Los «mártires migrantes» de Tamaulipas

Tegucigalpa.- El pasado viernes 27 de agosto participé en el Programa televisivo “´Frente a frente”, del Canal 5, que dirige el periodista Renato Alvárez. En dicho Programa también participaron el Abogado Ramón Custodio, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y la Hermana Valdette Wilemann, Directora del Centro de Atención al Migrante. El tema que nos juntó fue la Matanza de Tamaulipas.
 

Aunque la hora y media que duró el programa nos permitió abordar el tema, quedé motivado a revisar más el material disponible en el Internet –noticias, comentarios, declaraciones y editoriales — y construir un artículo de fondo, como el que aquí presento. Para ello, parto de la noticia concreta –en este caso la Matanza– agregándole datos, antecedentes, consecuencias, con opiniones de los protagonistas o testigos de los hechos, contraponiendo puntos de vista, y todo ello para profundizar sobre el problema objeto del reportaje y presentándolo desde distintas perspectivas, de modo que el lector pueda formarse una opinión amplia y cierta sobre lo sucedido –la Matanza– y sobre el tema en general, la migración internacional hacia Estados Unidos, y de los hondureños en específico.

Aclaro que el contenido de esta entrega es mayormente un compendio con citas textuales del material, después de haberlo seleccionado, leído, valorado, clasificado y ordenado, como corresponde a un articulo de fondo.

En ocasiones aprovecho el texto para intercalar comentarios míos sobre la migración hondureña y su relato con el fenómeno analizado. Lo hago porque llevo más de cinco años estudiando la migración hondureña internacional y las remesas enviadas al país por los compatriotas hondureños desde extranjero.

Hecho

El 25 de agosto pasará a la historia como el “Día del Migrante Mártir” Ese día, en un rancho ubicado en la comunidad de San Fernando, cerca de Ciudad de Reynosa, capital del estado norteño de Tamaulipas, México, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se encontraron masacrados 72 emigrantes, 58 hombres y 14 mujeres. La mayoría de las victimas eran hondureños.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas han identificado a 31 de las 72 personas asesinadas, pues eran las que contaban con alguna documentación. De las 31 ya identificadas, 21 (mas de la mitad) proceden de Honduras y en el resto hay 12 salvadoreños, 4 guatemaltecos, ecuatorianos y al menos brasileños.

Infantes de la Marina de México localizaron los cuerpos sin vida de dos personas, una de ellas un agente del Ministerio Público, en una carretera que conduce al municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde fue perpetrada una matanza de 72 inmigrantes.

El agente fue identificado como Roberto Javier Suárez Vázquez. El cadáver fue localizado en la orilla de la carretera San Fernando-Méndez, en el estado de Tamaulipas, agregó la fuente. Junto al cuerpo de Suárez Vázquez fue hallado el cadáver de otra persona que no ha sido identificada. La fuente no dio más detalles ni precisó si el agente colaboraba en las tareas de investigación de la matanza de 72 inmigrantes.

Las autoridades federales, ni locales informaron sobre el desarrollo de las investigaciones. Las fuentes comentaron que se presume que el funcionario estatal fue asesinado por el mismo grupo criminal que ejecutó a los migrantes, es decir, Los Zetas

En la misma zona también se encontró el cuerpo de un comandante de la policía local –decapitado; pero ni las autoridades locales ni la Procuraduría General de la República (PGR) han establecido algún vínculo entre este agente y la matanza.

Significado

La matanza refuerza imágenes negativas que ya afectan a México. Es el país más letal de América Latina para los periodistas. Con 64 profesionales de los medios de comunicación asesinados en diez años y otros 11 desaparecidos desde 2006, México se sitúa como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, después de Irak y Afganistán.

En adición, México es el país de donde procede el Profesor Jorge Bustamante, quien desde agosto de 2005 es el Relator Especial para Migrantes en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (diríamos el Encargado Internacional de proteger a todos los migrantes del mundo). El mandato para esa Oficina se conformó en Naciones Unidas en 1990, “con el fin de examinar las formas y los medios para superar los obstáculos existentes para la completa y efectiva protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los obstáculos y las dificultades para el retorno de migrantes indocumentados o en situación irregular”.

