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Militares, ¿un paso atrás?

Tegucigalpa – El anuncio del presidente Lobo Sosa de promover reformas constitucionales para dar a las Fuerzas Armadas un “rol permanente” en las labores policiales, ha puesto nuevamente en el debate público el papel de los militares en Honduras, máxime cuando desde Washington surgen voces que desde la Casa Blanca advierten que dar a los uniformados papeles fuera de su esquema, abre la ventana para el retorno a las violaciones de derechos humanos que caracterizó a los ejércitos de América Latina desde la década de los setenta a mediados de los noventa.
 

Funcionarios estadounidenses de alto nivel son del criterio que si bien las circunstancias de América Latina y de América Central ponen a la región en un contexto de inseguridad y violencia, la función de los militares en apoyo a este papel debe ser “temporal” y no permanente, al recordar que no se debe olvidar el pasado histórico de los militares de violadores de los derechos humanos y desapariciones forzadas de personas.


En el caso de América Central, los ejércitos centroamericanos–a excepción de Costa Rica que no tiene fuerzas armadas—se vieron implicados en una guerra de baja intensidad por razones político ideológica fomentadas por Estados Unidos. Miles de centroamericanos murieron en esa guerra fratricida.


En Honduras, la doctrina de seguridad nacional llevó a la desaparición forzada de 187 personas según un informe estatal que responsabiliza de estos actos a las Fuerzas Armadas, que crearon en los años ochenta un grupo élite de escuadrón de la muerte llamado batallón 3-16.


El oscuro pasado de los uniformados

Estos acontecimientos llevaron al país a promover reformas en donde se despoja de la autonomía a las fuerzas armadas, se nombra un ministro de defensa, civil y se les quita el control de instituciones claves, que hoy nuevamente poseen como parte de los coqueteos políticos con los uniformados, en detrimentos del fortalecimiento del rol civil sobre los temas de la defensa nacional.


Esta involución de dar al ejército un rol que no corresponde lo inició el derrocado ex presidente, Manuel Zelaya, al darles el control de la ENEE y otras funciones en donde incluso estuvo a punto de convertirlos en albañiles y arquitectos.



Por los hechos de los años ochenta, ninguno de los militares sindicados como responsables fue enjuiciado, muchos incluso ostentan y han ostentado puestos relevantes en la administración pública, pero las Fuerzas Armadas cayeron en un descrédito sin precedentes, del cual lograron levantarse, para abrir una nueva fricción con la crisis política de 2009.


Pese a la factura que les pasó la crisis política de hace casi tres años que concluyó con la salida del poder del ex presidente Manuel Zelaya, las Fuerzas Armadas han logrado mantenerse entre las cuatro instituciones de mayor confianza en el país.


Su presencia en los llamados “operativos relámpagos” combinados con la policía obedece a dos hechos puntuales: la corrupción y pérdida de legitimidad de la policía, y a la desafiante presencia del crimen organizado que invadió también la esfera policial.


Pero “Relámpago”, no ha podido contener la violencia, porque ésta si bien presenta un “control relativo” en Tegucigalpa, en el resto del país los crímenes por cuantía aumentaron. Incluso, en la zona de Olancho, donde los militares se ufanaron de “recuperar” el territorio, la lucha entre carteles continúa y los medios de prensa reportan crímenes que no son contabilizados por la autoridad. Se corre el riesgo de contar, así, con registros oficiales poco confiables, de corroborarse este extremo.



Las advertencias de Washington

Es en este contexto, el anuncio del presidente Lobo de buscar dar a los militares un rol policial permanente ha crispado a la opinión política e incluso militar del país.


Tras ampliar por 90 días el decreto de emergencia en donde otorgan a las fuerzas armadas sus funciones de policía, Lobo Sosa es del criterio que se viven nuevos tiempo y nuevos retos para los ejércitos.

“Yo voy a tratar de que en mi gobierno participen (los militares) en darle seguridad a la gente, esa va a ser mi lucha. No me importa si me lleva a reformas constitucionales”, dijo el presidente hondureño.

Editoriales de importantes medios de comunicación advierten de los riesgos de esas declaraciones, recuerdan el pasado trágico de los militares en Honduras y algunos incluso se preguntan si el interés del gobernante se centra en eliminar el ejército para convertirlo en una “guardia civil” como a inicios del siglo pasado, al servicio de la clase política.

A su vez, el ex jefe de las fuerzas armadas, Mario Hung Pacheco, es del criterio que el papel de los militares ya está definido en la Constitución y que darles otras funciones, corren el riesgo de contaminarse como ha sucedido con la policía que vive en aparente colusión con el crimen organizado.


El ex presidente del congreso nacional, Rafael Pineda Ponce, advierte del interés gubernamental en crear una “guardia pretoriana” que lejos de fortalecer la democracia, la volvería más vulnerable.


En la antesala a este anuncio del gobernante hondureño, en Washington el subsecretario de Defensa Adjunto para las Américas, Paul Stockton, dijo en una comparecencia ante el Congreso que dar a los militares funciones más allá de las debidas, se corre el riesgo que los ejércitos violen los derechos humanos cumpliendo funciones de seguridad interna.


“Los retos en materia de seguridad ciudadana son enfrentados mejor por instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, aunque es una decisión soberana de cada país”, dar el rol que deseen a los ejércitos, acotó.


“Si los militares cometen violaciones a los derechos humanos, pierden el respaldo popular y ello hace más difícil alcanzar el objetivo final”.


Recordó que en Colombia en la lucha contra el crimen organizado, los militares cometieron excesos, al grado que presentaban rebeldes muertos en combate a civiles que fueron asesinados y secuestrados por los uniformados. Este un caso a estudiar, dijo, al señalar que tras ese capítulo, las fuerzas armadas colombianas han entrado en una depuración donde “han avanzado genuinamente” y puede ser un “caso de estudio”.


La embajadora de Washington ante la OEA, Carmen Lomellin, dijo que entienden la preocupación de los países centroamericanos, en sus estrategias por frenar la inseguridad, pero “creo que esa decisión (de usar a las fuerzas armadas) necesita ser tomada con mucho cuidado, por la historia pasada”.


“Se debe observar la historia de las Américas y su relación con los militares, por razones obvias”, acotó la embajadora.


A su vez, el Secretario Adjunto de Estado de la Oficina Antinarcóticos, William Brownfield, dijo hace tres semanas en Washington que el rol de las fuerzas armadas en las tareas de apoyo a la seguridad y lucha contra el narcotráfico debe ser “temporal” y no permanente. Ellos tienen otros papeles a jugar, destacó.


En este debate que apenas inicia, la apuesta se centra en saber si una vez introducida al Congreso la iniciativa que piensa enviar el presidente Lobo Sosa, los partidos políticos seguirán la tendencia de ser un instrumento al servicio de la clase político-militar o reasumen un rol ciudadano en el cual la conducción de la defensa y la seguridad es también un asunto de civiles. La incógnita a despejar es hasta dónde los militares están dispuestos a dar un “paso atrás”.


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