Nairobi – El ministro del Tesoro de Kenia, Henry Rotich, fue liberado hoy bajo el pago de una fianza de 15 millones de chelines (unos 144.000 dólares) y tras declararse inocente de más de diez cargos relacionados con un escándalo de corrupción.
Se le acusa de haber incumplido los procedimientos de contratación al otorgar un contrato multimillonario a la compañía italiana CMC de Ravena para construir las represas de Arror y Kimwarer, en el oeste de Kenia.
Un tribunal de Nairobi acordó esta tarde su liberación, tras pasar la noche detenido, y le prohibió acercarse a las oficinas del Ministerio de Hacienda por considerarlo la “escena del crimen”.
El magistrado Douglas Ogoti determinó además un plazo de 48 horas para que tanto Rotich como su secretario principal, Kamau Thugge, entregaran sus pasaportes como parte de la condición de fianza.
Entre los diversos delitos financieros de los que Rotich fue acusado destacan los cargos de fraude, abuso de poder y recepción de sobornos, entre otros.
A todos ellos el ministro respondió con un “no es cierto” cuando el juez los enumeró en alto, declarándose inocente, al igual que hicieron otros quince funcionarios también detenidos.
Rotich es el miembro del Gobierno de mayor rango arrestado desde que el presidente Uhuru Kenyatta asumiera el cargo en 2013, pese a las promesas del mandatario de acabar con esta lacra.
“La corrupción es un cáncer que está devorando al alma keniana y todos estamos de acuerdo en que para que triunfemos como nación debemos unirnos en la lucha. Por eso el presidente (Kenyatta) está liderando la guerra contra la corrupción desde el frente”, afirmó en Twitter la portavoz presidencial antes de la comparecencia de Rotich.
El propio Kenyatta afirmó el pasado mes de abril que los funcionarios públicos acusados de corrupción deberían renunciar a sus cargos, algo que todavía no ha hecho Rotich.
El fiscal general de Kenia, Noordin Haji, ya explicó en una reciente rueda de prensa en Nairobi que su oficina recibió quejas el año pasado sobre la gestión de las represas, por lo que se abrió una investigación que concluyó que el proceso estuvo plagado de “ilegalidades masivas”.
“Las investigaciones establecieron que funcionarios gubernamentales incumplieron todas las reglas de contratación y abusaron de su cargo”, subrayó el fiscal general.
El contrato original -puntualizó- señalaba que el coste de ambos embalses ascendía a unos 456 millones de dólares, pero el Tesoro incrementó esa cantidad en unos 170 millones de dólares “sin tomarse en cuenta el rendimiento o las obras”.
Kenia ocupó el puesto 144 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de 2018 de la organización Transparencia Internacional (el primer país en esa clasificación es el percibido como menos corrupto).
