De mis primeras memorias (1975-76) era que mi mamá nos daba mantequilla de cacahuate en bote sin etiqueta. Ella nos explicó que la misma era ayuda enviada desde Estados Unidos para beneficio de las víctimas del huracán Fifí, y que la misma había sido revendida por los beneficiarios (ya que era un producto exótico) o de parte de las mismas personas responsables de manejar la ayuda (posiblemente para lucro propio).
La narrativa derivada de esta historia, y que es compartida por muchos conciudadanos, es de que no tenemos mucha capacidad de generar ayuda localmente. Adicionalmente, la ayuda externa se puede malversar o desperdiciarse, especialmente de culpa del gobierno.
Con los avances de la educación, comunicaciones, y económicos las capacidades de la sociedad de responder a los desastres se han multiplicado exponencialmente. Estas son descentralizadas, autónomas, y muy adaptables a las circunstancias. Las capacidades del sector público han crecido también, pero la confianza pública dista mucho de ser alcanzada por situaciones de dominio público.
Creemos que los más importante para lograr responder de forma adecuada es definir cuál es el rol del estado en el manejo de esta área. Este definitivamente debe incluir gestionar ayudas gubernamentales de países o instituciones públicas afines, compartir información de coordinación, y atender donde el voluntariado ciudadano no logre llegar.
Existen acciones que no van con este rol, sino más bien lo degradan. Una de ellas es evitar publicitar la atención a la emergencia, en vez de la emergencia en sí. Se espera liderazgo de los funcionarios alertando a los peligros y carencias, de una forma profesional y enfocada en el público. Al enfocarse de esta forma, los sectores que quieren contribuir se sienten más libres de hacerlo al eliminarse las consideraciones políticas.
Otra es pretender asumir funciones logísticas de control, almacenaje, y distribución que sustituyan a las voluntarias. La clave aquí es evitar la sustitución, que resulta en apropiarse o desplazar algún esfuerzo que hubiese podido partir de la sociedad. Al enfocarse en dar información y ayudar a coordinar de forma profesional, se logra más contribución tanto nacional como del extranjero.
Otro desafío en el manejo público de desastres es evitar la centralización excesiva. La Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos creaba un mecanismo descentralizado y desconcentrado para la respuesta a emergencias. Los Comités de Consulta y Mesas Regionales, con amplia participación, ya están previstos en la ley y deben ser implementados. La acción pública se debe manejar lo más cerca de la necesidad que sea posible, potenciando a los municipios y patronatos. Estas, trabajando con las organizaciones sociales, multiplican la calidad de respuesta.
Otro elemento es el papel que las Fuerzas Armadas deben desempeñar en el sistema. Estas tienen una capacidad institucional y logística considerable, que debe ser movilizada para la atención de emergencias y desastres. Su papel se ha ido replegando en esta área, por diversos factores, pero poder dirigirlas más a este servicio de forma intermitente sería de gran beneficio para el país.
El sector de voluntariado también se ira organizando más a medida continúe avanzando la sociedad. Es importante las organizaciones busquen relación con contrapartes públicas a diferentes niveles, especialmente las municipalidades. No es necesario sea en su misma ubicación, ya que distintos fenómenos se dan en distintas partes del país. Tener una relación desde la distancia con un municipio, patronato, u organización comunitaria local puede ayudar mucho a una respuesta eficiente.
