«No creo que una tendencia a largo plazo en la que las Fuerzas Armadas estén implicadas en tareas relacionadas con el cumplimento de la ley sea una buena solución», señaló en un encuentro con la prensa en Washington.
En una audiencia celebrada el martes en el Congreso, Fraser señaló que países como Guatemala, Honduras y El Salvador han experimentado «incrementos alarmantes» que han sobrepasado las capacidades de los Gobiernos, que han tenido que recurrir a sus Fuerzas Armadas «como las únicas entidades capaces de responder a esas amenazas».
Honduras, con una tasa de 82.1 homicidios por cada 100,000 habitantes, ha alcanzado cifras que no se veían en el continente desde los años 80 en Colombia y en 2011 la ciudad de San Pedro Sula superó a la mexicana Ciudad Juárez como la más violenta del mundo, con 159 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En su opinión, el recurrir a las Fuerzas Armadas para participar en las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado «ha sido visto como una necesidad, como la única solución hoy para enfrentar el problema» pero debe ser un «paso intermedio».
Fraser señaló que la corrupción en los cuerpos de seguridad, así como la impunidad, no ha permitido a otras capacidades del Gobierno hacerse cargo de la situación, pero enfatizó que «la solución no es una solución militar, nosotros no defendemos una solución militar».
Estados Unidos aboga por ayudarles «desde el punto de vista internacional a construir las capacidades policiales y judiciales y ayudarles a resolver las condiciones subyacentes que alimentan la violencia» con instrumentos como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) o la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (CARSI).
Fraser recordó que ya hay en marcha operaciones conjuntas directamente diseñadas para detectar tráfico ilícito de narcóticos y operaciones tácticas contra el crimen organizado, como la Operación Martillo, que comenzó el pasado enero para patrullar las costas y que ha permitido la incautación de 3.5 toneladas de cocaína.
Ante la desconfianza de algunas organizaciones del uso de las Fuerzas Armadas en este tipo de operaciones, subrayó que el objetivo del Mando Sur es ayudarles a crear las capacidades para luchar contra la corrupción y garantizar el cumplimento de la ley con especial énfasis en «la importancia del estado de derecho y de los derechos humanos», algo que consideró que han adoptado.
Fraser citó como ejemplo El Salvador, país en el que los militares reciben formación sobre derechos humanos antes de ser desplegados y rotan cada dos meses para evitar que se den casos de corrupción.
