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Lucha anticorrupción se estremece en Triángulo Norte

Tegucigalpa El 2018 inició sacudiendo las agendas mediáticas en materia de lucha anticorrupción en el Triángulo Norte, con mayor acento en Honduras y Guatemala, en donde sus parlamentos enfrentan fuertes presiones sociales al develarse presuntos pactos de impunidad para blindarse del brazo de la justicia, en tanto en El Salvador, la Fiscalía de la República pide más fuerza para potenciar una unidad investigativa similar a la UFECIC  de Honduras.

El fiscal Fernando Chinchilla.En Honduras, de un lado el Ministerio Público, liderado por el fiscal Oscar Fernando Chinchilla, ha conducido potentes investigaciones que han develado y permitido condenas en casos de corrupción y crimen organizado que reflejan la mezcla de sectores públicos con las organizaciones transnacionales de lavado de activos, corrupción y narcotráfico, especialmente en los últimos años.

En tanto, la Misión de Apoyo de Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) destapó la sopa al revelar que, mediante modificación de la Ley de Presupuesto , el parlamento anterior, aprobó una reforma en la cual se cobija a diputados y funcionarios públicos de ir a la justicia por el uso inadecuado de fondos públicos mediante la vía de subsidios o bajo programas gubernamentales de asistencia e inversión social.

La reforma, que quita la potestad al Ministerio Público y a su unidad investigativa UFECIC, junto a la MACCIH, de rastrear grandes redes criminales, para darle tiempo a los legisladores y funcionarios para que acudan al Tribunal Superior de Cuentas para que en tres años les investigue y se puedan hacer los descargos, fue calificada  por la legación diplomática en Estados Unidos como un “monumental” retroceso en la lucha contra la corrupción en Honduras.

 

La reforma fue invocada por una jueza natural para archivar el caso conocido como “Red de Diputados”, investigado por la UFECIC y la MACCIH, en la cual se salpica a cinco ahora ex diputados que manejaron subsidios por más de ocho millones de lempiras, mismos que presuntamente fueron a dar a sus cuentas personales y usados para el pago de tarjetas de créditos y compra de accesorios personales, entre otros aspectos.

El caso “Red de Diputados”, fue según la MACCIH una aproximación a una red más compleja en la cual se investiga a más de 60 diputados, funcionarios y ex altos funcionarios implicados en presuntos manejos impropios de los subsidios públicos.

La reforma legislativa vino a poner un alto a esta investigación, según la Misión, que luego denunció que lo aprobado en el parlamento no fue lo discutido y hubo alteraciones en el diario oficial La Gaceta.

La MACCIH frente a la red

La MACCIH anunció una investigación sobre el día que ocurrió la polémica votación y en ella incluyó a los supuestos responsables.

Los legisladores, por su parte, han corrido a “corregir” la reforma mediante la figura de la Fe de Erratas, pero la Sala Constitucional del Poder Judicial comenzó ya a conocer recursos de inconstitucionalidad contra lo actuado por los congresistas, entre ellos el Ministerio Público, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) entre otros.

El tema se encuentra en el caldero y a medida que pasan los días, surgen más interioridades de lo que la Misión denominó “pacto de impunidad”.

El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez

Diputados contra la CICIG

En tanto, en Guatemala, el otro país del Triángulo Norte, los congresistas se han unido en lo que un sector de analistas llama “pacto de corruptos” al referirse a una reforma al Código Penal a fines de 2017 para favorecer penas de corrupción, afectando así el trabajo de la CICIG y del Ministerio Público.

De otro lado, al producirse, iniciando el año, la elección del nuevo presidente del parlamento guatemalteco en la figura de Álvaro Arzú, hijo del ex presidente y actual alcalde de ciudad Guatemala, del mismo nombre, también marcó la historia del país.

Arzú hijo, único diputado del partido que fundó su padre, obtuvo 91 votos para ser electo presidente del parlamento y es investigado por la CICIG y la Fiscalía por el delito de financiamiento electoral ilícito.

Detrás de Arzú, los diputados han cerrado filas a las investigaciones de la Comisión Contra la Impunidad y de la fiscal general, Thelma Aldana, que han logrado por ahora ligar a proceso a varios legisladores, entre ellos el ex presidente del Congreso Nacional, Arístides Crespo, por el caso de planillas fantasmas.

El Ministerio Público junto a la CICIG emitieron una orden de arresto contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón, por su posible vinculación al caso Odebrecht

En tanto otros legisladores y los fundadores de sus partidos políticos están implicados en el escándalo de corrupción de Odebrecht, la firma brasileña que ha logrado corromper la mayoría de los países latinoamericanos con sobornos a cambio de jugosos contratos en la industria de la construcción. En Guatemala la CICIG y el Ministerio Público han indicado que las pruebas contra Odebrecht y sus tentáculos en Guatemala han sido fuertemente documentadas.

El “pacto de corruptos” en Guatemala ha permitido que los legisladores cierren filas a favor del presidente Jimmy Morales, involucrado en financiamiento electoral ilícito, según la CICIG, al grado que ha pedido que el coordinador de la Comisión, Iván Velásquez, sea retirado por parte del ONU, algo que el organismo ha rechazado.

La lucha contra la corrupción y la impunidad no solo ha entrado fuerte este año en Guatemala, también se ha calentado el tema de la libertad de expresión. El ex presidente, Álvaro Arzú, actual alcalde de la capital de Guatemala, en un acto de reservistas militares atacó a la prensa y a quienes critican la gestión gubernamental y parlamentaria, y dijo que: “tendremos que pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativos y nos vamos a subir las mangas”.

Similares expresiones han tenido también el presidente Jimmy Morales, a quien una investigación periodística le sacó los gastos suntuarios que hacía con partidas dobles de fondos públicos, que no son su salario oficial como gobernante.

El Salvador quiere “más dientes”

Fiscal gral Douglas MelendezFiscal General Douglas MelendezEn El Salvador, el fiscal general, Douglas Meléndez, pide al parlamento autonomía para investigar los delitos de corrupción a fin de darle fuerza a la Unidad de Investigaciones Financieras que rectora esa dependencia. Esas facultades no solo le facilitarían su trabajo, sino que le permitiría compartir y pedir información con otros organismos internacionales para realizar investigaciones de lavado de dinero y corrupción financiera del Estado.

Si ello no se logra, El Salvador corre el riesgo de ser excluido del intercambio de información y ser mal visto por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), dejó entrever el fiscal general.

El Salvador ha otorgado fuertes golpes a la lucha anticorrupción desde la Fiscalía General al ligar a proceso a tres ex presidentes, uno de ellos falleció en medio del juzgamiento, en tanto otro está en la cárcel y un tercero anda huyendo asilado en Nicaragua.

No obstante, el partido en el poder, el izquierdista FMLN, indica que esa petición de la Fiscalía solo busca “revanchas” y “ocultar sus investigaciones” para no revelar sus trabajos investigativos.

La cámara legislativa analizará la petición del fiscal general de ese país centroamericano, que ha emprendido también fuertes luchas contra las maras o pandillas, y logró recientemente prisión para un ex alcalde de Apopa por tener nexos con las pandillas. La lucha contra la corrupción se plantea fuerte en ese país, pero los resquemores políticos, como en el resto de los países del Triángulo Norte centroamericano, ya se han hecho sentir y percibir.

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