestado y el “resarcimiento de los daños si procede”, según la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”.
Poder absoluto
La medida anterior, que dejaría a los entes financieros en una disyuntiva si atenerse a las sanciones estadounidenses o al accionar de los gobernantes de Nicaragua, se suma que el régimen Ortgea-Murillo también ya tramitó una ley que les permite concentrar todos los poderes en sus manos.
La ley, que ya fue aprobada en primera instancia el pasado viernes y debe ser ratificada en enero 2025 para que entre en vigencia por ser reforma constitucional, le otorga calidad de copresidenta a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, traslada al Poder Ejecutivo la coordinación de los poderes Legislativo y Judicial y habilita a que el ejército pueda realizar tareas en apoyo a la Policía Nacional.
También legaliza a los grupos paramilitares y unidades de choque como “policías voluntarios”.
La pareja Ortega-Murillo consolidó un poder único reprimiendo a la oposición política con encarcelamientos de los líderes partidarias y expulsandolos del país, a lo que sumaron quitarles la ciudadanía.
La población que ha salido a protestar también sufre represión violenta de los grupos de choque sandinista, a los que se suman policías, dejando sin espacios el accionar ciudadano.
También han sido objeto de ataques la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes y obispos han sido excarcelados y expatriados, confiscados los bienes de sus televisoras y radios.
Más de 5 mil organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas, así como una docena de universidades privadas. (PD).
