Tegucigalpa – El director de comunicación institucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, dijo que luego de recabar toda la información pertinente a Cristian Ariel Cálix Hernández, en efecto el joven enfrentó un proceso judicial acusado por dos delitos, pero en base a la ley recobró su libertad al pagar 20 mil lempiras a la Procuraduría General de la República (PGR).
– Todo el proceso fue aprobada por la PGR y el MP, dijo el portavoz judicial.
– Duarte negó que la jueza Ingrid Monzón sea la misma que conoció el caso de alias “Little Sam”.
El funcionario judicial detalló que el Juzgado Unificado de Letras de lo Penal, sección de Tegucigalpa, acusó a Cristian Ariel Cálix Hernández, alias “Little Sam”, por portación ilegal de arma comercial y posesión de drogas, el 21 de diciembre de 2015, siendo que el 21 de julio de 2016 la Procuraduría General de la República (PGR), accedió al mecanismo de conciliación que fue solicitado por al abogado defensor.
La PGR aceptó la reparación del daño mediante un pago de 20 mil lempiras, en lo que se refiere a lo conciliado. Sin embargo no se ordenó la excarcelación inmediata por estar pendiente el delito de portación ilegal de arma comercial.
Fue así que 17 de noviembre de 2016, se realizó la audiencia de procedimiento abreviado en esta causa y un día después se le dictó la sentencia condenatoria aplicándole la pena mínima de dos años, tres meses de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación de interdicción civil.
Luego, realizado el pago de 20 mil lempiras, el 24 de noviembre de 2016 se celebró la audiencia de extinción de la acción penal que contempla el artículo V del Código Procesal Penal por el delito de posesión de drogas.
El portavoz Duarte -prosiguió- que ese mismo día se realizó la suspensión condicional de la ejecución de la pena solicitada por la defensa por el delito de portación de arma comercial en acuerdo con el MP y fundamentada en el artículo 70 del Código Penal, acuerdo que fue homologado por el juez de letras que conoció el caso.
Seguidamente, el 2 de diciembre de 2016 el expediente fue trasladado al juzgado de ejecución de la pena, donde actualmente se encuentra permitiendo la ley procesal al Ministerio Público, al juez, y a la PGR la revisión del recurso.
En apego al condicionamiento establecido en el período de prueba que establece el Código, pero en el plazo de cinco años cuando se comete o presumiblemente se materializa o infrinja los presupuestos enlistados en el artículo 38 del Código Penal.
“Siendo que presuntamente se ha cometido un nuevo delito se debe revisar en la etapa de ejecución de la pena, esa suspensión de la ejecución de la pena que fue realizada. En ese sentido, de acuerdo a la información recabada y a la vista de la legislación nacional se infiere que los distintos entes de justicia tomaron cada cual sus decisiones en el marco de sus competencias legales”, puntualizó Duarte.
Desvirtuó que la jueza Ingrid Monzón -que aparece en el listado de nuevos jueces anticorrupción- haya sido la que conoció el caso del joven Cálix Hernández, alias “Little Sam”, y en su defecto lo dejará en libertad.
“Ese dato es incorrecto, ella no tiene ninguna relación en este tipo de casos. En este momento ella se desempeña como asistente de uno de los magistrados de la Sala de lo Penal”, finalizó Melvin Duarte.
