Guatemala.- La ex primera dama de Guatemala y excandidata socialdemócrata a la Presidencia, Sandra Torres, en prisión preventiva desde septiembre por delitos electorales, fue trasladada este miércoles de la cárcel a un centro hospitalario privado por «problemas cardíacos».
El portavoz del Sistema Penitenciario, Carlos Morales, confirmó a la Agencia Efe que Torres, de 63 años y en prisión preventiva desde septiembre por delitos de financiación electoral ilícita, fue llevada a un centro asistencial a las 7.00 hora local (13.00 GMT).
La excandidata, que perdió la Presidencia con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el pasado 11 de agosto frente al centroderechista Alejandro Giammattei, está recluida en una cárcel que funciona en la Brigada Militar de Mariscal Zavala desde el pasado 2 de septiembre.
La jueza Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A y quien decidirá el próximo 16 de octubre si la procesa o no por los delitos de «financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita», fue la que autorizó su traslado.
La defensa de la exprimera dama (2008-2012) había solicitado en reiteradas ocasiones a la jueza que su patrocinada fuera internada en un centro hospitalario porque parece una arritmia cardíaca, una «grave hipertensión arterial» y neuralgia, aunque las evaluaciones siempre señalaron hasta ahora que su condición era estable.
Torres, según la investigación, actuó de manera «consciente» y «deliberada» para no detallar esos gastos durante la campaña a la Presidencia que perdió frente al actual mandatario, Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional, y para ello autorizó a otras personas a que buscaron esos fondos.
Según la investigación, en la que colaboró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Torres participó y tenía conocimiento de la financiación irregular de su partido en la campaña de 2015, donde no reportó 3,5 millones de dólares al Tribunal Supremo Electoral.
De ellos, unos 453.000 dólares provenían de sobornos del caso destapado en enero de 2018 «Traficante de Influencias», una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones, y el resto son de financiación electoral anónima.
Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como «centros de recaudación» y administración de recursos externos al partido por medio de un manejo paralelo de las «finanzas oficiales» para eludir «el control sobre los fondos aportados».
Con base en estos hechos, la Fiscalía ha solicitado a la jueza dictar auto de procesamiento contra la ex primera dama, que no lleva grilletes por una lesión en su mano izquierda, pero su defensa ha negado los cargos y ha alegado falta de mérito.
