– “Prefiero la bulla de la prensa en democracia que el silencio de la dictadura”: Dilma Roussef, presidenta de Brasil
Más de una veintena de periodistas y comunicadores sociales han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años, cuyos casos se encuentran casi todos en impunidad. Pero ese círculo de muerte ha tenido otros escenarios previos: querellas, censuras directas e indirectas, juicios, amenazas, intimidaciones, cierres de medios de comunicación y ahora se habla de “control de contenidos”.
Así lo expresó recientemente el vicepresidente del congreso nacional, Marvin Ponce, diputado por el izquierdista partido de Unificación Democrática (UD) al anunciar que al amparo de una revisión a la Ley de Telecomunicaciones, no descarta la “expropiación” de medios de comunicación social como ha ocurrido en otros países sudamericanos, entre los que destacan Ecuador, Venezuela y Bolivia, que junto a Argentina han impuesto nuevas leyes de control a la libertad de expresión bajo el concepto de “democratización de la información”.
Que no les tiemblen los pies: Marvin Ponce
Ponce habla con propiedad sobre los planes de “democratizar” los medios que impulsan los poderes ejecutivo y legislativo, en vista que los nuevos integrantes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), del oficialista Partido Nacional y el izquierdista UD, en una especie de co-gobierno, llevan “instrucciones precisas” para “regular” la libertad de expresión.
“El nombramiento (de los comisionados de Conatel) lleva (la) misión de que no le tiemblen las patas (pies) como dicen en mi pueblo, para que apliquen la ley, ante la presión que van a tener de distintos sectores cuando se democraticen las frecuencias y cuando se revisen los contenidos de lo que tiene que ver con lo que se transmite al pueblo hondureño”
“Las telecomunicaciones y exoneraciones van a ser temas y fuertes porque el Gobierno ocupa más recursos, hay que revisar y si es posible, suspender esas regalías que el Estado hondureño da”, dijo el parlamentario, considerado uno de los hombres de confianza del poder Legislativo.
De acuerdo al legislador Ponce, se trata de “democratizar” el espectro radioeléctrico tanto en televisión, radio y prensa escrita. “Se incorporarán en el tema de las comunicaciones la prensa escrita como revistas, periódicos impresos y periódicos digitales. Estos pasarán a ser competencia de Conatel… como medio de comunicación queda bajo Conatel, pero como medio de información se aplicará la Ley de Emisión del Pensamiento”, señaló.
Sin tener claro los conceptos que utilizarán para “regular” a los medios de comunicación, Marvin Ponce repite lo que le ha sido informado.
El presidente Lobo Sosa, también se pone en la misma sintonía.
El pasado fin de semana, Lobo dijo que “el tema de la posesión de medios, no debe ser monopolio de ningún grupo, debe estar el acceso a la población, de tal manera que lo que se pretende con las reformas que se van a presentar, es que haya un porcentaje que esté disponible para los diferentes grupos sociales, sean grupos indígenas o afro hondureños o diferentes poblaciones igual que el gobierno tiene el derecho a promover la cultura y las artes que es una obligación de todos y dejar un espacio también para que puedan ser subastados para que de acuerdo a lo que es normal en el mercado, puedan tener opción a tener acceso”, argumentó.
¿Monopolios o control de contenidos?
La pregunta es ¿Existe un monopolio de medios de comunicación en Honduras? Si la palabra “monopolio” se entiende como la situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho sector. ¿Quién es el único ofertante de medios de comunicación en el país?
Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún otro competidor sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado.
De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de 2008, en Honduras las cuatro emisoras radiales informativas que alcanzan en la actualidad la difusión nacional compiten su audiencia con casi 700 emisoras de radio, en su mayoría de cobertura local, en tanto que los noticieros de los seis canales nacionales compiten con los programas informativos de casi dos centenares de canales locales.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, concedió hasta el 2008, frecuencias a 691 estaciones de radio, con cincuenta a cien wat de potencia. Hace un decenio había menos de diez canales de televisión en todo el país, pero al cierre de 2008, se registraban 169 canales de televisión y 142 servidores de televisión por cable, no obstante, se estima que la cifra real es mayor, pues varios carecen de registro legal.
Las cifras de Conatel de los últimos cuatro años quizá arrojen otros datos más interesantes, pues desde el Estado se cuenta con un canal oficial, el Canal 8, el Canal 20 del Congreso Nacional, el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UTV) y la Radio Nacional de Honduras. El Estado entra así también a jugar en el plano de las comunicaciones informativas de “democratización” de los medios.
