MP ejecuta Operación Omega contra la corrupción y crimen organizado

 Tegucigalpa – El Ministerio Público ejecuta este jueves la Operación Omega, como parte de los esfuerzos de lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza, la corrupción, el impacto de la violencia y otros hechos criminales a nivel nacional.

–    La operación se desarrolla en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Atlántida.

La operación es coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y se tiene previsto ocho aseguramientos de bienes y dos son sociedades mercantiles, informó el Ministerio Público en un comunicado.

Los bienes asegurados son propiedad del ciudadano estadounidense Mark Adrián Warfield, condenado por el Tribunal del Distrito del Condado de Harris por tres delitos graves de posesión de cocaína con intensión de distribución, robo y robo de servicios, cuyos ilícitos se extendieron hasta el país.

En contra de este extranjero, quien residió en Honduras, se recibió una denuncia que fue investigada por la Fescco, en la que se constataron una serie de inversiones con la adquisición de bienes y pagos en dólares, desconociéndose el origen legal del dinero.

Según la Fiscalía General, el ciudadano estadounidense fue detenido y extraditado el 20 de octubre de 2012 por orden emitida por el Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas por los delitos de estafa continuada y evasión.

Por otra parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), luego de diligencias conjuntas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso un requerimiento fiscal en contra Germán Othoniel Turcios Escobar.

Turcios funge como secretario adjunto del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, acusado por el delito de falsificación de documentos públicos para supuestamente favorecer irregularmente a una demandada con un desembargo de salario.

Al trabajo de la Operación Omega se anexan las investigaciones de la FETCCOP y la ATIC en las municipalidades de San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y Omoa y Macuelizo, donde se verifican presuntos delitos en perjuicio del erario y por el otorgamiento de permisos y contratos.

Asimismo, fiscales anticorrupción también presentarán acusaciones por supuestas irregularidades de empleados del Registro Nacional de las Personas (RNP) de Tegucigalpa y se decomisan documentos en la oficina regional de esta misma institución en San Francisco, Atlántida.

De su lado, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) llevará a cabo diligencias investigativas en diferentes instituciones del Estado, con el objetivo de recopilar información sobre el Proyecto Copeco-Mitigar que se efectuó entre los años 2011-2015.

La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, realizará acciones penales por el delito de abuso de autoridad por parte de funcionarios del Registro de la Propiedad (IP) de La Ceiba, Atlántida, mientras que por los delitos de incendio y daños al medio ambiente en el municipio de Jutiapa, se interponen acciones por afectaciones causadas a comunidades garífunas.

Adicionalmente, se interpondrá acusación por el delito de usurpación en perjuicio de la tribu tolupán Agua Caliente de Reinada, en el departamento de Yoro.

Además, se efectuarán unas 30 inspecciones, siete de ellas en el municipio de Copán Ruinas relacionadas a daños al patrimonio cultural en la zona arqueológica de Copán y en las comunidades indígenas maya chortí de ese sector.

Asimismo, se continúan las diligencias in situ sobre el asesinato del dirigente de la etnia lenca y precandidato a diputado por el departamento de La Paz, Félix Vásquez López, en coordinación con la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).

Otros casos presentados por fiscalías regionales, tienen que ver con tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, homicidios, femicidios, violaciones, otras agresiones sexuales, maltrato familiar, defraudación fiscal, violación a la propiedad intelectual e industrial, violaciones a derechos humanos y delitos ambientales.

Según el comunicado, fiscales del Ministerio Público en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ATIC y diferentes fuerzas policiales y militares, darán una respuesta a las víctimas de diversos delitos y harán que se castigue a los transgresores de la ley, por lo que se espera una gran cantidad de capturas, allanamientos, decomisos y además labores preventivas. JP

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