Dos proyectos de ley que entregarían esa obra de grandes dimensiones a una empresa china hasta por un siglo fueron enviados este viernes a una comisión legislativa que inició de forma expedita las consultas (excluyendo a ambientalistas) sobre su viabilidad, previo a la discusión en el plenario el próximo jueves.
Con la construcción del nuevo canal, el Ejecutivo calcula que se elevará el crecimiento del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua de entre un 4-5 por ciento a un 10,8 en 2014; un 15 en 2015 e incluso «doblar» su economía en 2018, según dijo el secretario de políticas públicas del Gobierno, Paul Oquist, a medios oficiales.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, el empleo formal pasaría de las actuales 623.458 personas a 1,9 millones con la construcción de la obra.
Además el Gobierno aseguró que el impacto ambiental no será un problema porque se destinarían recursos económicos para reforestar y cuidar el entorno.
La centenaria obra que demorará en construirse al menos diez años y en principio costará 40.000 millones de dólares (unos 30.700 millones de euros), de aprobarse en el Congreso, donde el oficialismo es mayoría.
El proyecto sería cedido a la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, con sede en Hong Kong.
Construir un nuevo juego de gigantescas esclusas le cuesta a Panamá unos 5.250 millones de dólares y un trabajo de 8 años, entre 2007 y 2015.
La propuesta del presidente Daniel Ortega es entregar durante cincuenta años, prorrogables por otros cincuenta, la concesión del canal a esa firma china, cuyo director Wang Jing, «no es un inversionista, sino un abogado» de una «empresa de papel» sin experiencia en asuntos de esta índole, según critica la oposición.
La idea de construir una vía interoceánica por Nicaragua se remonta a 1826, cinco años después de la independencia de Centroamérica de la Corona española.
El titular del Congreso, el sandinista René Núñez, basado en los archivos legislativos, explicó que fue en 1830 cuando Nicaragua comenzó a promover la construcción de un canal, y tres años después cedió a una sociedad de capitalistas holandeses la primera concesión para iniciar la obra, sin éxito.
En 1849, durante la «fiebre del oro» en Estados Unidos, Nicaragua cedió una concesión a Cornelio Vanderbilt para construir un canal y utilizar la ruta río San Juan-Lago de Nicaragua-Istmo de Rivas, en el sur del país.
En 1850 se dio el tratado Clayton-Bulwer que tuvo como propósito neutralizar esa concesión y garantizar que ni Estados Unidos ni Inglaterra, por su lado, construirían un canal por Nicaragua y que, si se hacía, sería bajo el auspicio de ambos.
En 1887, mediante un decreto legislativo, se aprobó una concesión de 99 años para construir un canal por Nicaragua a través del río San Juan, cruzando el Gran Lago y llegando al Pacífico, a lo que se opuso el Reino Unido por diferencias con Estados Unidos.
En 1904 el Congreso de los Estados Unidos descartó construir un canal interocánico en Nicaragua por una estampilla que mostraba en el Gran Lago de Nicaragua a un volcán en erupción y se decidió por la ruta de Panamá.
Posteriormente, Estados Unidos y Nicaragua mantuvieron vigente, entre 1914 (año que inició sus operaciones el Canal de Panamá) y 1971 un tratado para la construcción de otra vía similar que daba concesiones por 99 años.
El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua incluiría una vía acuática más ancha que el Canal de Panamá ampliado y uno seco ferroviario, oleoductos, puertos y pistas aéreas tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.
La propuesta del Ejecutivo cuenta con el respaldo de la cúpula empresarial nicaragüense que, sin embargo, exige que se preserve el medio ambiente, se dé prioridad a los trabajadores nicaragüenses y a sus empresas en la construcción de la megaobra, y transparencia en la información.
No obstante, la oposición y ambientalistas independientes ponen en entredicho ese proyecto.
El subdirector del ambientalista Centro Humboldt, Víctor Campos, dijo a Acan-Efe que el canal, si atraviesa el Gran Lago, violaría la Ley General de Aguas Nacionales, porque ese cuerpo de agua es una «reserva nacional de agua potable».
Además, advirtió que la profundidad promedio del Gran Lago es de 10 metros y la profundidad que se necesitaría para el canal sería de 24 metros, lo cual implicaría dragar el fondo del lago y eso degradaría la calidad del agua.
Nicaragua estudia cuatro posibles rutas para construir la infraestructura y todas pasan por una parte del Gran Lago, tras descartar dos que pasarían por el río San Juan (frontera con Costa Rica), de soberanía nicaragüense.
Asimismo, la opositora Bancada Democrática Nicaragüense acusó a la compañía china, a la que se le cedería la concesión del canal, de ser «una empresa de papel» y sin dinero para la inversión.
Mientras, los disidentes sandinistas exigen «conocer en detalle de qué empresa se trata, quiénes son sus dueños, qué intereses se mueven detrás de ella, qué capacidades técnicas posee para desarrollar un proyecto de esa envergadura y cuál es su solvencia económica, moral y empresarial».