La tragedia agrega un crespón de luto a la Semana del Migrante, que este año a nivel mundial se celebra del 29 de agosto al 6 de septiembre. La tragedia también sucede a menos de un mes que empiece el Desfile del Bicentenario de la Independencia y Revolución de México, una fiesta de rango continental a celebrarse el próximo 15 de septiembre, donde participarán ciudadanos de casi todos los países latinoamericanos, entre ellos, los que perdieron nacionales en la Matanza de Tamaulipas.

Freddy, el único sobreviviente

Luis Freddy Lala Pomavilla, ecuatoriano de 18 años fue el único emigrante que sobrevivió la matanza. Pudo salvar su vida al hacerse pasar por muerto, y aunque estaba herido de bala en el rostro. pudo escapar del rancho donde se encontraron los cadáveres y llegó caminando a una población cercana, donde denunció el crimen a las autoridades mexicanas, que descubrieron la masacre. Ahora Freddy está hospitalizado en México, bajo estricta vigilancia policial mientras se recupera de las heridas de bala -una le atravesó la garganta y le salió por la mandíbula.

Freddy rechazó la visa humanitaria que le ofreció en los últimos días el Gobierno del Presidente Calderón. Mientras tanto, Rafael Correa, el Presidente de Ecuador, dijo que su gobierno busca agilizar el regreso de este compatriota a su tierra natal y para ello trasladó a México a Lorena Escudero, Secretaria del Migrante. El joven ecuatoriano abanondó la noche del domingo el estado mexicano rumbo a su país de origen, trascendió.

Freddy proviene de la aldea San Francisco de Gualleturo (también conocida por Galleturo), provincia de Cañar, ubicada al sur andino de Ecuador con unos 400 habitantes. Se presume que Freddy salió de su aldea en compañía de un coyote (cuyo nombre el Gobierno de Ecuador mantiene en reserva) que habitualmente visitaba su comunidad en la provincia del Cañar “buscando clientes”. De acuerdo a un vecino de la zona, “la pobreza en el pais es creciente; sin embargo, la falta de fuentes de empleo y la escasez de confianza y por ende preparación, permite que nosotros los jóvenes –y más aun si somos del campo– dejemos nuestra cuna y busquemos un mejor estilo de vida, sin pensar riesgos… jamás imaginados”

Antes de irse, Freddy trabajaba en el campo y ocasionalmente como albañil. Vivía en una casa de adobe, de un solo cuarto de dos metros de ancho por tres de largo. En la semivacía aldea –afectada con frecuencia por la migración– las casas de mejor presencia delatan a quiénes reciben remesas del extranjero. En tal sentido, el perfil de Freddy y el contexto de vida y trabajo que muestra, se parece mucho al que enfrentan los migrantes hondureños, sobre todo los jóvenes del campo, cuando por desempleo, subempleo y frustrados con el ambiente, abandonan su lugar de origen buscando “el sueño americano”.

Hace dos meses Freddy emprendió camino hacia los Estados Unidos, desde la comunidad de Gualleturo (también conocida en Ecuador por Galleturo), María Udulia Lala, tía del joven, explicó que su sobrino salió para reunirse con sus padres Alejandro y Maria Oliva, a quienes iba a ayudarles para pagar sus propias deudas con los traficantes de personas. Los padres de Freddy se encuentran en la Ciudad Nueva York, quienes al igual que él viajaron indocumentados desde Ecuador. El papá llegó a los Estados Unidos hace cuatro años, y la mamá hace dos. Cuando salieron de Ecuador dejaron a cargo de Freddy el hogar de los Lala, que consta de ocho hermanos menores. Los padres de Freddy como ahora están desempleados en Nueva York, a duras penas, lograban enviar unos 50 dólares semanales a la familia. “Prácticamente le obligaron a Freddy a que se fuera», reiteró la tía Udulia. Condición y respuesta, ambas típicas a la crisis dual que afectan nuestros países, la económica internacional y la política interna.