A esta estructura estatal informativa se suman cientos de programas noticiosos, radiales y televisivos, que toman la agenda oficial que impone el otorgamiento de publicidad oficial como política de “premio y castigo”.
Cabe entonces la pregunta, ¿es la iniciativa estatal desde los poderes legislativo y ejecutivo de revisar la ley de telecomunicaciones, un problema de monopolio de medios o de control de contenidos?
En el interior del país, por ejemplo, el mayor control de los medios de comunicación lo tienen los políticos, diputados y otros que dominan en sus zonas. En esa revisión que hará CONATEL, quizá informen acerca de quién o quiénes controlan el espectro radial y televisivo en las diversas zonas del país.
Otra interrogante más, ¿Es el tema de la revisión del control de los medios de comunicación un problema de frecuencias o de inversión en audiencias? Los comisionados de CONATEL sin duda darán sus explicaciones, al no estar muy claros los conceptos desde los poderes ejecutivos entre Comunicación, Derecho de y a la Información y Libertad de Expresión.
Dimensiones de la libertad de expresión
En el caso de la libertad de expresión, ésta se entiende desde dos dimensiones: una individual y otra social. La individual es el derecho que tiene toda persona a expresar sus ideas y opiniones, así como a buscar y recibir información por cualquier medio. Desde la dimensión colectiva, la libertad de expresión es el derecho que tiene una sociedad a estar debidamente informada por cualquier medio o forma, el derecho a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana son del criterio que tanta importancia tiene para el ciudadano el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir su propia opinión.
En Honduras, el tema de libertad de expresión cobra fuerza desde hace más de una década y ha quedado instalado que este derecho asiste a todos los hondureños y particular que residen en el país en general; no obstante, han sido los medios de comunicación y los periodistas los que más hacen uso de ello al considerar la sociedad que la prensa es el intermediario entre el Estado y la sociedad.
Los debates sobre la libertad de expresión son amplios y complejos. Del lado del Estado y sus gobiernos siempre han querido controlar a la prensa y los medios de comunicación para imponer sus agendas oficiales, en tanto del lado de los medios de comunicación éstos deben tener claro que su rol es de fiscalizador de la gestión pública, de ser un contrapoder al poder, pero no de convertirse en jueces o lo que es peor, entrar en acciones de maridaje con el gobierno, coinciden los expertos.
De ahí que el sistema interamericano de derechos humanos y la misma Naciones Unidas ante la tentación de los gobiernos por controlar a la prensa y sus contenidos, es decir qué quiere que se informe, qué le gusta y qué no les gusta, han establecido normas y principios universales para evitar que se lesione el ejercicio de la libertad de expresión, de opinión y el derecho a informar y estar informado.
Principios universales a respetar por el Estado
Algunos de estos principios son: “La utilización del poder del Estado para imponer criterios de restricción puede ser empleado como mecanismos encubiertos de censura a la información que se considere crítica a las autoridades”.
“El Estado debe abstenerse de utilizar su poder y los recursos de la hacienda pública con el objetivo de castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Su rol principal es el de facilitar el más amplio, plural y libre debate de ideas. Cualquier interferencia que implique restringir la libre circulación de ideas debe estar expresamente prohibida por la ley. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Otro principio señala que: “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente.
Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
Ante las dudas que la revisión de la ley de telecomunicaciones sirva, más que para “democratizar” los medios de comunicación, algunos analistas recomiendan al gobierno conformar una comisión de expertos en el tema de comunicación en donde se permita hacer una caracterización real de los medios, analizar las nuevas tendencias de la comunicación para fortalecer la libertad de expresión, pero no para debilitarla.
El tema de las radios comunitarias, por ejemplo, es un caso que debe ser abordado pues más allá de dar una frecuencia de radio a una comunidad, una ONG, una fundación o un político, entre otros, es preciso acompañar el diagnóstico de un estudio de factibilidad y sostenibilidad en el tiempo para que el esfuerzo no caiga en el fracaso y se vuelve, a lo largo, en una medida populista que lejos de favorecer la libertad de expresión la terminará debilitando.
Los analistas consideran que cualquier gobierno que pretenda “amordazar” a la prensa y los medios de comunicación incurre en una actitud suicida, porque un gobierno que solo oye lo que le gusta que le digan, se muestra al final de la historia como un régimen sordo.
Quizá por eso la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es del criterio que “prefiero la bulla de la prensa en democracia, que el silencio de la dictadura”.
