Tegucigalpa – El Ministerio Público formalizó este miércoles la acusación por dos delitos de fraude y dos por violación de los deberes de los funcionarios a Marco Bográn y Alex Moraes, ambos exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por el caso de los Hospitales Móviles.
– El MP señala que hubo un 63 % de sobrevaloración.
– Ambos exfuncionarios de Invest-H se negaron a rendir declaración respecto a la acusación del Ministerio Público.
– Marco Bográn denunció que no posee una comunicación pertinente con su abogado y su familia.
Por este caso también está acusado el proveedor de los hospitales móviles, el guatemalteco Axel López, quien está en Estados Unidos pese a tener una solicitud de orden de captura.
La acusación del Ministerio Público lo realiza en base al antiguo Código Penal argumentando que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la actual normativa penal.
“El delito de violación de los deberes de los funcionarios con el nuevo Código ha modificado porque se habla de inhabilitación especial cuando con el anterior Código (Penal) tenía algunos años de prisión”, explicó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.
Este miércoles arrancó el juicio oral y público en medio de una expectativa tras ser uno de los principales reclamos durante la pandemia ante este posible caso de corrupción.
Ambos llegaron en horas de la mañana custodiados por militares ante una gran presencia de periodistas en la entrada del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción.
Este juicio está programado para que se desarrolle del 19 al 31 de enero para los medios de prueba documentales, periciales y testificales de ambas partes procesales.
La primera audiencia se desarrolló solo con la presencia de los imputados, sus apoderados legales, los fiscales del Ministerio Público y el representante de la Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante, se restringió la presencia de periodistas dentro de la sala donde se desarrolla el juicio por medidas sanitarias ante la pandemia, explicó la jueza.
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Acusación del MP
El ente acusador del Estado señaló que los siete hospitales móviles no contaban con los requerimientos mínimos de diseño, equipamiento para utilizarse en el manejo de la pandemia.
Además, mencionó en la audiencia que los insumos y equipos médicos mostraban signos de uso y otros presentaban fecha de vencimiento del 2012 y 2016.
El fiscal del Ministerio Público contó que durante la inspección de los primeros dos dispensarios móviles se encontró la factura original de fecha de 20 de junio de 2020.
La factura reflejaba que el costo total de los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula es de cinco millones de dólares, según externó el fiscal.
Adicionalmente, reveló que el monto pagado por esos dos sanatorios fue de 15 millones 900 mil dólares, una diferencia de más de diez millones.
Por otro lado, puntualizó que el monto pagado por la adquisición de los siete hospitales móviles y las plantas de tratamiento de desechos médicos fueron por 47 millones 462 mil 500 dólares (mil 175 millones 171 mil 500 lempiras).
No obstante, el fiscal subrayó que el costo real era 17 millones 628 550.17 dólares (436 millones 052 mil 765.59 lempiras).
De acuerdo al Ministerio Público, la diferencia entre lo pagado y el costo real fue de 29 millones 833 mil 949.83 dólares (737 millones 960 mil 649.41 lempiras), es decir, un 62.85 % de sobrevaloración.
“El excesivo monto pagado y con el que se afectó el patrimonio del Estado no han sido útiles en la mitigación de los efectos que la pandemia ha causado en los hondureños”, declaró el fiscal.
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Crónica de hechos
El fiscal del MP señaló que el 15 de marzo de 2020, Marco Bográn instruyó en el chat de Invest-H denominado “Alta Gerencia-H” la compra de 10 hospitales.
Para el 16 de marzo, Bográn llamó a la empresa HospitalesMóviles.com, el mismo día recibió la respuesta de Axel López vía WhatsApp un archivo adjunto de PDF especificando la oferta y las condiciones ofrecidas por parte de la compañía.
Posteriormente, el 19 de marzo, Bográn y Alex Moraes suscribieron la orden de compra por dos hospitales móviles con capacidad de 91 camas por un monto de 15 millones 900 mil dólares, equivalente A 393 millones 684 mil 729.32 lempiras.
Agregó que el 2 de abril, se suscribió la segunda orden de compra de cinco hospitales, uno de 91 camas y cuatro de 51, también fueron incluidos siete plantas de tratamiento de desecho médico.
De acuerdo al ente acusador del Estado, la orden ascendía a 31 millones 562 mil 500 dólares, equivalía en su momento a 781 millones 487 mil 500 lempiras.
El fiscal comentó que Marco Bográn suscribió la orden de compra sin autorización de Invest-H.
Durante el 19 de marzo al 2 de abril, Bográn y Moraes emitieron las órdenes de pago.
Simultáneamente, Moraes procedió a emitir y cargar los formularios por el concepto de pago de anticipo del 100 % de los hospitales móviles y las plantas de tratamiento de desechos médicos.
Según el MP, los pagos se realizaron en dos transferencias del Banco Central de Honduras a una cuenta registrada en el JP Morgan Chase en Orlando, Florida, a nombre de Elmed Medical System.
Calificó que el procedimiento de compra omitió los principios generales de contratación pública al no exigir la garantía.
Asimismo, el folleto de la empresa proveedora estableció que el plazo de entrega de los hospitales móviles sería entre 15 a 22 días hábiles, pero que se incumplió porque los sanatorios y las plantas de tratamiento arribaron el 10 de julio, 11 de octubre y 20 de noviembre de 2020.
El fiscal indicó que el MP realizó una segunda inspección de los siete dispensarios móviles en sus lugares designados y hallaron que algunos no estaban funcionando y otros son usados para tratar otras enfermedades.
Ejemplificó que el hospital de Tegucigalpa es utilizado para tratar cirugía ambulatoria; mientras que los de Choluteca y Santa Rosa de Copán tienen problemas de fuga en el sistema de tubería en la red de gases medicinales, áreas de cuidados intensivos no tienen espacios suficientes para atender a 46 pacientes, daños en la estructura física y otros.
En los casos de los hospitales de Juticalpa, Danlí y La Ceiba, tienen problemas de voltaje en los transformadores de electricidad.
Bográn denuncia incomunicación en prisión
El exdirector de Invest-H, Marco Bográn, denunció ante el juez que no posee las condiciones necesarias para poder defenderse ante las acusaciones del Ministerio Público.
Bográn contó que en el centro donde está privado de libertad solo recibe 10 minutos para llamadas de teléfono para poder dialogar con familiares y abogados.
Indicó que porta una computadora portátil donde anda con la información del caso, pero que no tiene internet para descargar la información.
En ese sentido, solicitó que le permita tener acceso al material de descarga de los cargos señalados, wi-fi disponible y comunicación permanente con sus abogados y familiares.
Inicialmente, él junto a Alex Moraes se negaron a declarar rendir declaración referente a la acusación presentada por el MP ante la jueza.
Etapa incidental
Previamente a la formalización de la acusación por parte del MP, la jueza admitió la mayor parte de las nuevas pruebas propuestas por las partes procesales durante la fase de incidencia.
No obstante, la jueza consideró que la mayoría de las pruebas admitidas habían sido aceptadas en la audiencia de proposición de medios probatorios.
Entre las nuevas pruebas admitidas está la inspección de una prueba en la bodega de evidencias del Ministerio Público, debido que no puede ser resguardado en la sala de audiencias.
También admitió el informe de Invest-H emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por considerarle útil y pertinente para el proceso judicial-
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia rechazó la petición de la introducción de una perito fiscal por parte del MP para que sirva como traductora de unos documentos y audios que están en inglés. (ag)
