Como algunos de mis lectores pueden haber detectado, me he tomado una larga vacación en la preparación de mis artículos para Proceso Digital. En parte eso obedece a la sensación de estar arando en el mar. No es agradable sentir que todo el esfuerzo que se hace por adecentar nuestro país tiene poco, o ningún efecto. No obstante, frecuentemente ocurren algunos hechos que indignan por el cinismo y el atrevimiento de algunos políticos y algunos “empresarios”. Eso es lo que ocurrió cuando en la semana pasada fueron aprobados en el Congreso varios contratos para la venta de energía y potencia a la pobre ENEE. Permítanme explicar por qué.
Tanto la zona de La Ceiba, como el Valle del Aguán, sufren por la mala calidad del servicio de energía eléctrica, que se manifiesta en interrupciones frecuentes y en bajo nivel de voltaje cuando reciben el servicio. La solución más adecuada del problema es el mejoramiento del sistema de transmisión y la compensación reactiva. No obstante, la ENEE ha optado por instalar generación en La Ceiba y en el Valle del Aguán, lo cual también resuelve el problema, pero a un costo más alto. En todo caso, en 2017 la ENEE decidió licitar la instalación de equipo de generación en ambos sitios. Como se trataba de un problema que requería una urgente solución, se pidió que la instalación del equipo fuera completada en marzo de 2018, y que utilizara diésel porque ese equipo puede obtenerse e instalarse rápidamente y porque requiere una inversión más baja que la correspondiente a equipo que opera con búnker. Como además la ENEE se proponía también mejorar el sistema de transmisión en el corto plazo, se ofrecía un contrato por tres años, tiempo suficiente para mejorar el sistema de transmisión. Como requiere la Ley, la ENEE envió los documentos de licitación a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, quien señaló varias deficiencias de los mismos y solicitó que se enmendaran. La ENEE siguió adelante con el proceso aunque los documentos de licitación nunca fueron aprobados por la CREE, como manda la Ley. La ENEE procedió con la licitación y eventualmente envió la notificación de la adjudicación a la CREE. Resulta que la Comisión Evaluadora nombrada por la ENEE para analizar las ofertas recomendó que la licitación fuera adjudicada a una firma (que a criterio de esa Comisión cumplía con todos los requisitos estipulados en los documentos de licitación), pero el entonces Gerente de la ENEE convenció a su Junta Directiva para que el contrato fuera adjudicado a la firma que había quedado en segundo lugar, descartando la recomendación de la Comisión Evaluadora de las ofertas.
Para complicar la situación, después de recibir la notificación de la adjudicación del contrato, la firma favorecida decidió que quería cambiar la oferta, ofreciendo operar con equipo que utiliza búnker. De esa manera, la firma tendría un notable ahorro en los costos de operación, ya que el búnker es más barato que el diesel (como un 43% más barato, según los precios de referencia de la licitación). A pesar de que este cambio desnaturalizaba la licitación y era ilegal, la ENEE aceptó el planteamiento de la empresa y esta procedió a instalar la central generadora. Como el contrato originalmente era solo de tres años y debió haber sido adjudicado en 2018, no requería aprobación del Congreso ya que no implicaba una obligación para la Administración que tomará posesión en 2022, es decir, la obligación no trascendía el período de gobierno.
Pero la situación se le complicaba aún más a la firma beneficiada. Como se trataba ahora de equipo más costoso, entonces un contrato de tres años resultaba insuficiente para recuperar la inversión. Por lo tanto, era necesario ampliar el plazo del contrato, aunque esto implicara que se requeriría la aprobación del Congreso.
Así las cosas, a pesar del cambio de Gerente en la ENEE, el contrato, junto a otros más, fueron enviados al Congreso, a pesar del proceso irregular, por no decir ilegal, utilizado para su adjudicación. Pero para agravar la situación, los diputados también acordaron ampliar el plazo del contrato a doce años, alegando que eso es lo que manda la Ley General de la Industria Eléctrica, LGIE. Es decir, optaron por favorecer al contratista ampliando el plazo a un contrato surgido de la ilegalidad. Una licitación que comenzó con una central que debería estar en operación en cuestión de meses (porque era urgente resolver el problema de La Ceiba y el Valle del Aguán), que debería operar con diésel y que se ampararía en un contrato de tres años ha resultado en una central que entró en operación años después de haberse adjudicado, que operará con búnker y contará con un contrato de doce años. Y todos estos cambios han surgido después de adjudicado el contrato, cuando según nuestra legislación, eso es ilegal. Ah, pero para que no todo sea malas noticias, un diputado nos dice que por utilizar búnker la empresa ha reducido el precio variable en un veinte por ciento. Por supuesto, el sagaz diputado no se refiere a la ilegalidad que rodea este contrato, ni a los beneficios que logrará el contratista al operar con un combustible considerablemente más barato.
La LGIE especifica que todas las contrataciones de energía y potencia deben hacerse mediante licitación pública internacional. En el caso que nos ocupa, no ha habido licitación para una central que utilice búnker y que cuente con un contrato de doce años. La licitación fue para una central que quemara diésel y que contara con un contrato de tres años. Lo que el Congreso ha aprobado es una contratación directa, no una licitación, lo cual violenta el espíritu y la letra de la LGIE. Recientemente el BCIE aprobó un préstamo de apoyo presupuestario para nuestro país por la evidencia presentada por nuestras autoridades para demostrar su compromiso con el respeto a la LGIE y así transformar el sector eléctrico. Ahora, después de que recientemente se aprobara el crédito resulta que el gobierno flagrantemente viola la LGIE y demuestra que no tiene intención alguna de proceder conforme había manifestado al BCIE. Se fomenta el caos y el desorden en el sector. Nos dan más de lo mismo. Una verdadera desfachatez del gobierno que así propina un golpe al BCIE, el banco amigo de Centro América.
Para complicar aún más la situación, resulta que los costos de los contratos espurios, como el que nos ocupa en esta ocasión, no pueden ser incluidos en las tarifas que aprueba la CREE, lo cual quiere decir que esta disparatada decisión vendrá a agravar la situación financiera de la ENEE. Por los vientos que soplan podemos suponer que se dejará pagar a otros que obtuvieron sus contratos de manera correcta y legal para pagarles a los beneficiados por los políticos.
Hay quienes arguyen que la aprobación de estos contratos era necesaria para resolver el problema que enfrentan La Ceiba y el Valle del Aguán, lo cual es falso. El mismo resultado se lograría si la central generadora en cuestión compitiera en el mercado de oportunidad. La LGIE permite tal participación y para ello no se requiere firmar un contrato de suministro con la ENEE. Esa habría sido la solución elegante y legal en este caso.¿Cómo entender estos casos? ¿Por qué se dan estas alianzas perversas entre políticos y “empresarios”? Por mucho que me duela, es difícil pensar que esto no sea el resultado de la corrupción que vivimos y que nos corroe y destruye. No nos quedemos callados. Hagamos saber de nuestro repudio a todos los actores de esta malvada trama. Demos la batalla. Juntos podemos triunfar.
