Dice la Biblia que Mateo, el apóstol, el evangelista, fue sacado del submundo a la luz mientras cobraba impuestos para Roma. Casualmente este oficio lo marcaba y exponía a la vindicta pública. ¿La razón? Muy simple: la gente odia pagar impuestos y por supuesto, desprecia a quienes se encargan de cobrarlos.
Sin embargo, hay casi absoluta unanimidad en que, si es necesario que haya un estado, debemos pagar impuestos para sostenerlo. No hay alternativa. Aunque algunos economistas y políticos han planteado formas alternas al financiamiento público vía la acción emprendedora del gobierno, los ensayos realizados en cualquier parte han fracasado estrepitosamente.
Latinoamérica es uno de los mejores ejemplos de lo apuntado: En México la principal fuente de ingresos fiscales era el petróleo, pero PEMEX funciona al borde de la bancarrota, había también en los años 60 del siglo pasado parques de diversiones estilo Disney, restaurantes y hasta burdeles estatales, todos ellos funcionando con números rojos de manera sempiterna. Ya adivinará usted las razones.
Está claro entonces que, si necesitamos estado, debemos buscar formas para financiarlo y la única más o menos viable y funcional es el cobro de impuestos.
El problema que tanta frustración causa a la ciudadanía es que los encargados de la administración gubernamental siempre tienen incentivos para utilizar los fondos provenientes del pago de impuestos en gastos que están notablemente alejados del interés común.
¿A quién no le duele pues, saber que el dinero que obligatoriamente debe tributar se gasta en pagar salarios a personal que no ejerce ninguna labor de utilidad pública, o que el trabajo ejercido es más bien contraproducente a los intereses de quienes pagan?
Un buen ejemplo de lo dicho es cuando se gasta dinero público en pagar agentes y armas para reprimir opositores, sobornar ejecutores de obras o utilizar los recursos para hacer turismo u otras acciones de las que el funcionario o empleado no disfrutaría si no trabajara en el gobierno.
De todo lo anterior se deduce que el pago de impuestos, por mucho que cause escozor, solo tiene sentido en la medida en que lo recaudado se vea reflejado claramente en bienes y servicios que mejoren la vida de la gente en mayor medida de lo que pasaría si no tuvieran que pagar al estado y pudiesen gastárselo ellas.
Es una tarea difícil esa de administrar el gasto público de forma eficiente. Mas ingrato es todavía, tener que cobrar impuestos si la gente que los paga, percibe que su dinero será mal utilizado.
Todo lo anterior a propósito del proyecto de ley que esta semana será socializado por la comisión que al respecto nombró el Congreso Nacional.
La ley de marras se llama “de justicia tributaria” y explica en los párrafos iniciales, que su objetivo es eliminar los inveterados privilegios que ciertos “grupos de poder” han tenido de forma histórica, pero mayormente en los últimos doce años, es decir, alegan los autores de la propuesta, que luego del golpe de estado de 2009, las elites que han controlado el erario no han hecho más que beneficiarse del mismo, exonerándose del pago de impuestos para su beneficio.
Está muy bien que se busque eliminar privilegios. Un sistema tributario debe ser equitativo y eficiente y para ello ha de cumplir con dos condiciones: que todos paguen y que los que más ganan contribuyan más, de tal manera que el sacrificio sea parejo. También es justicia tributaria que los que ganen igual paguen igual. No debe discriminarse por ocupación, posición, estatus, religión o género. Es evidente que el nuestro no es un sistema tributario ni equitativo ni eficiente.
La pregunta obligada a estas alturas es si el planteamiento que se envió al congreso en forma de propuesta de ley de “Justicia Tributaria” cumplirá o al menos nos acercará al logro de esos objetivos. Es muy penoso que los personeros del el “SAR” no muestren en su exposición de motivos con rigurosidad, las ventajas de su propuesta.
Pero más importante aún, es que la susodicha ley nos muestre como se utilizarán los recursos a recaudar de una manera más ordenada. Esto es lo crucial y si no es así, los reformadores y congresistas que aprueben dicha reforma tendrán la condena ciudadana y serán responsables del empobrecimiento del país.
San Mateo abandonó su labor recaudadora porque comprendió su culpabilidad al expropiar a los judíos de sus ingresos sin un propósito válido. Ojalá que Marlon y compañía, personas indudablemente inteligentes y bien intencionadas, comprendan el calibre de su responsabilidad y rectifiquen lo que haya que rectificar.
