Por. Julio Raudales
Tegucigalpa.– La realización personal, el logro del bienestar, la prosperidad y la satisfacción de las necesidades, son siempre objetivos difíciles de alcanzar, debido a que cada persona es en sí misma un universo y sus requerimientos varían con respecto a otros individuos.
He ahí el gran reto de las políticas públicas y de los políticos en el siglo XXI: proveer oportunidades en forma equitativa y abrir los espacios adecuados para que las personas alcancen sus metas de vida por sí mismas.
Pero sobre todo, las buenas políticas deben evitar coartar las libertades individuales mediante impuestos o reglas confiscatorias que, aunque puedan ser motivados por las mejores intenciones, siempre, y subrayo, SIEMPRE terminan por causar infelicidad y frustración a la sociedad que buscan beneficiar.
Lástima que en nuestro país, el concepto de “políticas públicas” se ha reducido en general, a un conjunto de acciones aisladas, desordenadas y casi siempre improvisadas que una administración u otra ejercen durante su mandato, como si no hubiese habido nada antes y no fuera a haber nada después.
Para el caso, durante los años 70, los militares pretendieron aislarnos del contexto bélico que primaba en Centroamérica, mediante el ejercicio de la planificación indicativa de los sectores económicos. Para ello impulsaron la reforma agraria y el desarrollo industrial con el modelo de “Sustitución de Importaciones”.
Sin embargo, la falta de democracia provocó la acumulación de poder de la élite castrense y sus allegados, lo que se tradujo en mayor desigualdad, pobreza y el surgimiento de vastos capitales, producto de la corrupción y el desorden.
Los 80 fueron la primera “década perdida” en todos los sentidos: La entrada de dólares para financiar la “contra” nicaragüense generó una especie de “enfermedad holandesa” que desmotivó la producción; la persecución de jóvenes víctimas de la “Doctrina de Seguridad Nacional” que costó centenares de vidas; la irrupción de un liderazgo político endeble y poco preparado y la incertidumbre causada por la intensidad de la guerra en los países vecinos, no hicieron más que empeorar la situación heredada de la década anterior por los militares.
Con la caída del “Muro de Berlín” y el fin de la guerra centroamericana, retornaron las esperanzas de crecimiento económico y desarrollo, basadas en un proceso de liberalización e integración a la economía mundial.
Se inició una etapa de modernización del estado y sus instituciones, de desmilitarización de la sociedad y de mayor consenso a través de formas innovadoras de dialogo, como el Programa de Concertación Nacional y el Consejo Nacional de Convergencia (CONACON) que después se transformaría en el FONAC.
El balance de la década fue relativamente bueno: la pobreza se redujo en un punto por año (insuficiente pero ya un avance), parecía haber más paz y confianza ciudadana.
Sin embargo, creció en la percepción de que la antigua y corrupta élite castrense había sido sustituida por la de los políticos, quienes no disimularon en el afán de enriquecimiento y las prácticas de corrupción a gran escala.
Luego vino la “segunda década perdida”: Un huracán, seis tormentas tropicales de gran magnitud, el deterioro de la infraestructura vial y la ralentización de resultados en la política social, fueron la Patente de Corzo en los primeros años del nuevo siglo que cerraría para colmo de males con un golpe de estado, producto de una crisis institucional sin precedentes.
Y de allí para acá, todo pareciera deteriorarse. El ingreso de armas sin control iniciada con la “Contra” en los 80, la impunidad ante la violencia y la corrupción, la desintegración familiar provocada por las migraciones, la cooptación de las instituciones políticas por el narcotráfico y la falta de coherencia política tienen al país sumido en la desesperanza.
Tal parece que en Honduras, ni el mercado ni el estado en cualquiera de sus mixturas han servido para avanzar. Lo peor de todo, es que nos hemos dado el lujo de despreciar a ambos y hemos optado sistemáticamente por la improvisación y el desorden que solo sirven para abrir las puertas a las corrupción.
No va quedando más que apostar a una ciudadanía activa, es decir, a entregar de una vez el control social a quienes deberían tenerlo: los beneficiarios. Pareciera que las condiciones están dadas.
Debemos seguir hablando de este tema cuanto antes. Más de Julio Raudales Aquí…