El joven migrante se fue de su tierra con la intención de trabajar y también con la idea de enviarle dinero a su compañera Angelita, de 17 años, a quien dejó en casa con cuatro meses de embarazo de su primer hijo. Angelita reveló al diario ‘El Comercio’ de Ecuador, que su esposo la llamó hace una semana para decirle que estaba bien, que había llegado a México y que seguiría viajando. Después no tuvo más noticias de él. Angelita era la única que sabía que Freddy emprendería el camino que casi le lleva a la muerte. Los planes fallaron, aunque al menos ella se consuela al saber que su esposo esta vivo.

Sin duda, hay mucha similitud en términos de lugar de origen, familia, ocupación, motivos económicos para emigrar y parientes que ya están en el extranjero actuando de atracción entre el caso de Freddy, como emigrado internacional y los miles de hondureños que tienen que irse anualmente del país al exterior por falta de un trabajo decente en Honduras. Se van de su tierra porque en definitiva no encuentran aquí una relación directa y efectiva entre el esfuerzo que hacen y el desarrollo personal y familiar que consiguen o aspiran conseguir en sus vidas.

Los secuestrados optaron por morir antes de convertirse en delincuentes

Según el migrante sobreviviente, los miembros de una banda criminal le cerraron el paso al bus en que viajaba junto a las otras 71 personas, y los hicieron bajar de él a todos. Les advirtieron que eran Los Zetas, con el fin de extorsionarlos y obligarlos a que se integraran a sus filas como pistoleros.

«Nos bajaron del camión con violencia para pedirnos dinero, pero nadie traía. Después nos ofrecieron trabajar para ellos», agregó. «Dijeron que eran ‘zetas’, que nos pagarían US$1.000 por quincena, pero no aceptamos», rechazando convertirse en secuestradores y sicarios de sus propios hermanos. De acuerdo a otra fuente, sólo uno de los secuestrados aceptó y se pasó a la banda.

Según la declaración del ecuatoriano, antes de asesinarlos les vendaron los ojos, les ataron de pies y manos para luego ubicarlos en fila frente a un paredón. «Nos dispararon a todos, pese a las súplicas y lamentos de algunos de los que estaban ahí». En la escena también se encontraba el testigo, quien cayó herido y lo dieron por muerto.

«Luego oí disparos y, cuando terminó todo y se fueron. Me levanté para salir en busca de ayuda», dijo el joven, según informaciones publicadas en diferentes periódicos de México.

Efectos

Lo sucedido ha provocado indignación generalizada dentro y fuera de México. La comunidad internacional, al unísono, condenó lo sucedido. Gobiernos de distinto sesgo ideológico, organizaciones de la sociedad civil, prensa e instituciones internacionales califican el hecho de terrible problema, masacre, matanza, escándalo nacional e internacional, abominable, barbarie, atrocidad, decadencia humana, crimen colectivo, multihomicidio, etc. El ex Presidente Fox, de México, comparó el hecho con el holocausto contra los judíos. Venezuela,

El relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de expresión, Frank La Rue, y su homóloga en la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, se acaban de sumar ahora a las denuncias de las organizaciones no gubernamentales en su primera visita conjunta al país para analizar esta «alarmante» situación que cada vez «se deteriora más». Ambos han subrayado las altas tasas de violencia y la impunidad que prevalece como las principales amenazas. «La impunidad alienta de manera perversa su reproducción», aseveró Botero.

Las investigaciones (que hace el Gobierno) reposan en un limbo jurídico, tanto en los casos de asesinato y desaparición como en otros menores como coacciones que muchas veces cometen los mismos funcionarios públicos.

Los relatores de la ONU y la OEA han señalado a los narcotraficantes como los responsables de las agresiones más graves. Aunque las amenazas se dirigen sobre todo contra los periodistas y medios locales, más desamparados, los relatores han constatado que esta presión se extiende ahora también a los medios nacionales.

Los responsables de las dos organizaciones internacionales exigieron responsabilidades al Gobierno mexicano para frenar esta escalada de violencia contra la prensa y le apremiaron a establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, así como acabar con la impunidad a través del fortalecimiento de los órganos judiciales y de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, condenó la masacre e hizo hincapié en la necesidad de que «todos los gobiernos de la región trabajen juntos en la búsqueda de fórmulas que permitan enfrentar coordinadamente la acción nefasta del crimen trasnacional”.

