En mi reciente informe preliminar, de 7 de noviembre, sobre los flujos masivos de migrantes hondureños hacia el norte de América: recomendé la implementación transparente y verificable, lo más pronto posible, de un Plan Nacional
de Apoyo Subsidiario a la Seguridad Humana y el Desarrollo Local Sostenible que complemente la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo, de cada uno de nuestros municipios e incluya, en todos ellos, una Estrategia de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable.
El objetivo es tener prontamente un plan y estrategia de acción que garanticen la eficacia del impacto social materializado en bienestar progresivo de nuestras comunidades municipales y en la gobernabilidad democrática de nuestros municipios.
En ese sentido, he llamado, al Estado, a orientar más los recursos del Presupuesto General de la República a la inversión social en todos los municipios de Honduras, en particular en salud, educación, vivienda, trabajo, y en todos aquellos sectores que contribuyan a mejorar la condición de vida de los habitantes (con atención especial a los grupos más necesitados, pobres o vulnerables de la población), y a promover el crecimiento económico inclusivo y con equidad.
He solicitado, utilizar igualmente los recursos económicos y capacidades previstos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte, así como los asignados a la implementación en Honduras de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y los de eventuales programas trilaterales de cooperación para el desarrollo sostenible, entre Honduras, México y los Estados Unidos de América.
He recomendado complementar esas medidas, solicitando formal y prioritariamente cooperación internacional al desarrollo sostenible de Honduras que complemente los recursos y capacidades nacionales que se necesitan para la ejecución eficaz (de manera transparente, verificable y con rendición de cuentas) de dicho Plan y estrategia nacionales.
Como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, he puesto a la disposición del Estado, espacios de entendimiento entre comunidades y autoridades municipales para apoyarse solidariamente en la construcción de seguridad humana para el desarrollo local sostenible, en seguimiento de la estrategia conocida con el nombre de “Municipios de Bienestar Solidario”, que es modelo propio hondureño, en curso de ejecución, desde hace dos años, en treinta y seis municipios en los dieciocho departamentos de Honduras.
En este espíritu de solidaridad por el bienestar común en los municipios, con énfasis en el de la población más desfavorecida, he también recomendado atender factores que agravan la situación precaria de vida de la mayoría de nuestro pueblo y que requieren, entre otras medidas de parte del Estado, las siguientes 1. Garantizar más efectivamente e inmediata, la equidad y estabilidad de los precios de la canasta básica y la protección debida al consumidor o usuario, con atención especial a la satisfacción de las necesidades vitales de los más pobres o necesitados; 2. El aseguramiento real de la calidad, accesibilidad, asequibilidad y mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos como deberes y responsabilidades institucionales del Estado hacia su pueblo, en servicios como los de salud, educación, agua, medio ambiente, alimentación, vivienda y otros que son componentes del mínimo básico para la vida digna de las personas y comunidades, en especial para quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Espero que teniendo presente el fin supremo constitucional de la sociedad y el Estado que es la protección, promoción y respeto de la dignidad humana de los habitantes de Honduras: se responda afirmativa y constructivamente al presente llamado de seguridad humana y desarrollo local sostenible, orientado a eliminar progresivamente las causas estructurales de la migración forzada y de otros males públicos que impiden condiciones básicas de vida digna a la mayoría de los habitantes.
