Estas instituciones no han recibido «ninguna queja contra nuestro personal naval o de migración por los hechos que se mencionan, ni como recomendación a través de algún organismo de derechos humanos», dijeron.
Aseguraron que «se ha iniciado una investigación» sobre los hechos y que «de existir algún delito que perseguir, de la naturaleza que éste se trate, se sancionará a los posibles infractores conforme a Derecho».
«Ambas instituciones ratificamos nuestro compromiso de continuar realizando nuestras funciones con estricto apego a la ley», dijeron, y aseguraron que en sus operaciones contra el tráfico de personas «se tiene especial cuidado de garantizar los derechos elementales de las personas».
Por México cada año pasan decenas de miles de centroamericanos indocumentados que se suman a medio millón de mexicanos que buscan cruzar a Estados Unidos.
En marzo pasado el relator especial de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Migrantes, el mexicano Jorge Bustamante, dijo que las violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos por parte de las autoridades mexicanas superan las del Gobierno estadounidense contra los mexicanos en ese país.
«Hay violaciones de derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos en México peores de las que padecen nuestros compatriotas en Estados Unidos», afirmó en marzo Bustamante a un grupo de senadores durante una visita a México.
