Tegucigalpa – La lucha contra la corrupción sigue dando tumbos en Honduras, en especial en torno a dos casos emblemáticos que cifraron las esperanzas en la justicia, pero meses después, el caso Pandora, refleja una crónica anunciada en donde las respuestas ante el altar de la diosa Temis parecen diluirse.
El trabajo de los fiscales del Ministerio Público en torno a la ruta del dinero en el que se tocó a las élites políticas y los anillos de poder se vino abajo, con el sobreseimiento definitivo a 21 imputados en el caso Pandora, un hecho que estremeció a las elites políticas, pero que sembró esperanzas de justicia en la sociedad.
El 4 de agosto de este año, una Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia decidió otorgar sobreseimientodefinitivo a 21 imputados en el caso Pandora, una causa emblemática interpuesta por la MACCIH-Ministerio Público/UFECIC, relacionado con el desvío de 12 millones de dólares, un poco más de 200 millones de lempiras, que eran proyectos que se canalizarían a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para los pobres y mujeres jefas de hogar que habitan en el corredor seco de Honduras, una de las zonas más golpeadas por la hambruna y el cambio climático.
En ese caso, se implicó a políticos, diputados, funcionarios y personas naturales y jurídicas que operó como una red para canalizar esos fondos públicos a campañas políticas, cuentas personales, tarjetas de créditos y otra serie de mecanismos que hicieron del caso Pandora el símbolo de una red montada para el drenaje de fondos públicos. Pandora implicó a altos personajes de la política hondureña representados en el otrora bipartidismo político que conforman los partidos Liberal y Nacional, al grado que la fiscalía logró el aseguramiento de sus sedes partidarias.
Pero la determinación de la Corte de Apelaciones, conformada por los magistrados Jorge Zaldaña, Edwin Ortéz y María Fernanda Castro, última que se opuso al sobreseimiento definitivo, fue que al menos 21 imputados quedaran absueltos de toda responsabilidad y confirmaron el auto de prisión preventiva contra otros 4 imputados, entre ellos el ex ministro de la SAG, Jacobo Regalado.
Fiscal General Óscar ChinchillaSiete meses después de la partida de la MACCIH, uno de sus casos más emblemáticos es cerrado por la justicia. El Ministerio Público anunció que iba apelar esa determinación y el fiscal general de la república, Óscar Fernando Chinchilla reaccionó indicando que esa resolución judicial era “inaceptable”, que en el país la gente tenía hambre y sed de justicia y que no iban a renunciar a seguir luchando contra la impunidad y la corrupción, aunque los golpes fueran grandes.
Las acciones de la justicia se producen justo cuando el Ministerio Público entabla investigacionesorientadas a otros hechos de presunta corrupción ocurridos en la actual pandemia sanitaria relacionada con la compra de hospitales móviles, mascarillas y equipo biomédicos sobrevalorado.
Para los analistas, Pandora es una especie de “Crónica de una muerte anunciada”, parodiando el título literario de Gabriel García Márquez, la respuesta de las élites a lo que llaman el blindaje de la corrupción y un mensaje de las élites políticas a quienes impulsan cambios a favor del desmantelamiento de la impunidad y la corrupción.
Analista Leticia SalomónEn el libro “El blindaje de la corrupción”, la socióloga y analista Leticia Salomón, señala que, la corrupción se ha dado en diferentes gobiernos de signo partidario diverso y la misma se ha expandido con mucha intensidad y ha evolucionado de forma alarmante que se ha vuelto demasiado compleja en su diversidad.
En este sentido, Salomón señala que el blindaje de la corrupción tiene al menos las siguientes características: crear un grupo cohesionado más allá de las diferencias político-partidarias para asegurar una respuesta en bloque; utilizar un discurso nacionalista para contrarrestar la presión externa, concebida y manipulada como “injerencia en los asuntos internos” en una clara alusión a lo que fuera la MACCIH; utilizar el recurso del atropello a los derechos constitucionales al exponerlos públicamente como acusados en casos de corrupción; salir a defenderse pública y masivamente, contratar impresionantes firmas de abogados para minimizar el papel de la Fiscalía en los tribunales.
La MACCIH y el MP judicializaron en los tribunales más de una docena de casos que buscaban recuperar cerca de 335 millones de dólares que fueron usufructuados del Estado, pero hasta ahora, la suerte no les ha sonreído en el altar de la diosa Temis.
