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Los 40 millones fue la “punta del iceberg” de escandalosa operación de retiro en efectivo

Tegucigalpa – La “ruta del efectivo” que siguió la administración del ex presidente Manuel Zelaya para retirar fondos del Banco Central de Honduras, en claras operaciones “atípicas” tuvo su momento pico con el retiro de 40 millones de lempiras de una cuenta de la Secretaría de Seguridad y que es conocido ampliamente en la opinión pública como el “Carretillazo”.
 

En sus últimos días, la administración de Manuel Zelaya Rosales sentó precedentes en cuanto al manejo de recursos estatales

Se ampliaron presupuestos, aunque el Congreso Nacional no había aprobado presupuesto de Ingresos y Egresos

La operación, denunciada semanas después de la salida del poder de Zelaya y su equipo de colaboradores que crearon la estrategia de vaciar las cuentas de varias instituciones, ocurrió el 24 de junio cuando en carretillas de las bóvedas del BCH salieron 40 millones de lempiras, los cuales hasta la fecha se les perdió el rumbo y se desconoce en que fueron invertidos por quienes recibieron los fondos.

El Tribunal Superior de Cuentas documento parcialmente la operación en el Informe especial N. 005-2009-DASSJ-SSEG-A en torno a la “Investigación a la emisión del Acuerdo Ejecutivo 006-2009 y retiro en efectivo de 40,000,000.00 de lempiras” de la Secretaría de Seguridad en el período comprendido del 6 de mayo al 30 de junio del 2009.

Dicho informe fue remitido al fiscal general Luis Alberto Rubí el 9 de noviembre del 2009.

La investigación encuentra que se emitió el Acuerdo Ejecutivo 006-2009 del 6 de mayo de 2009 mediante el cual se autorizó a la Secretaría de Seguridad una ampliación presupuestaria de 230 millones de lempiras para realizar compras directas de materiales, suministros y bienes capitalizables.

De dicho acuerdo salieron los recursos para retirar en “efectivo” los 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras, sin que se diera justificación si los recursos fueron destinados para lo que el acuerdo señalaba, ya que una vez fuera de las bóvedas del BCH se desconoce su destino.

La investigación establece que el subsecretario de Finanzas y Presupuesto, José Antonio Borjas Massis, y la Asistente del Secretario General, Martha Suyapa Guillén Carrasco, procedieron el 18 de junio a realizar la ampliación de los 230 millones de lempiras a la Secretaría de Seguridad para el ejercicio fiscal 2009 mediante resolución número 163 (232).

El día siguiente, 19 de junio, la Tesorería General de la República “procedió a la emisión del cheque no negociable No 260322 por la cantidad de setenta millones de lempiras (L70,000,000.00) a favor de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, siendo cobrado por la licenciada Marcia Morán de Ulloa, Gerente Administrativo de dicha Secretaría y depositado el 23 de junio de 2009 en una cuenta que la Secretaría de Seguridad tiene en el Banco Central de Honduras”, destaca el informe.

La licenciada Morán de Ulloa depositó en forma integra el referido cheque en la cuenta 1110101000223-0 que la Secretaría de Seguridad mantiene en el BCH el 23 de junio. Al día siguiente, la misma funcionaria solicitó a la licenciada Soveida Barrientos de Barahona, jefe del departamento de Contaduría del Banco Central, efectuar transferencia de fondos por 40 millones de lempiras a la cuenta 11101-01-000389-1, también de la Secretaría de Seguridad.

De acuerdo a la investigación, el mismo 24 de junio de 2009, la gerente Administrativo de la Secretaría de Seguridad, mediante oficio No. GA-353-2009 autorizó el debito de la cuenta 11101-01-000389-1 por la cantidad de 40 millones de lempiras.

Para ello autorizó al señor Santos Ramón Enamorado Muñoz, que se desempeñaba como técnico en comunicación en la Dirección Nacional de Investigación Criminal, para realizar el cobro.

El documento EMYTE 36/2009 Enamorado Muñoz llenó el formulario Registro de Transacciones en Efectivo para retirar los 40 millones de lempiras en efectivo a las 2:48 PM, del miércoles 24 de junio de 2009, documento también firmado por el receptor/pagador Guenry Lozano, funcionario superior Virgilio Villalobos y la firma del oficial de cumplimiento, Ela Dinorah Soto.

En el oficio CONT-1692/2009 del 16 de septiembre del 2009, suscrito por la licenciada Soveida Barrientos de Barahona destaca lo siguiente: “El retiro en efectivo de los L40,000,000.00 de la cuenta No. 11101-01-000389-1 de la Secretaría de Seguridad realizado el 24 de junio de 2009, fue autorizado verbalmente por el entonces Presidente de esta institución, licenciado Edwin Araque Bonilla, quien dio instrucciones al licenciado Carlos Quiroz, jefe del Departamento de Emisión y Tesorería”, destaca el informe del TSC.

Igualmente el jefe de seguridad del BCH en la fecha, Javier López Arévalo, indicó que fue informado que el 24 de junio que “ingresarían a las instalaciones personas de Casa Presidencial a hacer un retiro en efectivo. Por lo que a las 2:18 PM se presentó el Ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero acompañado de dos personas de las cuales se desconocen los nombres, quienes después de realizar la transacción salieron del banco a las 3:27 PM”.

El informe destaca que los funcionarios del BCH reportaron el retiro de los 40 millones al presidente del BCH de la fecha, Edwin Araque Bonilla, quien dio la “autorización verbal”, así como a las instancias de control interna, además de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Asimismo, se destaca que la ampliación presupuestaria de 230 millones de lempiras a la Secretaría de Seguridad se hizo sin que el Congreso Nacional aprobara el proyecto de presupuesto general de Ingresos y Egresos y tampoco se publicó en La Gaceta el Acuerdo Ejecutivo que autorizaba la ampliación.

Igualmente, tampoco se dio por parte de la Secretaría de Finanzas más transferencias a la Secretaría de Seguridad, además de los 70 millones de lempiras, de los cuales 40 millones forman parte de la historia de la corrupción pública con el nombre de “Carretillazo”.


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