En este mismo sentido se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al urgir al Estado mexicano a adoptar «de manera urgente todas las medidas necesarias para proteger a todos los migrantes en su territorio y garantizar el respeto absoluto a sus derechos humanos».

Ese organismo autónomo de la OEA envió una carta al Gobierno de Felipe Calderón, Presidente de México, en la que solicita información sobre la matanza de Tamaulipas y subraya que la situación de los migrantes de tránsito en México «es un tema de gran preocupación».

Sin duda, la desgracia acontecida representa un reto para México. La sección mexicana de Amnistía Internacional (AI), sostuvo que la respuesta del Gobierno a este hecho se convertirá en el «emblema» de la capacidad o incapacidad de México para proteger a los extranjeros en su territorio. El presidente ejecutivo de Amnistía Internacional/AI México, Alberto Herrera, sostuvo que los inmigrantes en México «enfrentan toda clase de abusos, secuestros, amenazas, violencia sexual y asesinatos. Principalmente cometen estos actos delincuentes, pero en ocasiones hay participación de funcionarios». «Las explicaciones brindadas por el Instituto Nacional de Migración no alcanzan para la realidad escandalosa que se está viviendo en los estados donde cruzan los migrantes», añadió.

Organizaciones defensoras de migrantes acudieron a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para exigir al Gobierno mexicano dar con los responsables del multihomicidio en el Rancho San Francisco de Tamaulipas; al tiempo, de culpar al Estado de no haber hecho caso a las denuncias que durante mucho tiempo realizaron, respecto a los abusos de que son víctimas los migrantes en México.

Representantes de Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Movimiento Migrante Mesoamericano y del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, corresponsabilizaron al Gobierno mexicano de la muerte de los migrantes, debido a la omisión que ha hecho a las denuncias presentadas durante años, por éstas y otras organizaciones promigrantes.

«Nosotros estamos enojados por lo que está pasando en nuestro país, porque es un secreto a voces lo que está sucediendo. No es un caso aislado lo que pasó con estos 72 hermanos migrantes», indicaron.

Estado fallido en zona impune

Como expresara un vecino del sector donde sucedió la matanza, “Tamaulipas es zona sin ley desde hace años: La guerra evidencia el control que antes tenían los carteles cuando estaban juntos. Lo sucedido no es un hecho aislado. Esto tiene años. Sucede impunemente ante la impotencia y colusión de las autoridades locales, estatales y federales, que han dejado a la población sola.

El ejército esta en las calles de Tamaulipas, pero con órdenes de no detener a funcionarios públicos de cualquier nivel porque son de otro partido político.

Además, los criminales estan armados y entonces siguen intactos, protegidos, y matando para imponerse. Sólo vean como las primeras autoridades judiciales que llegaron a la masacre acaban de ser decapitadas en las narices del ejercito”.

En Honduras todavía no hemos llegado a tales límites. Pero si la situación de inseguridad nacional sigue su actual tendencia ascendente, y los carteles de la droga, del narcotráfico, del crimen organizado y las maras siguen reforzándose mutuamente en forma efectiva, y ampliando sus zonas de influencia, operaciones y control, a medida que el Plan Mérida combata más pero sin efectividad suficiente las operaciones en México del narcotráfico y del crimen organizado, las fuerzas criminales mexicanas se irán trasladando paulatinamente a Honduras. El Estado hondureño probablemente sea el más débil de la región centroamericana y goza al mismo tiempo de una posición geográfica atractiva en la ruta de la droga que se origina en Colombia y pasa a Venezuela para su distribución hacia los Estados Unidos y Europa.

México es la ruta principal por la que transita cocaína y otras drogas destinadas al consumo en los Estados Unidos. El gobierno estadounidense calcula que los narcotraficantes mexicanos lucran unos veintitrés mil millones de dólares al año. El presidente mexicano Felipe Calderón logró que el gobierno estadounidense finalmente reconociera que el consumo de drogas ilegales en los EE. UU. es un problema compartido, el cual requiere de una solución compartida.

