Lima – El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) llegó este domingo a Perú, resguardado por policías, extraditado desde Estados Unidos para ser juzgado por el proceso abierto en su contra por los presuntos sobornos millonarios de la empresa Odebrecht para adjudicarse la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur.
Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo comercial, procedente de Los Ángeles, en medio de la expectativa de las autoridades peruanas y la prensa local que lo espera en los exteriores del terminal y en la sede del Poder Judicial a donde será trasladado para una audiencia de reconocimiento de identidad.
La Policía Nacional garantiza la seguridad
El exmandatario bajó de la nave esposado, después de ser entregado por alguaciles de Estados Unidos a los agentes de la Policía Nacional del Perú, y conducido a la Dirección de Aviación Policial (DIPA) aledaña al aeropuerto Jorge Chávez.
La Policía Nacional confirmó que en el arribo de Toledo estuvo presente el comandante general de la Policía Nacional, general Jorge Angulo, junto al alto mando policial para garantizar la seguridad del expresidente como parte del proceso de extradición.
La fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, y el jefe de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza, ingresaron a la Dirección de Aviación Policial para constatar la entrega de Toledo a las autoridades de Perú, según informó la prensa local.
En ese ambiente, Toledo también será examinado por médicos legistas, antes de ser entregado formalmente al Poder Judicial para la diligencia de control de identidad.
Tras su evaluación por Medicina Legal y su audiencia ante un juez, Toledo será presumiblemente conducido por las autoridades penitenciarias al penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, donde están recluidos los exmandatarios Alberto Fujimori (1990-2000) y Pedro Castillo (2021-2022).
Reclamado por la Justicia desde 2017
Reclamado por la Justicia peruana desde 2017, el fundador del partido Perú Posible está imputado por haber recibido supuestamente unos 35 millones de dólares de la empresa Odebrecht, tras favorecerla en la licitación de contratos para la construcción de la Ruta Interoceánica Sur que conecta Perú con Brasil.
La Fiscalía peruana ha solicitado para él penas de 20 años y 6 meses de cárcel por la concesión de los tramos 2 y 3 de esta carretera; 35 años por el tramo 4, y 16 años y 8 meses por supuesto lavado de dinero en el Caso Ecoteva.
En marzo de este año, el Ministerio Público también pidió la expropiación de los bienes inmuebles del otrora jefe del Ejecutivo peruano y su entorno familiar.
El político popularmente conocido como “El Cholo” ha agotado todos los recursos y figuras jurídicas disponibles para evitar su extradición y permanecer en régimen de arresto domiciliario.
El miércoles pasado, el juez federal Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, ordenó que se entregara para ejecutar su extradición a Perú, a la cual había dado luz verde dos meses antes el Departamento de Estado de EE.UU.
Abogado reitera que el expresidente tiene muchas dolencias de salud
El abogado del expresidente peruano Roberto Su, reiteró que el exmandatario, de 77 años, tiene “muchas dolencias y un tema de cáncer”, y que no se han respetado sus derechos, tras su arribo a Perú extraditado por Estados Unidos.
El abogado declaró a los periodistas en los exteriores de la Dirección de Aviación Policial (DIPA), aledaña al aeropuerto Jorge Chávez, mientras esperaba para ingresar y estar presente en las diligencias judiciales a las que es sometido Toledo en territorio peruano.
El letrado manifestó que el expresidente (2001-2006) tiene derecho a tener un abogado “para salvaguardar su integridad” porque es una persona a la que “no se le han respetado los derechos”.
“Un ministro de este régimen (gobierno) ha dicho que es un delincuente, a ese ministro ya lo debían haber separado”, expresó Su respecto a los comentarios formulados en los últimos días sobre los cargos que pesan contra Toledo por presunto lavado de activos que han motivado un pedido de la Fiscalía de 20 años de cárcel. JS
