Según Banegas, en el sector norte de Honduras se han identificado un promedio de cinco casos de esta naturaleza.
No obstante, detalló que en estos casos podría existir infiltración de la información existente en el registro de propiedad y de otras oficinas gubernamentales donde se mantiene registros.
La modalidad común utilizada por los extorsionadores son las típicas llamadas mediante las cuales amedrentan a sus víctimas exigiéndoles fuertes cantidades de dinero.
Recientemente, el pleno del Congreso Nacional aprobó nuevas reformas para endurecer las penas por el delito de extorsión y que van de 15 a 20 años de cárcel.