Gobierno cómplice

Según opinión de Gloria Guevara Manzó en “La Crónica de Hoy”, “el gobierno federal se ha quedado corto en su afán de tratar de explicar lo sucedido en el rancho de San Fernando, en Tamaulipas. Decir que se trató de una prueba del éxito de la lucha contra el tráfico de drogas y que los cárteles están desesperados, fue una pifia monumental. El problema, claro, es mucho más profundo. Las insuficiencias de nuestra política de migración quedaron al descubierto. Política que por cierto comandaba hasta hace poco el señor Alejandro Poiré, actual relator de la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué demonios pasa en nuestra frontera sur? ¿Quién la vigila? ¿Alguien tiene el control? Una amplia variedad de mercancías ilegales, entre ellas armas y drogas, pero también cientos, miles de migrantes indocumentados de países de Centro y Sudamérica pasan tranquilamente, como si la línea fronteriza no existiera. Es tierra de nadie.

Después, armas, drogas y migrantes emprenden la ruta de la corrupción rumbo a la frontera norte. Agentes de migración, policías de diferentes corporaciones y bandas criminales están al frente del negocio de exprimir a los indocumentados. Ante la vista de todos, sin esconderse, a bordo de un tren al que los migrantes le dicen “la Bestia” se acercan a Texas. En la línea divisoria se ponen en manos de coyotes o polleros que los extorsionan, o delincuentes que los secuestran y en ocasiones los asesinan. El Estado mexicano es omiso y en muchos casos cómplice. ¿Por qué no se vigila la frontera sur? ¿Por qué se deja libre el paso de la Bestia?

La respuesta es, aunque duela, que agentes del Estado (mexicano) son parte fundamental de la ruta de la corrupción.

Quiénes son los Zetas y cómo operan

Los Zetas es una organización delictiva mexicana, cuyo principal negocio es el narcotráfico. Se formó a partir de un grupo de militares que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paracaidistas (BFP) del Ejército Mexicano, fundados en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de Chiapas y único grupo antiguo de élite que fueron entrenados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Por tanto, recibieron entrenamiento de elite que incluyó manejo de armas sofisticadas y trabajo de contrainsurgencia. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), al menos 40 ex integrantes de los Gafes se han integrado a las filas de los Zetas. Además, están integrados en Los Zetas un indeterminado número de antiguos soldados de las fuerzas especiales de Guatemala. A principios del mes de Marzo del 2010 se confirma la separación de facto de Los Zetas del Cártel del Golfo.

Su área de influencia originaria era Tamaulipas pero más tarde extendieron su actividad a Nuevo León y Coahuila. También se han reportado movimientos en Nayarit, Sonora, Sinaloa (Los Mochis), Puebla y últimamente (aunque negado por el gobierno estatal) en Tlaxcala.

Esta banda criminal asesina a nuestros migrantes, señaló Correa (Presidente de Ecuador) en su habitual informe de labores sabatino. Según el gobernante, esos militares fueron seducidos por narcotraficantes, los protegieron pero, al final, «se convirtieron ellos mismos en narcotraficantes, inhumanos, crueles, capaces de asesinar a sangre fría a 72 seres humanos».

Como grupo nacional, los hondureños son los más golpeados por los Zetas, quienes ha perpetrado centenares de secuestros, torturas y asesinatos con nuestros compatriotas que intentan ingresar a Estados Unidos por la ruta en apariencia más corta y menos mortal.

Evadiendo la tragedia que campea en el desierto de Arizona (Estados Unidos) y el muro anti-inmigrante, que inicia en las playas de Tijuana, México, los centroamericanos, entre ellos hondureños, emprenden la travesía a través de Guatemala y cruzan los estados mexicanos ubicados frente a la costa del Océano Pacífico.

Cuando llegan a Tamaulipas, con el anhelo de abordar furtivamente el tren que los llevará a la frontera, si no mueren arrollados por las máquinas los inmigrantes caen en las redes de Los Zetas, una organización criminal que ya tiene entre su personal ex pandilleros hondureños.

