París – Más de 500 mujeres latinoamericanas se constituirán como parte civil en la investigación judicial abierta en Francia por homicidio y daños involuntarios contra la empresa francesa que fabricaba los implantes mamarios defectuosos PIP, según informó hoy su abogada, Marie Alimi.
«La idea es ir más allá y pedir que la Comisión Europea (CE) nos reciba y se haga cargo de los daños», dijo la letrada, que ha recibido el mandato de la asociación de víctimas argentinas «Afectadas».
Esa asociación, que lidera Virginia Luna, cuenta con 500 mujeres registradas y, según la letrada, ha sido contactada por otro medio millar de personas que también podrían sumarse a la iniciativa.
Las víctimas de los implantes defectuosos, rellenos de un gel industrial no homologado en lugar de la silicona que se suponía llevaban, esperan ser compensadas con indemnizaciones al término del proceso judicial abierto en Marsella, al sur de Francia.
Además, el despacho de Alimi representará también a una víctima venezolana que ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Constitucional de Caracas.
La letrada confía en que otras víctimas latinoamericanas, especialmente colombianas y brasileñas, sigan los pasos de las afectadas argentinas y se constituyan como parte civil en Francia, donde las autoridades sanitarias anunciaron hace cerca de un mes que mujeres con los implantes PIP han declarado tener cáncer.
Sin embargo, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud (AFSSAPS) declaró que no se ha establecido ningún vínculo entre esos casos de cáncer y los implantes, retirados en Francia por sus riesgos para la salud porque pueden romperse.
Se estima que en Francia hay unas 30,000 pacientes que se implantaron estas prótesis.
El fundador de la empresa fabricante de los implantes Poly Implant Prothèse (PIP), Jean-Claude Mas, de 72 años, se enfrenta a dos investigaciones judiciales por fraude.
Mas reconoció a la policía que era consciente de que los implantes no estaban homologados, según filtraciones a la prensa francesa, y que los utilizó para ahorrarse dinero porque pensaba que no suponían un riesgo para la salud.
Tras detectar problemas en los implantes, el Gobierno recomendó a las francesas que se los quitaran y se comprometió a pagar la extracción, pero sólo subvencionará la colocación de nuevas prótesis en los casos en que esto se haga por motivos médicos y no estéticos.
En total, se estima que entre 400,000 y 500,000 mujeres llevan esos implantes en todo el mundo.
Esa asociación, que lidera Virginia Luna, cuenta con 500 mujeres registradas y, según la letrada, ha sido contactada por otro medio millar de personas que también podrían sumarse a la iniciativa.
Las víctimas de los implantes defectuosos, rellenos de un gel industrial no homologado en lugar de la silicona que se suponía llevaban, esperan ser compensadas con indemnizaciones al término del proceso judicial abierto en Marsella, al sur de Francia.
Además, el despacho de Alimi representará también a una víctima venezolana que ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Constitucional de Caracas.
La letrada confía en que otras víctimas latinoamericanas, especialmente colombianas y brasileñas, sigan los pasos de las afectadas argentinas y se constituyan como parte civil en Francia, donde las autoridades sanitarias anunciaron hace cerca de un mes que mujeres con los implantes PIP han declarado tener cáncer.
Sin embargo, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria y Productos de la Salud (AFSSAPS) declaró que no se ha establecido ningún vínculo entre esos casos de cáncer y los implantes, retirados en Francia por sus riesgos para la salud porque pueden romperse.
Se estima que en Francia hay unas 30,000 pacientes que se implantaron estas prótesis.
El fundador de la empresa fabricante de los implantes Poly Implant Prothèse (PIP), Jean-Claude Mas, de 72 años, se enfrenta a dos investigaciones judiciales por fraude.
Mas reconoció a la policía que era consciente de que los implantes no estaban homologados, según filtraciones a la prensa francesa, y que los utilizó para ahorrarse dinero porque pensaba que no suponían un riesgo para la salud.
Tras detectar problemas en los implantes, el Gobierno recomendó a las francesas que se los quitaran y se comprometió a pagar la extracción, pero sólo subvencionará la colocación de nuevas prótesis en los casos en que esto se haga por motivos médicos y no estéticos.
En total, se estima que entre 400,000 y 500,000 mujeres llevan esos implantes en todo el mundo.
