Tegucigalpa – El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNiel, señaló este martes que antes los privados de libertad estaban más armados que los propios custodios electorales.
“Estamos avanzando, se ha transformado el sistema carcelario del país, venimos de un desorden en dónde las personas privadas de libertad se encontraban más armados que los custodios, tenían lanza granadas, armas de alto poder que ni siquiera la autoridad penitenciaria las tenía, más munición que la que tenían nuestros agentes”, dijo inicialmente.
El funcionario recordó que la cárcel de San Pedro Sula, Cortés, los privados de libertad tenían torreones desde donde montaban vigilancia, contaban con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación, entre otras armas, este sistema carcelario es el que se encontró y por el cual el presidente Juan Orlando Hernández toma la determinación de transformarlo para recuperar el orden y control.
Esta transformación dio como resultado una baja significativa de los índices de criminalidad en el país, estamos tratando de combatir la criminalidad al interior de los centros penales ya que era de ahí donde se originaba la mayor cantidad de órdenes para poder ejercer hechos violentos y lo hemos constatado en los informes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
“El sistema carcelario ha dado un giro en el orden que existe, puedo decir con toda propiedad a la población hondureña que este tipo de actos (tenencia de armas) ya no se dan y esto ha causado malestar en el interior de los centros penales y eso ha generado algunas denuncias por la inconformidad de alguna persona, este tipo de acciones ya no se están permitiendo en ninguno de los 25 centros penitenciarios”, sostuvo McNiel.
El funcionario reveló, que antes los privados de libertad hacían lo que querían en los centros penitenciarios, había corridas de toros, peleas de gallos, “las personas de las comunidades entraban en horas de la noche y llevaban los toros y lo gallos para jugar por fuertes cantidades de dinero que eran puestas por los directores, los cuales en los primeros tres meses de la transformación fueron destituidos de sus cargos.
Agregó, que desde el inicio de la presente administración del INP se han suspendido y cancelado a directores y agentes penitenciarios que realizaban acciones ajenas a sus funciones, no estamos tolerando errores de ningún tipo ya que esto nos ayuda a mantener el orden y control en los centros penitenciarios del país.
El subdirector del INP, reconoció que en los últimos año se ha incrementado la población carcelaria la que ya suma más de 21,000 personas privadas de libertad a nivel nacional, “esto se deriva porque las diferentes fuerzas de seguridad del Estado están trabajando de mejor manera, de una manera efectiva por parte de todas las instituciones que integran Fusina, el combate de la delincuencia por parte del Gobierno es de todos los días”.
Afirmó, que la política de seguridad está dando los resultados esperados por la población. Queremos que todas estas personas que se encuentran realizando acciones ilícitas, estén pagando una condena al interior de los centros penitenciarios, con un verdadero proceso para todos los que se dedican a la extorsión, a la venta de drogas, al sicariato, la institucionalidad en materia de seguridad se ha fortalecido.
Al respecto Orle Solis, comisionado del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o. Degradantes (Conaprev), sostuvo que en la mayoría de establecimientos penitenciarios existe una sobrepoblación por lo que es necesario buscar los mecanismos para aliviar esta situación de hacinamiento.
Menciono que, es importante implementar el grillete electrónico, así como resolver la situación jurídica de más de mil personas que están acusadas por delitos cuya condena es menor a los cinco años de prisión. En relación a esto, McNiel le indico que el 52 por ciento de la población carcelaria se encuentra en condición de procesados.
Agrego que la directora del INP, abogada Rosa Gudiel ha sostenido reuniones con las autoridades del Poder Judicial para resolver la situación jurídica que estas personas que no tienen una sentencia condenatoria firme. Asimismo, Rolando Argueta presidente de este poder del Estado ha mostrado su voluntad de resolver la mora judicial.
Sostuvo que la situación de hacinamiento disminuirá con la habitación del Centro Penitenciario de La Acequia, Santa Bárbara el cual tendrá la capacidad para 3,200 personas y con su apertura se cerrarían los establecimientos de La Ceiba, Atlántida y La Esperanza, Intibucá.