Los Zetas —según relatos de emigrantes entrevistados por Diario Tiempo en los últimos meses— posee ‘casas de seguridad’ en la ciudad de Reynosa, donde mantienen cautivos a los indocumentados, fusiles de todos los calibres, camionetas e integrantes de todas las edades, hasta menores de edad, de varias nacionalidades.

Cuando caen en las garras de Los Zetas, los hondureños emigrantes son sometidos a vejámenes. “A muchas mujeres las violan y a otras las hacen abortar”, dijo un hondureño que estuvo cautivo y ahora se encuentra en Estados Unidos.

Para librar a las víctimas de Los Zetas, los familiares en Honduras o en cualquier otro país de Centroamérica se ven en la obligación establecer una “negociación” vía teléfono, en la cual no cabe suplicios, ni rebajas, para luego girarles sumas que oscilan entre 4 mil y 5 mil dólares. En algunos casos, por cada extorsión les piden a los familiares entre 1,500 y 2,000 dólares para “liberar al secuestrado”, pero como ello sucede más de una vez durante la travesía por México, suman en total los montos antes mencionados. Bajo esta estrategia, las bandas de secuestradores están convencidas que 50 pobres secuestrados, una o varias veces, son más rentables y menos visibles que un rico secuestrado, quien generalmente es localmente conocido y dispone de buenas conexiones con la prensa, los políticos, la policía y fuerzas armadas.

A muchos (secuestrados) los golpean porque sus parientes en Honduras, cuando hablan por teléfono, les dicen (a los Zetas) que no tienen dinero para pagar”, dijo el hondureño que hace, por lo menos, tres años estuvo secuestrado en Reynosa.

Las familias de los secuestrados envían el dinero por empresas ‘remesadoras’ con destino a una ciudad estadounidense, ubicada cerca de la frontera mexicana, por ejemplo, San Antonio, Texas, donde es retirado por un individuo enviado por Los Zetas.

La mayor cantidad de secuestrados por los Zetas son hondureños, el resto está integrado por personas de El Salvador, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Dominicana, Belice y Ghana.

El informe de las autoridades mexicanas indica que cada año, por medio de la frontera sur, ingresan 1 millón 700 mil personas que pretenden llegar por cualquier vía a Estados Unidos. “El 95 por ciento proviene de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua”.

Los Zetas son una organización poderosa que difícilmente podrá ser desestabilizada por el Gobierno mexicano porque cuenta con la colaboración y complicidad de funcionarios de ese país.

Muerte anunciada e ignorada

Los cárteles utilizan con frecuencia solares o tiros de minas para abandonar a sus víctimas. El pasado mayo, se encontró una fosa en Taxco con 77 cuerpos sin vida, la única cifra que supera a la de en cantidad de fallecidos desde que el presidente Felipe Calderón emprendió el combate contra las bandas del narcotráfico en diciembre de 2006.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos/CIDH en una audiencia pública celebrada el pasado marzo, recibió «información muy grave» sobre 18 mil casos de secuestro de migrantes en tránsito en 2009, eso da un promedio de 50 secuestros diarios por cada día del año, en una población estimada de 1 millón cuatrocientos mil transmigrantes que pasan “en transito” anualmente por México, para llegar a Estados Unidos.

Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» recordó que las organizaciones que integran la red han denunciado en ocasiones anteriores los abusos y violaciones a los derechos a las que son expuestas las personas migrantes en México y realizado denuncias de lo que hoy día ocurre en los estados de Coahuila, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Tabasco, entre otros.

En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.

En abril pasado Amnistía Internacional presentó el informe “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México”, cuyas conclusiones coinciden con los señalamientos del visitador de la CNDH. Dice el informe: “Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra los migrantes”.

Y sostiene que “esta persistente inacción” de las autoridades mexicanas, sobre todo cuando existen funcionarios públicos implicados en los abusos, exhibe un hecho: “México incumple la responsabilidad legal nacional e internacional de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”.

De enero de 2008 a abril de 2010 se registraron en el país 141 casos de plagio de migrantes, según el “Informe del Estado mexicano sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra personas migrantes en tránsito por territorio mexicano”. El documento fechado en julio 2010 cita como referencia el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre los Casos de Secuestro de Migrantes 2009, en el que resalta que desde septiembre de 2008 ocurrieron al menos 198 plagios que afectaron a unos nueve mil 758 víctimas.

