Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa. – Aunque todavía es muy temprano para evaluar el impacto de la crisis sanitaria producida por el COVID-19, es bastante claro que el impacto en la economía hondureña será fuerte.
En estos momentos, la prioridad es detener el contagio y salvar vidas; no obstante, una vez superada la fase crítica hay que pensar en lo que se viene. Se acostumbra a decir que después de la tormenta viene la calma, pero en estas circunstancias la situación es más complicada.
A la incertidumbre de cuánto durará la cuarentena para volver a una actividad diaria normal, se suma los desafíos que se presentarán cuando la fase de contagio agudo haya sido superada. Es muy conocido, en el ámbito económico, que el país depende mucho del comportamiento de variables vinculadas al sector externo; exportaciones, inversión extranjera, préstamos y remesas familiares constituyen no solo los factores que impulsa el crecimiento, sino también las fuentes de divisas con los que compramos todo lo necesario en el exterior.
La casi segura recesión en Estados Unidos, Europa y en la región centroamericana ponen en serias dificultades al sector externo de Honduras. Las principales variables descritas, con excepción de los préstamos, es casi seguro que mostrarán reducción en sus niveles. Si tomamos en cuenta que la economía hondureña se había venido desacelerando desde 2018, la preocupación es mayor. Por ejemplo, el PIB disminuyó su crecimiento de 4.8% en 2017 a 3.7% en 2018 y a 2.7% el año pasado. La proyección del BCH para 2020 es entre 1.5% y 2.5%, aunque lo más probable es que sea menor al límite inferior, y dependiendo de la severidad de la crisis, aún negativo.
Las exportaciones en los últimos años han tenido un comportamiento a la baja de sus precios, principalmente en los productos más importantes como son café, banano y aceite de palma. Las exportaciones de la maquila tampoco han crecido mucho. Esto provocó que el déficit comercial creciera 33% en 2018, aunque con disminución el año siguiente. Igual tendencia preocupante ha tenido la dinámica de la inversión extranjera que disminuyó de $1, 176 millones en 2017 a $961 millones en 2018, y a $650 millones en 2019. La incertidumbre y problemas en la economía internacional presagiarían una reducción adicional para el presente año.
La única variable que ha tenido un comportamiento positivo ha sido las remesas familiares que han crecido alrededor de 12% en promedio en los últimos tres años, alcanzando $5,500 millones en 2019. No obstante, la perspectiva es una disminución del crecimiento de las entradas por remesas a la mitad o de un crecimiento cero, dependiendo de lo prolongado de la recesión internacional.
La demanda interna, por su parte, también tenderá a bajar dado que la cuarentena y sus efectos sobre los ingresos familiares reducirán la capacidad de compra de buena parte de la población, a lo que se suma los probables quiebre de pequeñas y medianas empresas, si no hay medidas compensatorias que les permitan seguir en operaciones. La disminución de los niveles de remesas también afecta la demanda interna.
Hasta ahora la mayoría de las medidas anunciadas buscan cubrir los efectos de corto plazo, tales como la cuarentena para detener la pandemia, las previsiones hospitalarias para los enfermos y llevar alimentos y agua a la población más necesitada. No obstante, habrá que elaborar un programa económico de emergencia que permita una reactivación económica sostenible en el más corto tiempo posible. Esta posibilidad se encuentra con varios problemas a superar: el primero, la caída de la demanda interna y externa que provoca que el inversionista nacional y extranjera considere el futuro cercano con mucha incertidumbre y poco atractivo para arriesgar su dinero. El segundo, los estrechos márgenes fiscales que el gobierno tiene, dado los niveles de endeudamiento. Tercero, la estrechez de la política económica enmarcada en el acuerdo con el FMI.
Las políticas que apoyen la reactivación económica deberán ser de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo es necesario, entre otras cosas, congelar los pagos de créditos, impuestos y servicios públicos por tres meses, como ha sido sugerido por varios sectores. En el mediano plazo se deben establecer programas de emergencia de producción de alimentos y de empleo para lo cual se necesita que se aumente el gasto público. No en forma exagerada, pero sí acorde cómo las dificultades lo vayan requiriendo. El objetivo principal deberá ser siempre la pequeña y mediana industria, dado que la gran industria tiene mayores mecanismos de defensa.
Lo anterior implica abordar el problema del financiamiento de estos gastos; una alternativa es aumentar el déficit fiscal por medio de endeudamiento interno o externo. Aunque no es descartable, significa aumentar el nivel de deuda y su servicio en los años venideros. Pero se podría explorar otras formas tales como suspender la prohibición de que el BCH conceda crédito al gobierno central. Esta prohibición debe levantarse porque no estamos en tiempos normales, sino en momentos de emergencia económica y sujetarnos a la ortodoxia del FMI no ayuda.
En el largo plazo se requiere cambiar el modelo económico excluyente que se tiene desde los años 90s, eliminando privilegios, impulsando fuertes cambios en el sector educación y salud, así como abriendo la participación ciudadana a las decisiones económicas.
Todos estos cambios requieren la participación de todos los sectores que conforman la sociedad hondureña; no obstante, se ve con preocupación la tendencia sectaria del actual gobierno que además de su nula legitimidad y legalidad, se empeña en no abrir los espacios de participación ciudadana. Para ello se insiste en apoyarse en organizaciones como el Cohep y Fonac; el primero con una dirigencia vinculada a negocios con el gobierno y el segundo resucitado hace pocos meses y conformado en su mayoría por empleados públicos. Es decir, el gobierno quiere ganar legitimidad en sus decisiones con los sectores que ha sido aliados en sus actuaciones. Mientras tanto, sectores críticos como partidos políticos, Libre y el partido Liberal, y sectores de la sociedad civil como Fosdeh, el Colegio Médico, el Colegio Hondureño de Economistas, Consejo Nacional Anticorrupción, Movimiento Amplio por la Justicia, Coalición contra el continuismo y otros, no son tomados en cuenta.
De no haber una rectificación a este comportamiento, la polarización política y social, que ya estaba presente, se profundizará. Ante semejantes desafíos que enfrentará el país, sólo cabra decir “que Dios salve a Honduras”.
