Moscú – Más de 4,400 personas mueren al año debido al consumo de drogas en Rusia, donde hay 1.9 millones de consumidores, ya sea de modo regular o esporádico, lo que representa el 1.3 % de la población, informó hoy el Ministerio del Interior en el proyecto de Estrategia de Política Antidrogas para 2030.
«La cantidad de muertos a consecuencia del consumo de drogas en Rusia tiene una tendencia a la reducción paulatina, todavía poco considerable, y supera las 4.400 personas anuales (4.450 en 2018 y 4.830 en 2017)», señaló.
Los estudios previos a la creación de una estrategia antidrogas mostraron que alrededor del 22 % de los rusos ha sido invitado a consumir drogas y casi el 24 % conoce a alguien «con experiencias en el consumo de estupefacientes».
La cantidad de personas dependientes de las nuevas sustancias psicotrópicas que aparecen en el mercado creció en más de dos veces durante la última década, aunque en términos generales se observa una tendencia a la disminución de la drogadicción.
«De 2010 a la fecha se observa un crecimiento de más del doble de las personas dependientes de nuevas sustancias psicotrópicas o dependientes de varios tipos de drogas (63.400 personas en 2018, 48.900 en 2015, 26.400 en 2010)», indicó el Ministerio del Interior.
Por su parte, el número de consumidores de psicoanalépticos creció durante la última década en más de tres veces, pasando de 7.800 personas en 2010 a casi 25.000 en 2018.
El índice de delitos vinculados a las drogas es alto (cerca de 200.000 anuales) y representa un 10 % del total de los delitos cometidos.
Con el fin de luchar contra este flagelo el Ministerio del Interior realizó un análisis y un pronóstico de la situación hasta 2030 y propuso modernizar las medidas legales para el control de las drogas, atacar la oferta y la demanda de los narcóticos, con la implicación de las entidades estatales y la sociedad civil.
Entre las medidas propuestas figura la de bloquear las cuentas bancarias de las personas vinculadas al tráfico de estupefacientes sin necesidad de órdenes judiciales e imponer sanciones administrativas a quienes cedan sus cuentas a narcotraficantes.