El documento señala además que de enero de 2009 a abril pasado se llevaron a cabo 17 operativos para liberar a personas retenidas contra su voluntad, lo que arrojó un total de 515 liberadas y la detención de otras 57.

Del total de operativos, 16 estuvieron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se registraron en Baja California, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, con un resultado de 486 personas liberadas y 57 detenidas.

El otro operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Centro de Reynosa, Tamaulipas, y estuvo a cargo de la Policía Federal que logró la liberación de 29 migrantes, así como la detención de cuatro personas.

En el documento difundido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en su página electrónica, se destaca que debido al secuestro de migrantes, 36 personas fueron detenidas, 33 consignadas y dos sentenciadas, en tanto que el número de víctimas suma 393.

De igual forma existe un acta circunstanciada, 44 averiguaciones previas, además de 14 incompetencias.

Para Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.

Entrevistado la noche del jueves 26 agosto –cuando Los Pinos –Casa Presidencial de México– comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes– Batista Jiménez reitera: “Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros de migrantes aumentan en el país”.

Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”.

El año pasado (2009), la CNDH distribuyó un informe especial en el que documentó los secuestros de migrantes cometidos durante septiembre de 2008 y febrero de 2009. En ese periodo, según el cálculo de los investigadores de la comisión, se registraron 9 mil 758 casos en los que estuvieron implicados policías y autoridades mexicanas en colusión con el crimen organizado, en particular con Los Zetas e integrantes de la Mara Salvatrucha.

Desde hace años la CNDH y las organizaciones eclesiales y civiles han brindado apoyo a los indocumentados de centro y suramérica en su paso por territorio nacional. El ombudsman nacional (de México) incluso ha emitido varias recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la panista Cecilia Romero, en las que pide se apliquen medidas preventivas para detener la industria del secuestro de inmigrantes.

No ha habido respuesta de la funcionaria, a pesar de que las primeras denuncias comenzaron a documentarse en 2007. Por ello, tras el descubrimiento de los cuerpos de los 72 indocumentados en Tamaulipas, el PRD pidió la renuncia de Romero.

Migración de hondureños a EE.UU es incontenible

Según un cable de la Agencia Francesa, la migración de hondureños a Estados Unidos va en aumento, (y en la corriente migratoria por tierra en estos tiempos de crisis, la proporción de adolescentes, jóvenes y mujeres es mayor) a pesar de los peligros que afrontan en la travesía, como lo demuestra la masacre de 72 personas en Tamaulipas, norte de México, lamentaron este jueves autoridades del Comité del Migrante Retornado.

«Cada hora están saliendo por Aguacalientes (aduana de la frontera de Honduras con Guatemala) y por puntos ciegos», afirmó a la France Presse Araceli Romero, subdirectora del Comité del Migrante Retornado que opera en el aeropuerto Toncontín, sur de Tegucigalpa.

«Por muchas campañas que hagamos, la gente no se detiene; son víctimas de bandas organizadas, no sólo Los Zetas (cártel narcotraficante de México)», añadió.

Mientras en Honduras el crecimiento económico no sea, al menos, del 6% anual, por 8 ó más años seguidos, las oportunidades de empleo y de generación de ingreso existentes en el país nunca llegarán a detener a “quienes se quieren ir al extranjero” por razones laborales. Actualmente, el nivel de crecimiento económico nacional llega escasamente al 2.3% anual y se comporta en forma errática año tras año.

La emigración ilegal y desordenada es controlable, sencillamente, si se convierte en una migración internacional ordenada y legal. El argumento contra-factual lo demuestra. Si los 72 secuestrados hubieran salido de sus respectivos países de origen con visas de entrada, legalmente autorizadas por el Consulado de Estados Unidos del pais en cuestión, hoy todos ellos estarían vivos y laborando legalmente en tierras norteamericanas. Por lo tanto, lo sucedido no resulta necesariamente de la migración internacional, sino por tipo de migración internacional que los estados, y en especial el Estado de Honduras, tolera y promueve para sus nacionales, en este caso, tanto por omisión como por un accionar ineficaz.

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