Misión de observación electoral de la UE recomienda transparentar financiamiento de campañas políticas

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), presentó este jueves en esta capital, el informe final sobre los comicios generales celebrados el pasado 24 de noviembre, donde entre una serie de sugerencias, recomienda todas las medidas necesarias para transparentar y limitar el financiamiento de las campañas políticas.
 

El informe fue presentado por los miembros de la MOE-UE, encabezados por la jefa de la misión, diputada Ulrike Lunacek y el jefe adjunto de la misión de observación de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, para el conocimiento del gobierno, el TSE , los partidos políticos , la sociedad civil y el pueblo hondureño.

Como resultado de su observación, y tras tomar nota de muchas ideas surgidas en debates con ciudadanas y ciudadanos hondureños, la Misión de Observación Electoral de la UE, sometió a la consideración de los poderes del Estado, las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil varias recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales en Honduras.

El documento advierte que algunas de las recomendaciones requerirían reformas legales; otras, por el contrario, podrían implementarse simplemente aplicando de forma más estricta las normas existentes.

«De cualquier manera, sería conveniente que la implementación de las recomendaciones o de cualquier reforma tendiente a fortalecer la democracia en Honduras contase con el consenso político e institucional más amplio posible para que éstas se conviertan en normas y procedimientos eficaces, aceptables y duraderos», señala.

La MOE-UE considera que el marcado pluralismo del nuevo Congreso abre espacios para que, con voluntad política, se adapte la legislación electoral a la nueva realidad del país y se supere la tradicional desconfianza de partidos y ciudadanos en la administración de los procesos electorales hondureños.

Administración electoral

Indica que para fortalecer la confianza de los partidos políticos y de la opinión pública en general hacia la administración electoral y sus componentes en todos los niveles, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se beneficiaría de una despolitización, con nombramientos que se hiciesen de acuerdo a criterios legalmente establecidos de neutralidad política y competencia técnica.

Destaca que un mecanismo inclusivo y responsable para nombrar a los magistrados del TSE, podría ser el establecimiento de un comité de selección o postulación compuesto por una amplia gama de miembros de la sociedad civil que, tras un análisis de sus cualificaciones y trayectoria profesional, propondrían candidatos idóneos para su elección por una mayoría cualificada del Congreso Nacional.

A criterio de la misión, a partir de ese momento, el TSE podría designar a los miembros de sus representaciones descentralizadas en los departamentos y municipios del país de acuerdo con los mismos criterios y a través de un proceso público y recurrible.

Añade que el reclutamiento de custodios electorales ha sentado un precedente positivo para el despliegue de administradores electorales neutrales. En esa misma lógica de neutralidad, el proceso de despolitización debería llegar al nivel de las mesas de votación, de manera que los miembros de éstas dejasen de ser nombrados por los partidos.

«Naturalmente, ello no puede implicar, en ningún caso, una pérdida de acceso por parte de los partidos a las distintas operaciones electorales. Por ello, en este modelo que se recomienda, los partidos deberían destacar representantes con funciones de supervisión y pleno acceso a documentos y procesos tanto en las mesas de votación como en todos los restantes niveles de la administración electoral. La claridad, orden y equidad del proceso de votación mejorarían si se limitase a un máximo de un representante por partido simultáneamente en cada mesa de votación y si todos los representantes estuviesen claramente identificados en todo momento», recomienda la misión.

Sistema electoral

Sugiere que para que se atribuyan los escaños en el Congreso Nacional manteniendo el respeto al principio de la igualdad del voto, sería útil que la Ley Electoral estipulase una fórmula para la asignación de escaños por departamento, así como un mecanismo para actualizar las cifras de acuerdo con los datos más recientes de población o de votantes.

Sufragio activo

Refiere que la Constitución define el voto como un derecho y un deber. Sin embargo, el sistema actual deja a un gran número de ciudadanos fuera del proceso. Para que el proceso electoral sea más inclusivo, sería recomendable que se tomasen las medidas necesarias para garantizar el voto de los discapacitados, de los hospitalizados, de los detenidos sin sentencia y de los estudiantes de las academias militares y de Policía, teniendo también en cuenta el debate nacional sobre la posibilidad de modificar los preceptos constitucionales que no permiten el voto a las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.

Padrón electoral y cedulación

El documento establece que para asegurar un censo de votantes preciso y fiable, la propuesta del Registro Nacional de las Personas (RNP) de realizar un nuevo censo desde cero, o en su defecto, llevar a cabo una depuración y actualización profunda del existente, sería una estrategia práctica para evitar la inclusión de fallecidos en el censo, mientras que los emigrantes podrían registrarse de nuevo si vuelven a residir en el país.

Igualmente, una modernización del sistema de tarjetas de identidad, también prevista por el RNP, proporcionaría ulteriores salvaguardias para garantizar que todas las personas tienen una sola.

Asimismo, la anterior práctica de distribuir tarjetas a través de los partidos políticos debería ser abandonada definitivamente. Un Registro Civil modernizado y permanentemente actualizado sería una herramienta esencial no sólo para propósitos electorales, sino también para el diseño e implementación de una amplia gama de políticas públicas, asevera la misión de la UE.

Destaca que el proyecto piloto del RNP para despolitizar la solicitud y distribución de tarjetas de identidad fue un avance significativo hacia el acceso directo de ciudadanos a los servicios de registro. Particularmente, los planes del RNP de modernizar sus sistemas de registro civil por medio de una mayor computarización y de reforzar la capacidad y la imparcialidad institucional de su personal en las oficinas del registro municipal, contribuirían a un servicio público seguro y fiable, así como a la provisión de un elemento esencial de los procesos electorales.

