Tegucigalpa – Un juez de los tribunales en material de corrupción, luego de celebrar la audiencia de declaración de imputados, determinó dictar medidas distintas a la prisión a 19 imputados por abuso de autoridad en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Catacamas, Olancho.
Así lo informó este mediodía el relacionista público del Poder Judicial, Carlos Silva, quien agregó que la audiencia inicial se desarrollará el próximo lunes 24 de febrero a las 9:30 de la mañana.
Las medidas sustitutivas están contenidas en el artículo 173 (numerales 6, 7 y 9) del Código Procesal Penal que señalan: firman cada 15 días el libro de control en el circuito de Catacamas para 18 personas y una en Tegucigalpa; prohibición de salir del país; y no comunicarse con los testigos que han sido propuestos por el MP.
La Fiscalía no pidió la suspensión del cargo de los imputados, por lo que continuarán ejerciéndolo mientras dure el proceso.
Al salir de la audiencia el exrector de la UNA, Marlon Escoto, dijo que como funcionarios públicos están expuestos a este tipo de señalamientos. “Consideramos que este era el camino para desvirtuar cualquie acusación, entendemos que se trata de un tema administrativo y lamentamos que se ventile en un espacio penal, pero nos hemos presentado con la documentación requerida”.
Dijo que un decreto aprobado en el Congreso Nacional autorizaba los pagos en cuestión. “Cumplimos con los pagos que se nos ordenaba y en el caso de no hacerlo hubieramos incurrido en el delito de violación de los deberes de los funcionarios”.
Relación de hechos
Los imputados en el requerimiento fiscal son: Marlon Escoto, Óscar Ovidio Redondo, Francisco Javier Medina, José Antonio Ramírez, José Andrés Paz, Kenny Nájera, Emilio Javier Fuentes, Raúl Muñoz, Miriam Alvarado, Juan Alberto Chavarría, Romeo Guevara, Hilsy Sanabria, Carlos Ulloa, José Bayardo Alemán, Diana Mireya Suazo, entre otros.
Los exdirectivos de la UNA fueron miembros del consejo directivo de la universidad en dos períodos, 2010-2013 y 2013-2016.
Esta es la primera línea de investigación por corrupción en la UNA que interpone la Fiscalía en la que se determinó que los señalados se acreditaron una cifra de 164 millones 266 mil 334 lempiras con 19 centavos.
Las investigaciones evidencian una presunta manipulación de informes técnicos mediante la contratación de una consultoría externa que dio paso a los ilícitos, obviando dictámenes legales y disposiciones generales del presupuesto al fingir una demanda contra el Estado bajo la modalidad de reclamo administrativo con la que ellos mismos se sometieron a un auto de conciliación.
En ese sentido, los mismos demandantes al ser parte del consejo directivo de la UNA resolvieron pagarse remuneraciones y sueldos caídos desde 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.