Maestros siguen castigando a la niñez, mientras padres reclaman su destitución

Tegucigalpa – El gremio magisterial cumple hoy dos semanas continúas de huelga en demanda del pago en efectivo de una millonaria deuda del Estado con su instituto de previsión, en tanto los padres de familia reclaman al presidente, Porfirio Lobo, su destitución.
 

El gremio magisterial se mantiene en las calles a pesar de que el Gobierno de Lobo abrió un espacio de negociación, en la que se ha comprometido a pagar la deuda que heredó de la administración de los ex presidentes liberales Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, ya que los pagos correspondientes a la actual administración se han hecho al día, según lo manifestado por Lobo en reiteradas ocasiones.

Dicen que luchan contra la privatización de los servicios públicos de educación, como se propone en una Ley General de Educación, que según ellos, el Gobierno socializa a sus espaldas. Este punto también ha sido negado por la administración central y los dirigentes del Congreso Nacional.

Los representantes oficiales en la mesa de negociaciones son el ministro de planificación, Arturo Corrales y el ex presidente Rafael Leonardo Callejas.

Los maestros no aceptaron en ese espacio a Alejandro Ventura, su ex compañero de luchas, en protesta porque el funcionario ha ordenado deducirles de sus salarios los días no trabajados, y piden su destitución.

Y es precisamente este uno de los puntos que mantienen estancadas las negociaciones, ya que el presidente Lobo ha dicho en reiteradas ocasiones que no pagará los días no laborados y que no destituirá a su ministro por considerarlo una intromisión en la administración del estado.

Sería como que yo les pidiera que separaran a uno de sus dirigentes, planteó el mandatario.

Pero Lobo no solo tiene que enfrentar la presión de los maestros, que también han llevado a la mesa de negociaciones la demanda de la aprobación inmediata por parte del Gobierno del salario mínimo de los trabajadores no organizados.

Esto porque se avecina la negociación de un nuevo salario base para el gremio magisterial, el que está indexado al salario mínimo.

Por esta razón se han unido a las demandas de la clase obrera, que el miércoles se unieron a las manifestaciones públicas de los maestros, y que hoy se reúnen en Tegucigalpa para definir la estrategia de una huelga general.

Los padres de familia –cansados de las posiciones de los maestros- también han salido a las calles a exigirle al presidente Lobo que cumpla precisamente con el Estatuto del Docente, que garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de Honduras, y que violentan cuando quieren los docentes públicos.

Este jueves, la Asociación “Volvamos a Clases”, que dirige Mercedes Sanabria, se plantó frente a la Casa Presidencial, junto a sus hijos, que vestían trajes típicos, a exigirle al gobernante que proceda a destituir a los maestros en huelga, y que no ceda en su posición de no cancelarles los días no trabajados.

Calificaron a los maestros de “haraganes y burros”.

Los miembros de esta asociación también fueron la semana anterior a San José, Costa Rica a denunciar al gremio magisterial por atentar contra la educación de la niñez y la juventud hondureña.

Saravia dijo que para ellos “el problema que están viendo es la no aplicación de leyes.

“Si a ellos (los maestros) se les aplicara tanto el Código Laboral, el Código Civil y el Estatuto del Docente, ellos cumplieran con sus funciones”, dijo.

Según Sarabia, el Estado es el que tiene que responder a los ciudadanos y sobre todo a la niñez y a la juventud, sobre este derecho tan fundamental que tienen y que no se está cumpliendo.

Tinte político

Para analistas locales el problema magisterial hondureño está marcado por la actividad política de sus dirigentes, la mayoría de ellos miembros del llamado frente de resistencia nacional, que coordina el ex presidente Manuel Zelaya desde su lujosa residencia en República Dominicana.

El frente de resistencia no reconoce la administración de Lobo, a la que llama “hija del golpe de Estado”, y demanda el regreso “sin condiciones” de su líder.


Fuentes consultadas por Proceso Digital aseguraron que el problema no se resolverá en tanto Zelaya y sus seguidores, apoyados por algunos países del sur de América, no cumplan con su cometido: el retorno de Zelaya y sus más cercanos colaboradores, sin condiciones, lo que implicaría que el Estado retire las demandas judiciales incoadas en su contra por la supuesta comisión de varios actos de corrupción en su administración.

Incluso, hay quienes plantean que esta es una de las razones por las cuales están alargando las negociaciones con el Gobierno de Lobo, ya que necesitan mantener alto el grado de agitación política a favor de las demandas de Zelaya, quien estaría programando “su pronto” retorno al país.

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