Tegucigalpa – El experto en seguridad, Germán Licona considera que tanto la embajadora de Estados Unidos en Hondura, Laura Dogu, como la representante residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford han sido contundentes al referirse a los costos elevados que representa la construcción de la cárcel en una isla del Caribe hondureño.
El analista indicó que en el caso al que hizo mención Dogu, la cárcel de Alcatraz que quedaba a dos kilómetros de San Francisco, un estado que en su momento se consideró la quinta economía del mundo, consideraba el mantenimiento de dicho complejo muy alto.
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Asimismo, se refirió a la cárcel en la isla de San Lucas, en Costa Rica, que tuvo que ser cerrada, también por el elevado costo que significaba.
“Cuando vemos esa actitud indolente, insensata de funcionarios de este gobierno que quieren hacerlo a la fuerza, con antagonismo, con una acción iracunda, creo que eso no llena de paz ni de tranquilidad al pueblo hondureño”, indicó el experto en seguridad.
Licona considera que la licencia ambiental emitida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), le roba los sueños a los hondureños porque la misma implica medidas de mitigación que serán más costosas que la misma inversión de dos mil 500 millones de lempiras en acarreo de material”.
Ante las insinuaciones de que en la Isla del Cisne, el abogado dijo que, “cuando el río trae, piedras trae. Pueden iniciar ahorita con la excusa de construir una cárcel y hacer todo el cimiento y después por razones geopolíticas nos van a meter un gol”, dijo.
Licona advirtió que esta construcción podría ser la puerta para tener una base de submarinos, por lo propicio de la zona, de China y de Rusia”, expresó. VC