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Malasia detiene a 27 refugiados rohinyás tras entrar en el país por mar

Bangkok – Las autoridades de Malasia detuvieron este fin de semana a 27 refugiados de la perseguida minoría rohinyá, procedente de Birmania (Myanmar), después de que desembarcaran en el noroeste del país y tras haber dado por muertos inicialmente a la mayoría de ellos, informaron este lunes fuentes oficiales.

La noche del sábado, un rohinyá fue detenido tras llegar a nado a la costa de Langkawi desde una pequeña embarcación e inicialmente se creyó que el resto de los refugiados habían perecido ahogados, pero el domingo por la tarde fueron hallados escondidos en el bosque, según un comunicado de la Agencia Malasia de Fronteras Marítimas (MMEA) difundido este lunes.

Los refugiados, entre los que había mujeres y niños, fueron sometidos a pruebas para detectar la COVID-19, tras lo cual fueron puestos bajo detención por el Departamento de Inmigración.

La MMEA señala que los refugiados, a los que tilda de «inmigrantes ilegales», llegaron a nado desde un pequeño barco pesquero local que los había transportado desde una embarcación más grande con cientos de personas a bordo procedentes de Birmania, donde sufren persecución a manos del Gobierno, o de Bangladés, donde hasta un millón de ellos viven como refugiados.

A principios de junio, las autoridades malasias interceptaron un barco con 269 rohinyás, que fueron detenidos posteriormente, tras haber empujado a alta mar otro barco el mes de abril cuando trataba de entrar en el país.

La relativamente próspera Malasia es, desde hace años, uno de los destinos preferentes de los rohinyás, donde han encontrado un refugio seguro en comparación con su país de origen y pueden encontrar trabajo en sectores como la construcción, pero su posición es extremadamente precaria, ya que la inmensa mayoría no son reconocidos oficialmente como refugiados.

En los últimos meses ha aumentado la xenofobia contra los rohinyás y la policía ha lanzado varias redadas contra inmigrantes indocumentados en zonas afectadas por la pandemia de COVID-19, lo que ha suscitado críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.

La inmensa mayoría de rohinyás son apátridas a los que el Gobierno birmano arrebató la ciudadanía a principios de los años noventa y ha sometido durante decenios a un régimen de discriminación por considerarlos inmigrantes ilegales de Bangladés, a pesar de que llevan generaciones viviendo en el estado de Arakan (en el oeste de Birmania).

En agosto de 2017, el ejército birmano lanzó una campaña militar contra la población rohinyá en el norte de Arakan, por la que el Gobierno birmano se enfrenta a una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

El brutal operativo militar motivó el éxodo de más de 725.000 refugiados a la vecina Bangladesh, donde continúan hacinados, junto a otros rohinyás que huyeron en anteriores oleadas de violencia, en el mayor complejo de campos de refugiados del mundo.

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