Indica que la entrega del Censo Electoral a todos los partidos políticos fue un ejemplo de administración transparente y podría ser complementada con la publicación de cifras de registro globales para el público general.

Observación electoral

Para preservar otro de los elementos que contribuyeron a la transparencia del reciente proceso, la observación nacional e internacional, sería muy conveniente que la estrategia del TSE en esta materia se mantenga tanto en la práctica como en su regulación, que respetó sin restricciones los principios internacionales de acceso a los procesos y lugares relevantes.

Quejas, impugnaciones, recursos y delitos electorales

Para la misión de observación de la UE, sería útil desarrollar y divulgar un marco exhaustivo para reclamaciones para asegurarse de que los partidos políticos, la opinión pública general y las instituciones relevantes son plenamente conscientes de dónde y cómo se pueden presentar reclamaciones con respecto a distintos elementos del proceso electoral, desde el censo de votantes y la campaña hasta el voto y los procesos relativos a los resultados. Igualmente, el establecimiento de plazos para resolver las reclamaciones ayudaría a garantizar que estas se resuelven a tiempo, como ya ocurre con las referidas a los resultados.

Añade que igualmente, sería recomendable que el Estado fortaleciese la capacidad de investigación del Ministerio Público y lo dotase de los recursos técnicos y financieros apropiados, de modo que la fiscalía de delitos electorales pueda instruir e investigar toda reclamación con celeridad y de forma imparcial e independiente.

«Sólo esas investigaciones pueden conducir a la celebración de juicios por delitos electorales que contribuyan a reducir la impunidad en este ámbito», acota.

Partidos políticos

La MOE-UE recomienda a los partidos políticos que, en aras de la igualdad de oportunidades, acuerden cambios legislativos que limiten la duración de la campaña electoral, fijen un límite al gasto, transparenten las fuentes de financiación y sancionen a los infractores de las normas en esta materia.

Considera que una posible forma de lograr un control efectivo del gasto de los partidos sería convertir al TSE en la única institución autorizada a contratar publicidad electoral. Esto requeriría que tanto los medios de comunicación como las empresas publicitarias que quisiesen trabajar con propaganda de los partidos se registrasen en el organismo electoral para hacerlo, y que los partidos sólo pudiesen contratar servicios con dichas empresas a través del Tribunal Supremo Electoral.

Cualquier violación de las normas de financiación de campaña o de las leyes en materia de transparencia de la información pública, detectada por el TSE o denunciada ante el mismo, habría de ser sancionada dentro de los límites de la campaña electoral, según la UE.

Medios de comunicación

Para la misión, sería recomendable la prohibición de la propaganda institucional del gobierno durante la campaña electoral puesto que a través de ella, los partidos oficialistas se benefician indirectamente de una mayor visibilidad, que es pagada con recursos públicos.

Igualmente, y ya fuera del periodo de campaña, la MOE-UE considera importante la adopción de criterios legales para asegurar que la publicidad institucional se reparte de modo equitativo y no discriminatorio entre los diferentes medios de comunicación, dado que ésta supone una importante fuente de ingresos para los mismos.

Asimismo, sería conveniente que el uso de las cadenas nacionales, de emisión obligatoria para todos los medios electrónicos, se limitara efectivamente a situaciones de emergencia o interés nacional, al menos durante la campaña electoral.

En aras de un mayor equilibrio en el acceso a los medios, la misión recomienda la introducción de medidas normativas que garanticen una cobertura equitativa del contenido informativo en los medios de comunicación electrónicos públicos y privados durante la campaña electoral. Con ese mismo fin, la recomienda a los medios la adopción de estándares voluntarios que fomenten una cobertura equilibrada de las campañas.

Resalta que dada la alta incidencia de homicidios de profesionales de la información en Honduras, sería recomendable reforzar y acelerar la investigación de esos casos, tal vez a través de una unidad especializada dentro de la Fiscalía.

Igualmente, y con fines preventivos, podría ser útil que gobierno y profesionales de la información abordasen de manera conjunta la posibilidad y conveniencia de adoptar medidas de protección efectivas para estos sin menoscabo de su autonomía e independencia.

Pueblos indígenas y afrohondureños

Con el objetivo de garantizar la participación política libre e informada de los pueblos indígenas y afrohondureños, es recomendable que el TSE traduzca a las lenguas maternas de estas comunidades los documentos electorales relevantes para la comprensión pública del proceso, reconociendo así el carácter pluricultural y multilingüe de Honduras, recomienda.

Participación de la mujer

En el informe, se relaciona que la cuota mínima del 40 por ciento de mujeres en las listas de candidatos en las primarias no ha garantizado una representación equilibrada de género en los puestos electivos (especialmente a nivel municipal) al combinarse con un sistema electoral de listas abiertas, en el cual los candidatos y candidatas de un mismo partido compiten entre sí por los votos preferenciales.

Agrega que las preferencias de los votantes son las que determinarán que uno u otro resulte elegido, dejando en manos de éstos, la decisión de poder o no votar por mujeres en el porcentaje asignado por la cuota.

Para aumentar el número de mujeres en dichos puestos, sería aconsejable considerar mecanismos que dotaran de mayor eficacia en la práctica a los porcentajes fijados en las cuotas. Asimismo, es recomendable que se potencien las campañas de educación al votante dirigidas a mujeres, especialmente a mujeres rurales, indígenas, afrohondureñas, y jóvenes.

Finalmente, sería recomendable que el TSE promoviera a un mayor número de mujeres a los niveles superiores de la administración electoral y que el Congreso introdujera criterios de equidad de género en la designación de los propios magistrados.


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