La economía y todas las demás dimensiones orientadas al bienestar nacional, son producto del esfuerzo concertado de la gente y sólo tienen valor en función de ella, tal como lo evidencia la realidad internacional y la normativa que regula nuestra vida en sociedad y fundamenta el actuar responsable de la autoridad estatal. Ello se refleja en la Constitución de la República y los respectivos parámetros normativos internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible, al señalar que la persona humana es el sujeto central, el participante infaltable y el beneficiario del proceso y de las políticas del desarrollo nacional.
En consecuencia, si no se protege la vida, salud y otros derechos de las personas y del pueblo, en particular su derecho al desarrollo, la razón de ser de la sociedad hondureña resultará frustrada y vulnerado su Estado democrático de Derecho. Por eso, nuestros problemas de seguridad y desarrollo requieren de solución democrática, probada y acreditada con respuestas a la atención debida de las necesidades vitales o esenciales para la consecución o logro del progreso social de todas las personas, en particular de las pobres o en situación de discriminación y exclusión social.
Ello implica que los problemas de la sociedad y del Estado, por medio del desarrollo sostenible, deban resolverse participativamente con un enfoque global de lo político, económico, social, cultural y medio ambiental, y desde una perspectiva de dignidad humana. Sin embargo, para asegurar los resultados esperados, superar la actual crisis e iniciar el desarrollo sostenible con la reconstrucción nacional: hay que tomar medidas preventivas ante la evidencia histórica de que, en Honduras, la amenaza recurrente está en la falta de cumplimiento tanto de los compromisos contraídos, como de la aplicación de la Constitución y las leyes. Esa situación de incumplimiento es inadmisible jurídica y éticamente porque es debida a la indolencia social de personas que, por su provecho individual, de grupo o ideología política, desconocen y desprecian el bien común del pueblo que debe hacerse prevalecer, conforme al Estado democrático de Derecho. Actitud que expresa rechazo de sus deberes humanos y cívicos, y de las responsabilidades legales y éticas individuales en el servicio público al cual sirven o, en su caso, al de las organizaciones sociales o del sector empresarial que dirigen o en donde trabajan, defienden o siguen sus intereses gremiales.
Para el efectivo impacto social de los resultados esperados, importa mucho el procedimiento participativo e inclusivo utilizado para determinarlos, velar por su cumplimiento y reforzar su sostenibilidad. Es ahí. donde se destaca la trascendencia del diálogo social y político, con la participación de representantes sociales, políticos y estatales, capaces y confiables, bajo la supervisión del pueblo soberano y teniendo presente que, todas y todos, tenemos la responsabilidad de promover y proteger un orden político, social, cultural, económico y medio ambiental, que sea apropiado para el desarrollo sostenible.
En suma, el logro de soluciones democráticas a los problemas de mayor o menor complejidad social, con una visión integral de la realidad y con perspectiva de dignidad humana, requiere de ciudadanas y ciudadanos con actitud cívicamente responsable, en la vida social o privada y en el desempeño de cargos públicos. Esa comprensión, por quienes dirigen el Estado y los actuales liderazgos sociales incluyendo los empresariales, hará factible la progresividad de la reapertura en la crisis actual, así como la superación de ésta, dando la prioridad al derecho a la salud y a la vida, y a todos los derechos humanos de los trabajadores, de los consumidores, de las comunidades y de todo el pueblo que tiene también el derecho al desarrollo, al medio ambiente sano y a la resiliencia frente al cambio climático.
Así, se podrá sostener racionalmente la reapertura progresiva y vincularla con la reconstrucción sostenible y transformadora de Honduras, mediante el avance al ritmo de la eficacia de la prevención; de la disponibilidad gratuita de vacunas para toda la población que las necesita; de los medicamentos y tratamientos que se requieran por quienes se enfermen; así como de la reparación e indemnizaciones correspondientes a las familias, en caso de muerte de uno de sus miembros, cuando ese desenlace se haya debido a la falta de diligencia debida del Estado, de las empresas, de los partidos políticos o de organizaciones sociales, salvo en casos derivados de la indolencia de las personas y familias afectadas o de su negativa a seguir las medidas de bioseguridad, vigilancia, vacunación o tratamiento.
El compromiso y la voluntad política, para adoptar y hacer efectivas soluciones democráticas, debe estar a la altura del compromiso cívico de las personas como servidores públicos o de su desempeño como ciudadanos y ciudadanas responsables, en actividades independientes, de organizaciones políticas, sociales o empresariales, incluyendo las académicas y religiosas; en suma, del compromiso social de todas y todos los habitantes de Honduras. Eso significa que el medio más efectivo para la solución eficaz y confiable de los problemas locales y nacionales, es la voluntad solidaria por el bien común de las personas, garantizada con la participación ciudadana y responsabilidades estatales e individuales, de las cuales debe rendirse cuentas. Es esa la mejor respuesta de titularidad nacional que la nación hondureña daría a la solución progresiva de sus propios problemas y a la proyección de su verdadera y digna imagen en el mundo, para contribuir, como real Estado democrático de Derecho, a crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo sostenible.
