Tegucigalpa.– En marzo cuando la peste del coronavirus ingresó al país y se emitieron los primeros decretos de emergencia sanitaria, la víspera indicaba que no serían buenos tiempos para la prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública. La primera medida insólita tomada por el gobierno fue suprimir la garantía de libertad de expresión plasmada en el artículo 72 constitucional.
Este hecho nunca había ocurrido en la historia del país desde su retorno formal a la democracia. Semanas después, por presiones internas e internacionales, la garantía fue restituida, pero la amenaza quedó instalada.
Las denuncias de los corona-abusos en la pandemia hechos por organismos civiles como el CNA, la ASJ y los mismos medios de comunicación provocaron la indignación ciudadana que espera que las acciones incoadas por el Ministerio Público concluyan en acciones de justicia, verdad y castigo para quienes jugaron con la salud de los hondureños y su derecho a un acceso digno a los hospitales, a un centro de triaje decoroso, a un medicamento adecuado, y no a una carpa inundable de circo.
Frente a esos corona-abusos, la ciudadanía reaccionó con una manifestación pacífica de protesta cristalizada en la leyenda o grafiti ¿dónde está el dinero?, colocado en uno de los puentes a desnivel de la capital, pero extendida a otras partes del país. Las leyendas o grafitis son una manifestación de libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica.
Pero la reacción a esa pregunta colectiva tuvo muestras de una intolerancia que asusta y preocupa. Un alcalde de la isla de Utila, en Islas de la Bahía, en el caribe hondureño, puso un precio de 25 mil lempiras a la libertad de expresión, a fin de dar con el o los responsables de haber colocado esa leyenda en las paredes de su municipalidad.
En tanto, en el puente “La Democracia”, en El Progreso, Yoro, personas desconocidas se hicieron de un taladro para borrar el grafiti, y rajar así una vía por la cual transitan cientos de miles de personas. En Tegucigalpa, la capital, también hicieron algo similar: primero regaron aceite quemado a la leyenda, luego le echaron pintura blanca hasta borrarla. La gente volvió a repintar y la policía llegó, no para resguardar, sino para intimidar.
Intimidación que se extendió hasta la sede del Partido Liberal de Honduras, donde sus autoridades, brocha en mano, plasmaron la leyenda ¿dónde está el dinero?, en una de sus paredes, pero no habían terminado de replicar la expresión popular, cuando una patrulla policial llegó a preguntarles si habían pedido permiso a la municipalidad y amenazó con sancionarlos. Nunca un grafiti había sido tan incómodo y nunca la libertad de expresión mostraba su fragilidad en la pandemia.
El acceso a la información pública, es el otro derecho lacerado en la pandemia. Las ruedas de prensa han dado paso, en su mayoría, a las “versiones controladas”, en la cual el funcionario—por la pandemia—no da entrevistas que no sean con preguntas enviadas a las cuales decide qué contesta y que no. Ello a nivel de funcionarios de alto nivel.
Aun así, los periodistas sortean sus obstáculos, pero información pública como los mapas de la covid19 en la capital, por ejemplo, que antes emitía casi diariamente la Región Metropolitana de Salud, desde hace más de un mes no se difunden, y nadie da razón de ello.
El avance de la pandemia se conoce por los datos de la cadena del Sinager, pero el número de colonias, aldeas o caseríos ya no está al acceso público, como hace más de un mes. La Plataforma todos contra el Covid19 es lo que más se aproxima a generar información pública de interés, pero ellos no son gobierno.
Con el escándalo de los hospitales móviles y la llegada de los primeros 2 de 7, los interventores de Invest-H, invocando la seguridad, negaron el acceso a los medios de prensa para cubrir su instalación, asimismo prohibieron el uso de drones. Lo que se sabe, es lo que ellos difunden. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió una resolución exhortando a Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) a dejar sin efecto esa decisión al indicar que estaban incumpliendo la ley de transparencia y la garantía de acceso a la información pública. Invest-H ignoró al IAIP, optaron por imponer su ley.
En el ínterin de este escándalo, se filtró una grabación entre la entonces titular de Finanzas y el entonces director de Invest-H, relacionada con el cheque en blanco que el gobierno daba al funcionario para operar por encima de la Secretaría de Salud, la rectora, en la ley, de la gestión sanitaria en el país.
Esa grabación incomodó tanto que la entonces funcionaria emitió una especie de manifiesto en el cual amenazaba con encausar al medio que osó difundir una conversación de interés público, por la coyuntura del momento. Luego la entonces funcionaria se retractó y dijo que no era su intención atropellar la libertad de expresión, tras la sanción de rechazo con que fue recibida su acción.
Los hechos, por aislados que parezcan, configuran poco a poco, una vez sistematizados, un panorama nada halagüeño para la libertad de expresión y el acceso a la información. Los órganos estatales encargados de registrar y velar por estos derechos, ni siquiera han plasmado una línea en sus comunicados de monitoreo y seguimiento en la pandemia.
En tanto, las organizaciones civiles de libertad de expresión registran más de 45 agresiones a la prensa en plena pandemia, con mayor énfasis en el interior del país, pero a esas agresiones se suman las intimidaciones y mensaje que reciben los periodistas y algunas salas de redacción por la cobertura de temas que resultan incómodos a quienes operan en la impunidad y son favorecidos en los tribunales por sus hechos de corrupción. Vivimos tiempos de pandemias.
