Ministerio Público, ¿de qué madera se construirán las reformas?

Tegucigalpa – Creado mediante decreto número 228-93 y puesto en vigencia el 6 de enero de 1994, el Ministerio Público o Fiscalía del Estado surge como parte de un proceso de reformas institucionales impulsadas en Honduras, luego de una crisis en el sistema de seguridad, en particular en la fatídica Dirección Nacional de Investigación (DIN), cuya corrupción fue denunciada por uno de sus agentes, conocido como Elí Zúniga, quien falleciera recientemente.
 

Era la oleada de las reformas en Honduras post guerra fría. Se creó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, se eliminó la DNI y más adelante se separó la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas. El país comenzaba a darle sentido a su institucionalidad.

El Ministerio Público es el organismo independiente de los tres poderes del Estado y su obligación ineludible es la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal pública, la vigilancia en el cumplimiento exacto de la condena, así como la sujeción estricta del órgano jurisdiccional a la Constitución Pública y las leyes, constituyéndose en el representante, defensor y protector de los intereses generales de la sociedad y en auxiliar de los tribunales, sostiene su Ley Constitutiva.

La elección del primer fiscal general, en la figura de Ángel Edmundo Orellana, tuvo su propia tónica. Luego de esa faceta la elección de su sucesor, marcaron condicionamientos políticos según revelan los informes locales de prensa de la época. Aún así la mística institucional no había caído en declive como ahora.

Esta elección se dio mediante una nómina enviada por la Comisión Ad Hoc que se creó para dar vida a esta figura institucional.

Primeros torpedeos legales

En el período del segundo fiscal, Roy Medina, -cuya elección surge de la Junta Proponente que manda la ley de ese organismo–se afinan los mecanismos internos para la elección del fiscal general y su adjunto, se elabora un reglamento y entra con mayor beligerancia la Junta Proponente, así como instancias de sociedad civil en la llamada Coalición por el Fortalecimiento de la Justicia. Pero los casos de lucha contra la corrupción sufren cierto estancamiento.

El esfuerzo de dar mayor institucionalidad a los procedimientos del Ministerio Público, empieza a ser torpedeado cuando se está a las puertas de elegir el sustituto de Roy Medina, al impugnar un abogado el Reglamento de selección y alinearse en este esfuerzo entes de control como la Procuraduría de la República y el mismo Poder Judicial, entre otros. Así lo revela un informe de la Coalición.

La Junta Proponente tampoco tenía muy claro los mecanismos de elección y se hacen observaciones para mejorar el proceso de selección. Los proponentes envían al Congreso la lista de candidatos y los diputados eligen así al abogado Ovidio Navarro como Fiscal General y al también abogado, Yuri Melara, como Fiscal Adjunto.

Crisis y renuncia de Navarro

Navarro, quien era magistrado del Poder Judicial, renuncia al cargo y asume sus funciones como fiscal general. Melara se convierte en su adjunto.

La llegada de Navarro trae consigo la primera crisis institucional pública de la Fiscalía del Estado, cuando decide suspender a 10 fiscales de carrera quienes lo denuncian de haber ordenado engavetar importantes casos de corrupción. Los fiscales denuncian el atropello y su lucha concluye con la renuncia del fiscal general y el adjunto el 25 de junio de 2005.

Los 128 diputados por aclamación presionaron por la renuncia de las máximas autoridades de la Fiscalía General del Estado y la aceptan sin titubear.

Al no completar su período Navarro y Melara, el Congreso elige como sustitutos a Leónidas Rosa Bautista y a Omar Cerna, como parte de las negociaciones políticas en el hemiciclo, registraron entonces los medios de prensa.

La huelga de los fiscales

Pero el 7 de abril de 2008, estalla la segunda gran crisis en el Ministerio Público con la llamada “huelga de fiscales”, iniciada originalmente por cuatro fiscales que se apostan en los bajos del Congreso Nacional y denuncian presiones porque no se siga combatiendo la corrupción y otros casos de interés nacional y social.

La iniciativa de los fiscales sacudió los cimientos de la sociedad hondureña, al sumarse gente común, líderes religiosos, del sector justicia y de derechos humanos a la huelga de hambre. La gente montó vigilia y tras intensas negociaciones, desgastantes y a veces de mucha confrontación, la misma se suspende. No logran que se vaya el fiscal general ni el adjunto, pero sí evidenciar que la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Ministerio Público era contracorriente.

También obtienen otra serie de reformas internas. Rosa Bautista y Cerna culminan el período para el que fueron electos y se elige a un nuevo fiscal general y adjunto que recae en la figura de Luís Rubí y Roy Urtecho.

Pero la institucionalidad del Ministerio Público venía en picada y trascienden informes nacionales e internacionales que develan la colusión en importantes dependencias internas de ese organismo con la corrupción y la impunidad.

La politización que se produjo poco después de sentados los cimientos del Ministerio Público que si bien fue creado para responder a la institucionalidad, no tardó en ser marcado por la huella del bipartidismo, hecho que se fue agudizando con el paso del tiempo, hizo el quiebre institucional en esa dependencia, en donde el Congreso ha sido un actor trascendental, según los informes elaborados al respecto.

La salida de Luís Rubí

En tanto, el país sigue su ritmo ascendente en el clima de inseguridad y violencia que lleva a los congresistas a llamar a una rendición de cuentas a los operadores de la cadena del sector justicia, entre ellos el fiscal general y su adjunto. Su disertación no convence, los diputados se sorprenden al escuchar cifras y datos que cada año les venía rindiendo el fiscal general, pero que no eran importantes hasta que el Ministerio Público comenzó a incomodar congresistas y sectores de ciudadanía.

Se nombra así una Junta Interventora, cuya figura legal es cuestionada por algunos sectores, se suspende al fiscal general y al adjunto. La interventora rinde su primer informe al Congreso altamente demoledor de la gestión de Rubí y Urtecho. Ellos piden dos cosas: la separación del fiscal general y adjunto; y la elaboración de una nueva ley del Ministerio Público.

La comisión especial nombrada al respecto por el congreso, acata las recomendaciones de la interventora a quien amplía sus funciones. Los congresistas recomiendan llevar a juicio político a Rubí y su adjunto, así como realizar a la brevedad una nueva ley del Ministerio Público.

Estas acciones obligan a Rubí y Urtecho a dimitir en forma irrevocable al cargo, siguiendo el camino que al respecto habían inaugurado Navarro y Melara. De esta suerte, la institucionalidad del Ministerio Público, agoniza.

Así, el ejercicio de la acción penal pública sigue dando tumbos en el país y una institución que surgió con el vigor de las reformas democráticas en Honduras, hoy pasa por uno de los atolladeros más profundos.

El camino para la nueva ley está abierto y si bien la comisión de seguridad del parlamento es un protagonista central, es especialmente la Junta Interventora del Ministerio Público, la que deberá mostrar de que madera está hecha al ser el timón de un proceso de reforma que puede terminar siendo presa de la política partidaria, de quienes apuestan al estancamiento de las reformas y al fortalecimiento de la impunidad en Honduras o de una salida que fortalezca la institucionalidad.

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