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Magistrados destituidos pueden acudir a cortes internacionales opinan analistas

Tegucigalpa – Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos de sus cargos por una aplanadora mecánica que maneja el titular del Congreso Nacional, Juan Hernández, pueden acudir a instancias internacionales ya que sus derechos fueron violentados al no brindárseles el legítimo derecho a la defensa, opinan analistas locales.
 

Como se sabe, el Congreso Nacional, por mayoría, tomó la decisión de destituir a los magistrados José Francisco Ruíz Gaeckel, José Antonio Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira y ratificó en su cargo a Óscar Fernando Chinchilla.

En ese sentido, en la mañanita, después de una noche de desvelo, el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, juramentó a los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional: Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García García, José Elmer Lizardo Carranza y Víctor Manuel Lozano Urbina, quien no estuvo presente en la sesión porque se encontraba en su hacienda en Olanchito, Yoro, por lo cual será juramentado hasta el próximo lunes.

Los ahora magistrados estuvieron en la lista de los 45 nominados para integrar la CSJ en 2009.

Todo el proceso fue ilegal

En ese sentido, para el diputado por el Partido Innovación Nacional y Unidad (Pinu) y connotado abogado, Germán Leitzelar, en el país no queda recurso ante el que puedan acudir los magistrados destituidos “porque todo el proceso es ilegal”, pero pueden presentar su argumentación ante cortes internacionales.

Argumentó que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) puede ser el organismo al que pueden recurrir los magistrados, y que ya dirimió el conflicto entre la Cámara de Diputados y la Corte Suprema de El Salvador, en el que se pedía repetir la elección de varios magistrados, solicitud que fue rechazada.

«Honduras corre el riesgo de pasar nuevamente la vergüenza de volver a ser condenados para ordenar una restitución, por las violaciones de sus derechos y garantías, además de las indemnizaciones», arguyó.

Se trata de una burda maniobra política

De su lado, el ex presidente del Congreso Nacional, Carlos Montoya, indicó que en realidad hay un vacío en la Constitución sobre el papel del Legislativo en relación a los demás poderes del Estado.

Indicó que en la carta magna no aparecen expresamente facultades del Legislativo de supervisión o destitución de funcionarios de los otros poderes del Estado, Ejecutivo y Judicial por parte del Congreso Nacional por lo que a su criterio, eso debe ser legislado mediante una reforma constitucional.

Recordó que cada vez que hay una crisis institucional, son recurrentes ese tipo de actitudes como la tomada por mayoría en el Congreso Nacional que destituyó cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional.

Montoya señaló que con la decisión de la Cámara Legislativa, se percibe que se trata de una maniobra política justificada en una situación donde a todas luces, los magistrados tenían razón ya que el polígrafo no es fuente absoluta de prueba para despedir a un empleado de cualquier naturaleza, mucho menos de la Policía.

“Sin embargo, con ese pretexto la decisión se llevó a cabo porque hay una mayoría controlada por el presidente (Porfirio Lobo) y el presidente del Congreso Nacional (Juan Hernández) y obviamente tenemos una imagen deteriorada a raíz de esas situaciones”, cuestionó.

Montoya reiteró que la medida tomada por el Congreso Nacional, “es una maniobra burda de interés eminentemente político y no un planteamiento real y eso tiene repercusiones internacionales porque esos magistrados se pueden ir en amparo ante la Corte Centroamericana de Justicia o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) o a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.

Añadió que esos magistrados tendrían un acompañamiento de parte de esas instituciones puesto que sus derechos han sido violentados sin lugar a la defensa y sin ser escuchados.

Acotó que los magistrados destituidos que declararon inconstitucionales al menos siete decretos, actuaron como profesionales puesto que esos decretos estaban mal hechos y ahora son víctimas de una conspiración política derivada a raíz del descalabro de las elecciones primarias.

Decisión del Congreso afectará las inversiones

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) Miguel Mourra, advirtió que decisiones como las que tomó esta madrugada, afectan a las inversiones.

“Afectan mucho tanto a los inversionistas nacionales como a los inversionistas extranjeros. Hay muchos problemas que estamos pasando en el país, hay prioridades nacionales mucho más importantes que no se han atendido, y estamos viendo que se le da importancia a un problema político que a las prioridades nacionales”, lamentó el dirigente empresarial.

Apuntó que hay problemas con la seguridad jurídica, crisis en el sector salud, en educación, en el aspecto alimentario y otros, y no se toma en cuenta el enfoque de que se debe generar confianza para estimular la inversión y el empleo.

En ese sentido, Mourra hizo un llamado al diálogo y a la prudencia para que con sensatez se analicen los problemas y si hay diferencias políticas, se debe conversar para no afectar al país que atraviesa por una crisis económica muy complicada donde se requiere de la participación de todos los sectores unidos para resolverla.

Recordó que Honduras es un país de leyes que se deben respetar y en ese sentido, el sector privado ha acatado los fallos de la CSJ porque respeta a los tres poderes del Estado y la independencia de cada uno de ellos.

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